El presidente López Obrador anunció un decreto para liberar de cárceles federales a personas de más de 75 años, o con más de 65 y alguna enfermedad crónicodegenerativa, quienes no hayan recibido sentencia en una década y las que hayan sido torturadas. Activistas advierten que esos beneficios ya están en la Ley  Nacional de Ejecución Penal

Texto: Daniela Pastrana y Daniela Rea

Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal anunció que la próxima semana estará listo un decreto para la excarcelación de personas que están en prisiones federales que tengan alguna de estas cuatro características:

Ser mayores de 75 años; tener más de 65 y alguna enfermedad crónico-degenerativa: llevar más de 10 años en prisión sin recibir una sentencia; demostrar ser víctima de tortura, mediante la aplicación del protocolo de Estambul.

“No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia.

“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo”.

En todos los casos se va seguir un procedimiento simplificado y, para las personas enfermas, la Secretaría de Salud hará los diagnósticos correspondientes. El plazo para que esta acción se concrete será el 15 de septiembre, aseguró López Obrador.

«La justicia debe ser rápida»

En las prisiones federales hay 12 mil 358 internos, que representan el 12.7 por ciento de la población total de las cárceles del país.

El resto, 82 mil 189 personas, están aún privadas de su libertad por algún delito del fuero común, por lo que  el presidente hizo un llamado a los gobiernos estatales y al Poder Judicial, a que agilicen la liberación de personas en cárceles estatales.

“La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia?”, cuestionó el presidente.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el Código de Nacional de Procedimientos Penales ya establece “con toda precisión”, que las personas mayores de 70 años pudieran tener prisión domiciliaria. 

Pero no aclaró por qué esto no se lleva a la práctica, ni cuántas personas se beneficiarán.

La funcionaria explicó que el decreto solicitado por el presidente permitirá a las personas mayores de 75 años y a las que tengan enfermedades crónico-degenerativas seguir su proceso en  prisión domiciliaria.

“Estos beneficios ya existían”

Denisse Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en Jalisco, advierte que los elementos anunciados ya forman parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Además, la ley de Amnistía (2020) se colocaba como una política de reconocimiento a sectores de víctimas y no ha sido eficiente; hablaron de un proceso simple, pero no se explicó cómo sería este proceso, ni quién lo llevaría a cabo. Ya hay mecanismos que a la fecha no han sido efectivos”, dijo a Pie de Página. 

Montiel planteó algunas interrogantes, como el hecho de que las personas que están en prisiones federales representan sólo el 12 por ciento del total. ¿Qué pasará con la gran mayoría de personas privadas de la libertad?

Otro elemento es que el decreto aplicaría sólo para delitos no graves.

“Sabemos que muchas personas acusadas de delitos graves no entrarían en estos beneficios; en muchos casos la tortura fue utilizada en personas testigas para fabricar delitos y estos casos tampoco entrarían en las condiciones”.

Cepad ha trabajado y acompañado a víctimas de tortura en los procesos de acceso a la justicia. Desde esa experiencia, Montiel destacó que es preocupante que el planteamiento limita la tortura a quienes cuenten con un protocolo de Estambul.

«Se vuelve a reducir y a hacer esta falsa creencia de que si no hay protocolo no hay tortura, o que el protocolo es la única prueba para demostrar o alegar tortura; y sabemos que están sobresaturadas las instituciones encargadas de hacer estos procedimientos y no se aceptan los peritajes independientes, sólo los oficiales que muchas veces se hacen inadecuadamente y por las mismas autoridades que antes conocieron de la tortura”.

Según la  Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (INEGI, 2016), 79 por ciento de las personas detenidas en México fueron torturadas o maltratadas durante la detención, traslado o estancia en el ministerio público.

¿Y los responsables?

Otro tema pendiente es la investigación a funcionarios responsables de la tortura. “Estas investigaciones que deberían iniciarse de oficio, aunque las personas acusadas con tortura hayan sido puestas en libertad”.

Montiel reconoce que el gobierno federal pone de nuevo el tema sobre la mesa, “pero el fondo es que ya hay procedimientos que deberían estar funcionando y si estos no han sido funcionales ¿qué va a cambiar de esta política o de este decreto que sí la haga funcionar?».

Aprovechando que está el tema sobre la mesa, dijo, «deberíamos reflexionar y pugnar por políticas no punitivas, es contradictorio que por un lado se reconozca a las víctimas de tortura y preliberación pero por otro lado se aumenta el catálogo de prisión preventiva”.

Nadie atiende la reinserción

Daniel Serrano, de Insade, planteó que el actual sistema penitenciario y otras instituciones corresponsables “no están preparadas para dar atención a las personas que egresan de las prisiones y que tienen la obligación en el marco de la ley de garantizar servicios post penales”.

Explicó que en 2016 se aprobó la ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establece que se garantizará la reinserción social y se promoverá en la sociedad la cultura de aceptación del liberado o externado.  

En el país aún no hay instituciones responsables de la reinserción. Según datos recabados por Insade, sólo en 12 estados existen comisiones intersecretariales que brindan servicios pospenale. Estos son; Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán.

El anuncio deja dudas relacionadas con este tema, dijo. Por ejemplo, no está claro si se agilizará la instalación de las comisiones intersecretariales en los estados donde no están instaladas. O si los servicios pospenales se harán en alianza con organizaciones de la sociedad civil. 

“¿Habrá un trabajo coordinado con el INE para que aquellas personas que no recibieron una sentencia por mas de 10 años se les renueve de manera rápida sus derechos político-electorales? ¿Cómo se aplicará el Protocolo de Estambul a aquellas personas que fueron víctimas de tortura?