Suele olvidarse que sin restricciones al uso de los recursos naturales el incentivo para erosionar los recursos comunes es enorme. Si no se fortalece la capacidad de aplicación de la justicia en materia ambiental, no será posible fortalecer la acción del Estado en ningún otro rubro

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Quizá sea porque parece una tarea imposible, pero todo indica que en México nos hemos dado por vencidos en todo lo que tiene que ver con la aplicación de las leyes y con hacer justicia. Esto ha tenido consecuencias terribles en el marco de la guerra contra el narco, obviamente, pero su impacto es igualmente grave en terrenos menos sanguinarios, como el ambiental.

Una de las cuestiones que suelen olvidarse es que sin restricciones al uso de los recursos naturales y sin mecanismos para hacerlas valer, el incentivo para erosionar los recursos comunes, para estropear la base natural de la que dependen nuestras vidas, es enorme. Sin regular quién puede verter qué tipo de sustancias a la atmósfera o a nuestras aguas, o cuánto se puede sacar de qué recurso (por ejemplo, minerales de la tierra, peces de los mares o árboles de los bosques) y cuándo puede hacerlo, no hay nada que impida la contaminación ni marque límites a la explotación de los recursos naturales.

Ahora bien, aun cuando estén en pie esas restricciones, sin instituciones que las apliquen no serán más que una especie de guías opcionales, de lineamientos que nadie cumplirá nunca. De nada sirve, por ejemplo, que en México esté prohibida la deforestación, si no se sanciona a nadie por tirar un árbol sin permiso –aunque eso sí: a quienes tienen permiso se les vigila muchas veces como si fueran delincuentes.

En el terreno forestal, el olvido de la necesidad de hacer valer la ley llega al extremo de que en la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+), que debía servir no sólo para recibir los recursos internacionales vinculados a REDD+, sino también para articular las políticas de todo el gobierno en la materia, apenas se habla dos veces de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Simplemente no se contemplan acciones ni líneas de trabajo en torno a la aplicación de la ley en dicho documento.

El panorama se complica porque en la mayoría de los casos, cuando sí se persigue un delito y se llega a determinar un castigo –por ejemplo, el pago de una multa- el Estado parece no tener la voluntad ni la capacidad para imponerlo en los hechos. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ha acordado que los pagos de las multas se hagan a través de fideicomisos. El resultado ha sido un ejercicio opaco e inadecuado de los recursos, y no han servido más que para el desvío de fondos y para prolongar la impunidad de los culpables por lustros o décadas, como ha documentado la organización Fundar.

El diario El Universal informó este lunes que, según sus análisis, apenas se han cobrado el once por ciento de las multas que se han impuesto a empresas que contaminan. Según el Inegi, si se ajustara el Producto Interno Bruto nacional tomando en cuenta los costos ambientales, éste se reduciría en más de 20 puntos porcentuales. Tomando eso en cuenta, parece ridículo que Profepa y otras instituciones apenas hayan logrado imponer multas por mil 740 millones de pesos, pero es mucho peor que apenas se hayan cobrado 193 millones de pesos en penalizaciones.

La situación no parece que vaya a mejorar, por lo menos, en el próximo año. Se combinan dos factores. Por una parte, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso contempla una reducción del presupuesto de las dos entidades encargadas de aplicar la legislación ambiental –Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente-, que de por sí no tenían ni de lejos el presupuesto necesario para cumplir sus obligaciones.

Por otra parte, pareciera que se entiende la legislación ambiental como una especie de cuerpo legal de segunda importancia o categoría. Se olvida que la impunidad es impunidad en la materia que sea, y que las fallas en cualquier rubro de aplicación de la ley sabotean al Estado en su conjunto.

Esto genera una combinación mortal para el entorno del que dependemos, en primera instancia el natural, pero en segunda instancia el social y el económico. Si no se fortalece la capacidad de aplicación de la justicia en materia ambiental, no será posible fortalecer la acción del Estado en ningún otro rubro.

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