La crisis económica generada por la covid-19 ha precarizado aún más la vida de las mujeres trans, quienes ya desde mucho antes se enfrentaban a la falta de oportunidades laborales o trabajos sin prestaciones, atención médica de mala calidad, y en la mayoría de los casos, la imposibilidad de contar con documentos oficiales que avalen su identidad de género. Un estudio estimó que el 70% de las mujeres trans no tenían seguridad social y que solo el 6 % ganaba más de mil dólares al mes

Texto: Kennia Velázquez / OjoPúblico* / POPLab

De un día para otro Angy, de 46 años, se quedó sin trabajo. Con el anuncio del confinamiento en marzo de 2020 ya no hubo escuelas a quienes venderles el material didáctico que realiza. También se acabaron las fiestas los fines de semana a las cuales iba a cantar con los distintos grupos musicales en los que participa, un ingreso extra que le permitía vivir dignamente. Guanajuato, uno de los Estados más conservadores de México en políticas de igualdad de género, fue uno de los primeros del país en declarar la cuarentena y cerrar actividades. Angy, acostumbrada a luchar, salió a buscar de inmediato alternativas para sobrevivir.

En este país se perdieron cerca de 650 mil empleos formales en 2020, según la organización ‘México, ¿cómo vamos?’. Angy no entra en esas estadísticas porque al ser independiente, no cuenta con ningún tipo de prestación laboral, como servicio médico, pago de vacaciones o derecho a una pensión. “Realmente son pocas las oportunidades que tenemos las mujeres trans de tener un trabajo digno”, asevera Angy. Cuando inició su transición a los 38 años, fue perdiendo oportunidades laborales y quedó excluida de los grupos musicales en los que participaba, pese a que nunca se cuestionó su desempeño y era reconocida.

El diagnóstico nacional sobre la discriminación a las personas LGBTIQ realizado en 2018 estima que el 70 % de las mujeres trans no tenían seguridad social, solo el 6 % ganaba más de mil dólares al mes, además de ser el grupo que más frecuentemente sufre hostigamiento, acoso y discriminación en el trabajo.

Angy pudo sobrevivir el 2020 confeccionando cubrebocas en su casa, lo que le permitió mantener a su pequeña familia de 4 personas. Pero no todas tuvieron esa opción. Un estudio sobre el impacto de covid-19 en la comunidad reveló que el 70% de las mujeres trans tuvo pérdidas de ingresos en el primer año de confinamiento.

Para Claudia, una estilista de 54 años, la situación ha sido un poco más complicada, pues las clientas dejaron de asistir al salón de belleza en el que trabaja, debido a que trabaja por comisión, debió buscar alternativas, como maquilar zapatos y pedir dinero prestado para poder subsistir. Ella cuida de sus padres, su papá de 83 años está enfermo, postrado en cama tras padecer varias embolias y una fractura de cadera que requiere atención médica constante, pero al no tener un empleo formal no tiene acceso al servicio médico que le darían protección a ella y a sus padres, por lo que Claudia debe sufragar todos los gastos de salud.

Kenya Cuevas, activista por los derechos de las personas LGBTI+ y fundadora de la organización Casa de las Muñecas Tiresias, lamenta que a las personas trans sólo se crea que pueden dedicarse al “trabajo sexual, el estilismo, el show travesti y en las labores domésticas, de donde no podemos avanzar a ningún otro ámbito”.

Las posibilidades laborales se reducen para las mujeres trans, no sólo por la falta de documentos oficiales acordes a su identidad, sino además por la transfobia, lo que las lleva, a un número importante de ellas a recurrir al trabajo sexual. “La tenemos bastante complicada y en muchas ocasiones en nuestras propias casas nos rechazan y nos echan a la calle. Y tenemos que sobrevivir y subsistir solas y sin empleo. Si no hay otra oportunidad, tenemos que hacer lo que  podamos”, dice Angy.

Claudia fue trabajadora sexual y cree que para muchas es la única alternativa. “A la prostitución acude uno porque hay empresas que te niegan el trabajo.Te miran tu físico y das tu nombre y dicen: ‘el puesto está ocupado’. Las autoridades nos dicen que la sociedad no nos quiere en la calle prostituyéndonos, pero la misma sociedad es la que va y busca la prostitución, es la misma que mantiene a la mujer trans en la calle”. Ella comenzó a trabajar en una fábrica desde los 13 años para poder costear su transición, luego pasó al trabajo sexual ante la falta de oportunidades. Durante una época denunció públicamente el abuso policial que vivían las trabajadoras sexuales, no sólo para detener las agresiones, sino también para crear conciencia entre los guanajuatenses.

El Sars-CoV-2 no da tregua y los casos siguen al alza, por lo que pocos clientes llegan a la estética con Claudia. Ella, desanimada, dice que va a seguir persistiendo mientras tenga algo de trabajo en el salón de belleza, pero confiesa que sí ha evaluado la posibilidad de regresar a la prostitución, aunque hace 17 años lo dejó y sabe que la afluencia de clientes ha disminuido durante el confinamiento. Sus padres reciben, cada uno, 128 dólares cada dos meses por parte del gobierno de la República, una ayuda insuficiente ante las necesidades de los dos ancianos.

Como Claudia hay muchas más mujeres, señala Cuevas, “que las mujeres que ya tenían cierto estatus social y estabilidad con carencias tengan que regresar al trabajo sexual, es un impacto impresionante, porque no tenemos ni una adultez, digna. Y no hay programas sociales de atención para ellas cuando sí hay un programa social para atención a adultos mayores”.

La discriminación que sufren contribuye a la precarización de su trabajo. Un estudio detalla que el 69% de las personas trans empleadas no conocen las políticas de inclusión y no discriminación en los lugares de trabajo. Y es que la discriminación también impacta en el crecimiento laboral, el 40 por ciento de las mujeres trans dijeron haber sido relegadas por su condición.

Otro factor que agudiza la falta de oportunidades laborales, es que las mujeres trans son el grupo poblacional con menor nivel educativo completado, apenas de secundaria, debido en gran medida, a la discriminación y violencia en espacios educativos.

Sin papeles

En México solo 14 estados de 32 permiten a las personas trans cambiar su identidad de género con un trámite sencillo y gratuito. En el resto, deben recurrir a un costoso proceso legal que puede superar los 8 mil dólares. 

El Instituto Nacional Electoral informó a OjoPúblico que ha realizado 13 mil 426 cambios de sexo y nombre por concordancia sexo genérica de 2015 a junio de 2021, la credencial de elector es el documento oficial más utilizado en México.

Angy es una de las 3 mil 866 personas que hicieron el cambio de acta de nacimiento en la Ciudad de México entre enero de 2013 y marzo de 2019. Tuvo que viajar a la capital del país en 2015, pues Guanajuato, de donde ella es originaria, es uno de los 18 estados en los que no hay una Ley de Identidad de Género que permita a las personas trans contar con documentos oficiales congruentes con su expresión de género.

“Venimos con documentación nueva a nuestro estado y resulta que somos indocumentadas porque en el registro civil todavía figuran los datos primigenios y los nuevos no aparecen aún. Entonces tenemos que hacer un resguardo de acta y hay que ir a un juicio de amparo, que también lleva bastante tiempo. Cuando llegué aquí me decían que era delito, porque tenía doble identidad”, cuenta Angy sobre la odisea que ha significado lograr que su expresión de género conste en su acta de nacimiento.

Después de un año de lucha, sus documentos llegaron al Congreso del Estado, pero le fue negado el cambio. Hace un mes inició el trámite nuevamente y espera tener mejor suerte, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 dictaminó que no garantizar un proceso ágil viola los derechos y la dignidad de las personas trans.

Claudia hizo el cambio en diciembre pasado en Jalisco a sugerencia de su médico quien le dijo que sería más fácil llevar sus trámites si ponía en orden su identidad.

En este estado ubicado en el centro del país, más del 90 % de su población se asume como católica, siendo uno de los más conservadores de México. Ha sido gobernado por 30 años por el derechista Partido Acción Nacional que ha impedido avances en cualquier tema de interés para la comunidad LGBTI+.

A pesar de eso, en 2016, a los 29 años, Rubí Araujo se convirtió en la primera mujer trans en asumir como concejala del municipio de Guanajuato, la capital del estado, al suplir a un concejal destituido por violencia en contra de su expareja. Cinco años después, ella ve pocos avances, pues por la falta de oportunidades, el 80 % de las mujeres trans guanajuatenses se dedican al trabajo sexual y muy pocas concluyen la educación básica.

“Cuando llegué a regidora (concejala), nada más tenía la primaria. Ahí terminé mi secundaria y tuve la oportunidad de seguir mis estudios en la preparatoria. Pero el nivel de discriminación bajó por el hecho de ser regidora y muchas mujeres están en la misma situación de no seguir sus estudios para no aguantar las burlas”, dice Rubí, quien actualmente dirige una academia de belleza y continúa con su activismo.

En la Ciudad de México las cosas no son muy distintas, Cuevas explica que “el cambio de identidad te hace sentir bien a ti, garantiza tu identidad ante otro ser humano, pero no garantiza que realmente una sociedad que se ha construido durante siglos en un machismo estructural cambie. Es necesario un trabajo en conjunto con todos los ámbitos, sensibilizar, capacitar, a eso le hemos dado batalla las organizaciones civiles. En todo el país se criminaliza la identidad y la expresión de género”.  

Sin embargo, muchas mujeres trans viajan a la Ciudad de México creyendo que tendrán más oportunidades de conseguir trabajo y casa, pero eso no sucede así.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación realizó una encuesta durante el confinamiento entre las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México y encontró que muchas son migrantes de otros estados de la República, que la mitad son mujeres trans, que trabajan más de 40 horas a la semana y tienen, en promedio, ingresos de entre 25 y 150 dólares, mientras que el salario mínimo semanal es de 49 dólares. Además, durante la pandemia están aceptando clientes y pagos que en otras condiciones no aceptarían: aunque han eliminado los besos y otras prácticas para evitar contagios de covid-19, hay usuarios que se niegan a pagar si no hacen lo que ellos quieren, incluyendo el sexo sin condón.

Atención médica deficiente

La atención médica de mala calidad es una constante para las mujeres trans, incluso antes de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Una de las razones es la falta de prestaciones laborales mínimas que les proporcionen servicios médicos, pero los bajos sueldos de la mayoría impiden que puedan costear los servicios privados. Además, ellas evitan acudir al médico porque son discriminadas, pues muchos galenos o desconocen o ignoran sus requerimientos especiales, como atención de proctólogos, endocrinólogos, etcétera. El 32% de las mujeres trans se atienden en consultorios de farmacia, que suelen ser más baratos, con un costo de alrededor de 2.50 dólares por consulta.

Una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizada en 2013 indicó que las mujeres trans son el grupo que usa hormonas con mayor frecuencia en sus terapias. El 63 % las había consumido alguna vez, pero menos de la mitad de ellas acudió con un médico a que se las recetara.

Angy fue la primera mujer trans en León en hacer cambio de identidad ante los servicios médicos y las autoridades no sabían qué hacer. Una vez hechos los trámites, las autoridades del hospital público donde se atendía le dijeron que no le podían proporcionar terapia hormonal porque no se incluye en los servicios que ofrecen. “Aparte de todos los estudios que tienes que realizarte, el costo de las hormonas, gastamos en cada visita al especialista entre 125 y 200 dólares. Imagínate si tenemos la problemática de no tener un trabajo digno y estable, ¿cómo le podemos hacer para acceder a eso?”.

San Luis Potosí, Ciudad de México y Jalisco son las tres entidades en donde se otorga Terapia de Reemplazo Hormonal en los servicios públicos. Y sólo en Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos existen clínicas que atienden parte del proceso de transición de las personas trans. Pero no es suficiente.

En León, una ciudad de dos millones de habitantes, la más grande de Guanajuato y considerada la quinta más importante del país, Angy no encontró un médico endocrinólogo que le diera un tratamiento hormonal. “Nadie me lo recetó yo busqué en redes sociales y en páginas web encontré recomendaciones, pero a los pocos meses empecé con hipotiroidismo, por tomar ese medicamento que no debía haberlo tomado y menos sin prescripción médica”.

Angy cree que la negativa a atenderlas se debe en parte por discriminación, pero también por falta de información, aún y cuando desde junio de 2017 existe un Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI. Finalmente encontró un especialista que le proporcionó un tratamiento hormonal, pero con el confinamiento tuvo que parar porque no tenía forma de costearlo, en la misma situación se encuentran el 80 por ciento de las personas de la comunidad LGBTI+.

En el caso de Guanajuato, Rubí reconoce que el servicio estatal de salud ha brindado un solo tratamiento hormonal, “pero fue un trámite muy complicado, muy largo que exigió mucho a la persona beneficiada”.

El estudio del INSP reportó que de las mujeres trans que además de las hormonas recurren a otras sustancias para modificar su cuerpo, el 31% de las que lo hacen, se inyectan aceite de avión o cocina. Claudia se inyectó aceite mineral en las caderas, una sustancia que le provocó una infección que requirió operación. “Se me oscureció mi piel, me dio fiebre, del dolor no podía dormir, duré 13 años tocando puertas en el hospital y los doctores me mandaban por un tubo”. Hasta que encontró una doctora que le hizo la cirugía, en plena pandemia pero su convalecencia duró poco. “Yo me levanté a trabajar, tengo necesidad, me tengo que poner a trabajar”, dos días después de la operación volvió al trabajo.

Con la pandemia todos los servicios de salud se vieron afectados, en 2020 hubo una disminución de las detecciones del VIH del 49%. En el primer trimestre del 2021 más personas acudieron a hacerse las pruebas, las detecciones positivas para la población transexual, transgénero, travesti e intersexual fueron del 12 %.

Violencia y discriminación

La plataforma Visible ha documentado 145 agresiones a mujeres trans de marzo de 2020 a julio de 2021, de los cuales, 45 fueron asesinatos. El informe Opinión pública sobre los derechos de las personas trans en México de la Universidad de California explica al transfeminicidio como “el resultado tanto de la misoginia como de la lesbo-bi-homo-transfobia. También ayuda a combatir el borrado social que las comunidades transgénero han experimentado históricamente al reconocer las amenazas únicas que enfrentan, y destaca la violencia tanto estructural como física que las personas transgénero padecen a diario”.

Según la Encuesta Nacional de Discriminación el 36 % de los adultos mexicanos no le rentaría un cuarto de su vivienda a alguna persona trans. Kenya Cuevas explica que muchas no pueden ni acceder a una vivienda y por eso viven en hoteles, porque cuando intentan rentar “inmediatamente criminaliza la identidad les dicen tú eres ratera, drogadicta, borracha, promiscua, vas a meter hombres y yo no quiero problemas. Entonces se vieron también vulnerados sus derechos en la pandemia, porque quedaron excluidas de los hoteles y de un día a otro se quedaron sin casa, sin trabajo y sin herramienta laboral”.

Aunque Angy sabía desde los 10 años que no se sentía cómoda como hombre, inició su transición hasta los 38. Cuando era adolescente, su madre la descubrió con ropa de mujer en varias ocasiones y después de varias reprimendas, la señora optó por llevarla a que le hicieran unas “limpias” porque pensaba que alguien le estaba haciendo un embrujo. “Yo le tenía temor a mi mamá, así que le decía ya no tengo nada, ya se me quitó, pero mi sentir nunca se me quitó”. 

El rechazo lo viven desde casa, el 46 por ciento de las mujeres trans no recibe apoyo familiar. Angy fue corrida de su casa cuando decidió no vivir como se esperaba de ella. Durante meses durmió en las calles y cuando tenía algo de dinero lo utilizaba para rentar un cuarto de hotel. A los 30 años inició con una profunda depresión que la llevó a pedir ayuda psiquiátrica y después de varios años de recorrer diferentes instituciones y terapeutas logró entender qué le sucedía. Hasta entonces encontró comprensión de su madre.

En el caso de Claudia la cosa fue distinta, a los 13 años le dijo a su familia que quería iniciar su transición y encontró total apoyo, pero fue en la calle donde sufrió agresiones y violencia. 

El ​​Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI muestra que son las mujeres trans quienes sufren más agresiones, amenazas, violencia sexual. Y durante la pandemia, son quien más vivieron discriminación y violencia o ambas.

La falta de respuestas y la poca ayuda psicológica ha llevado a cerca del 22 por ciento de las mujeres trans a consumir drogas; el 58 por ciento confiesa haber tenido algún pensamiento suicida. A causa de la pandemia muchas de ellas se vieron obligadas a volver a donde habían sido violentadas, incrementando los casos de depresión y suicidios. 

Angy encontró una salida compartiendo “información sobre las diferentes identidades sexuales y de género con mi gente cercana para orientarlas, para educarlas poco a poco para que no me miraran de forma extraña y encontré una motivación al ayudar a más personas como yo”.

Guanajuato no sólo se ha opuesto a la despenalización del aborto y a los matrimonios igualitarios, también es el estado más violento, con más homicidios y cuna del huachicol (robo de combustible) y con el narco menudeo al alza. Para Araujo vivir aquí “es difícil, porque se vive con miedo, con el temor de ser víctima de acoso, de un transfeminicidio. Es un estado que no te brinda las herramientas de seguridad, te sientes vulnerable, menospreciada. El miedo es un factor importante porque no hay certeza jurídica que te respalde porque no puedes recurrir al gobierno”.

Pero la violencia no se limita a esta zona del país. Para Cuevas, que la esperanza de vida de una mujer trans sea “de 35 o 40 años cuando de una persona cis es de 80 a 90 años es un indicador que hay una interseccionalidad de factores como la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión, la discriminación, la carencia de lo afectivo, de esas figuras que debemos de tener todos los seres humanos, una madre, un padre que nosotras no tenemos, porque al momento de decidir ser mujeres trans perdemos amigos, familia, casa, ropa… todo lo perdemos y precisamente por la discriminación que empieza en el hogar y de ahí se desglosa a toda la sociedad”. Y además, también son víctimas de extorsión por parte del crimen organizado.

Esperanza en la comunidad

Angy fue candidata a concejala para el ayuntamiento de León en las elecciones 2021, aunque no ganó, está contenta porque su compañera de planilla, Lucía Verdín si obtuvo un escaño y será la primera lesbiana y feminista en llegar al cargo, usualmente ocupado por la derecha. Tanto ella como Claudia, tienen esperanza que la futura funcionaria trabaje por la comunidad. Mientras tanto Rubí busca recursos para que Guanajuato tenga el primer refugio para personas LGBTI+. A pesar de la complicada situación económica, las tres mujeres se muestran optimistas sobre el futuro y están decididas a luchar a favor de su comunidad.

En el Congreso federal también tendrán representación, Salma Luévano y María Clemente García son las primeras diputadas trans y las organizaciones ya se preparan para trabajar con ellas.

Kenya Cuevas dice que es un gran avance y que nunca más volverán a ser invisibles. “Hace pocos años ni siquiera sabían qué era una mujer trans ahorita ya se empieza a ver un panorama porque hemos salido y nos hemos enfrentado a las autoridades y nos hemos manifestado y hemos luchado. También las personas LGBT nos discriminaron, nos invisibilizaron y nos dejaron rezagadas a lo último, en el trabajo sexual, decían que nos pertenecía estar en ese lugar y que no podíamos colocarnos en una ningún ámbito laboral”.

Su organización, junto con otros colectivos en una iniciativa para que se incluya una cuota para personas trans en lo político, lo laboral y educativo. Y ante todos los agravios que han vivido, “nuestra mayor venganza es que seamos felices”, concluye la activista.

*Este reportaje forma parte de “Resistencia trans en pandemia”, una serie periodística coordinada por OjoPúblico en América.