Un año antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, nació el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), hoy conformado por cuatro mujeres que buscan ayudar a identificar a las personas en un territorio de 4 mil 92 fosas clandestinas y 177 mil 877 desapariciones

Texto: Vania Pigeonutt

Fotos: Cortesía EMAF

El Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) se conformó en 2013, un año antes de la tragedia más reciente: Ayotzinapa. Las lecciones de este caso son ilustrativas para el grupo de antropólogas y arqueólogas que busca en la tierra las huellas del pasado y el presente mexicano: un país de  desaparecidos y fosas clandestinas con una grave crisis de cuerpos acumulados sin identificar.

Dos de las fundadoras, Roxana Enríquez Farías y Diana Bustos Ríos, egresadas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), hablan de la actual crisis forense que admiten las autoridades.

Apenas este miércoles el gobierno mexicano informó que al 30 de septiembre se han identificado 4 mil 92 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6 mil 900 cuerpos y un “número significativo de restos humanos que no están totalmente integrados”.

En 10 municipios se concentra 41.7 por ciento de las fosas clandestinas y 31.4 por ciento de los cuerpos exhumados en los dos años de la actual administración: Tecomán y Manzanillo, en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente, en Veracruz; Ahome y Mazatlán, en Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Puerto Peñasco y Cajeme, en Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Diana Bustos, actualmente doctoranda en antropología, cuyo tema de investigación justamente se centra en la crisis de identificación de cuerpos, dimensiona la tragedia con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), presentado el 13 de julio. 

“De marzo de 1964 al día presente, hay 177 mil 877 personas con reporte de desaparición o no localización, de las cuales 73 mil 231 personas (41.17 por ciento del total) siguen sin localizarse. Han sido localizadas sin vida 6 mil 401 (3.6 por ciento del total)”, detalla en su investigación.

Enfatiza que: “Podemos ver que el 58.83 por ciento del total de personas con un reporte de ‘no localización’ o ‘desaparición’ son localizadas. A su vez, de este porcentaje, el 93.88 por ciento son encontrados con vida. Sin embargo, dentro de los que aún no son localizados, un porcentaje puede corresponder a Personas Fallecidas no Identificadas. Esta cifra aún no está claramente definida”.

La antropóloga explica el cambio en los patrones para ejercer la desaparición de personas en el territorio mexicano, y las diferencias entre el periodo conocido como la Guerra Sucia en los 70 y la actualidad. 

“Es evidente en ese momento (años 60/70) que hay una permisibilidad del Estado, incluso un entrenamiento por parte de algunos elementos, de grupos del crimen organizado. Entonces la desaparición tiene otro matiz: ya no es una forma de aleccionamiento del Estado, sino una forma del ejercicio de la violencia entre grupos, pero también entre cuerpos armados regulares y los cuerpos armados irregulares sobre de la población en general. Las personas desaparecidas no tenían vinculaciones con actividades delincuenciales”, puntualiza.

A la especialista le parece inverosímil que siga habiendo entre 30 y 36 mil cuerpos no identificados si las posibilidades de encontrarlos están dentro de esos 177 mil cuerpos. Son 177 mil familias buscando a alguien.

“El problema sería al revés: montón de no identificados y nadie los reclama. Si además, según sus números 58.3 por ciento aparecen con vida, el margen para contrastar con el número de ‘fallecidos no identificados’ son como 90 mil personas que no se saben su paradero, sigue siendo un tercio”, denuncia.

Por su parte, Roxana Enríquez, directora del EMAF, comparte poniendo ejemplo de cada caso, las atrocidades que han tenido que rastrear para darle sentido al horror. Para encontrar por qué las formas de matar o por qué desaparecer personas se volvió una estrategia.

“La violencia es estructural, es violencia sistémica, en medio de una efervescencia de fenómenos que van atacando a distintos grupos. Nos hace vulnerables estar en medio de esta guerra contra el narcotráfico, que hay una sociedad desarticulada”, señala.

Ambas abandonaron su trabajo como arqueólogas en Guanajuato y Michoacán, para contener esta situación presente. Roxana había trabajado incluso en la Procuraduría de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“No se hablaba de muchos restos recuperados que no se identificaban. Sí se sabía que había un porcentaje de restos en cada institución, pero no era alarmante hasta ese momento. Era como una especie de tasa normal: muchos se percibían como los no reclamados, si hay características, se puede hacer un perfil genético, pero no hay nadie que esté reclamando los restos”, explica la antropóloga Roxana Enriquez sobre el momento de su conformación. 

Todavía no había esa vinculación entre las personas desaparecidas y los restos no identificados. “Suena raro, pero no se notaba un foco de alerta. Así fue como iniciamos”.

Diana recuerda que comenzaron por determinar las violencias y a hablar de desaparición forzada.

“Durante nuestros siete años de trabajo, nuestro principal cometido ha sido empezar a hacer una distinción de categorías, contribuir para que la sociedad tenga más claros los objetivos de demanda a la autoridad. En primera instancia distinguir el delito de desaparición forzada cometida por particulares con la identificación de restos”, dice. 

La desaparición forzada siempre privilegia la presunción con vida. Una de las banderas de los movimientos políticos las décadas de los 70 y 80 cuando el clima del país era antidemocrático era “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Lo que estamos viendo, narra, es la exacerbación de la violencia en México, la permanencia de estas estructuras de represión que algunas veces se convierten en los habilitadores, entrenadores, de grupos de crimen organizado, teniendo como corte el caso Ayotzinapa.

“Vimos que mientras esto no ocupara el centro de la discusión pública, entonces se iba a seguir facilitando a una opacidad en la obligación del Estado de proveer justicia. El discurso empezó a virar hacia: encontramos cuerpos, se identifican y se entregan”, explica.

Cuando las personas fallecidas requieren la restitución de su tejido social, de su identidad y el Estado ha errado su estrategia en dirigir todo a la identificación como si fuera un asunto que sólo se trata de analizar cuerpos y regresarles el nombre. Dice claro: no es así.

“No se puede obviar la investigación para dar con los perpetradores, que muchas veces en la identificación de este delito es cuando se puede dar datos sobre la identidad de quienes están inhumados allí. En la actualidad tenemos una serie de fosas que algunas se exhuman, aquellos cuerpos van a Servicios Médicos Forenses, se hace la materia de la identificación, pero esta información biométrica se queda simplemente almacenada en espera que coincida”, detalla.

Casos del EMAF

El primer caso en el que se acreditaron las antropólogas fue en el de Rosendo Radilla, desaparecido en la “Guerra Sucia”. Acudieron acompañando al Equipo Peruano de Antropología Forense y vieron la falta de metodología, investigación y protocolización que hay en México en materia forense. No se puede seguir huellas si no hay una investigación minuciosa. México, advierten, es de lo que más adolece.

Participaron también en la identificación de los restos de Mariana Yáñez, una estudiante del Politécnico Nacional de 18 años, desaparecida en el Estado de México en 2014 y sus restos encontrados en el Río de los Remedios un año después. También con el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio.

En la exhumación e identificación de los restos de Brenda Damaris, con Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en el 2014.

“En el caso de Aracely (González) que es la mamá, su hija fue víctima que es el que aprehendieron el año pasado que es el monstruo de Ecatepec, para corroborar lo que ya les había dicho la Fiscalía de manera positiva. Ahí nos acreditamos como peritos, hicimos revisión del expediente. Creíamos que los análisis de genética tenían correspondencia, el problema era el procedimiento, no era claro cómo habían recuperado los restos, porque los habían inhumado”.

Luz del Carmen Miranda desapareció el 12 de abril de 2012 a los 13 años. Y ella dice, se considera portadora de malas noticias. Por una parte da tranquilidad darle la certeza a un familiar de una persona que no está ni viva ni muerta, sino desaparecida. Pero por otra, es una ambivalencia el confirmar el crimen y el contexto en el que ocurrió. Ecatepec es uno de los municipios con más feminicidios en el Estado de México.

También participaron como peritos externos en el caso de Gemma Mávil , quien desapareció el 3 de mayo del 2011 en Veracruz. Corroboraron a su papá, Pedro Mávil, la identificación de su hija. Gemma fue desaparecida dos veces, la segunda por el mal manejo de cuerpos en fosas que hizo una montaña burocrática el poder identificarla.

Así, el EMAF ha documentado feminicidios, desapariciones forzadas, homicidios. La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa cayó como losa de cemento a cientos de familiares de desaparecidos en Guerrero. Se movilizaron y surgió el primero grupo “Los Otros desaparecidos”, días después del 26 de septiembre de 2014. Ellos siguen buscando en fosas en Iguala, Huitzuco y municipios aledaños de la zona Norte de Guerrero y el país. Allí el EMAF conoció a Mario Vergara, quien busca a su hermano Tomás Vergara desaparecido desde 2012.

El EMAF, ante un Estado indolente con estos colectivos, luego conocerán y capacitarán al Colectivo Solecito de Veracruz, quienes hallaron fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe: “quisimos explicarles que no era así de simple, tenía que haber una investigación ministerial para que se hicieran las investigaciones como correspondía, que no era sólo exhumar y hacer las entregas. Estaba siendo muy complicado. Nos dieron la oportunidad de hacerles la explicación y poderles explicar ante la asamblea, para que el resto de los familiares conocieran la información”.

Las otras dos antropólogas son Beatriz González y Marte Tunheim. Anteriormente perteneció al EMAF Omar Pérez, quien acaba de fallecer, explica Roxana. Ahora el equipo se conforma de especialistas mujeres. 

Las antropólogas ven lecciones en este contexto. Diana, por ejemplo dice que: “la lección más grande del caso Ayotzinapa sigue siendo desperdiciada por parte de todos los que estamos involucrados en él, que es la obligación del Estado de investigar y esclarecer los móviles que llevan a ciertos actores a cometer la desaparición de alguien y detrás de esa desaparición el asesinato, además en anónimo de que no se encuentran esas personas y en ese sentido sigue a quedar a deber el Estado. No está ubicando a perpetradores y por tanto no hay identificación de personas”.

Roxana considera: “El tema de la investigación. Estamos haciendo mucho foco en la ciencia forense, pero la investigación ministerial tampoco se fortalece esa parte de investigación. Les corresponde a las fiscalías fortalecer la investigación”.

La violencia estructural atraviesa todas las clases y vulnera a los más marginados, dice Roxana En medio de esta efervescencia de fenómenos, insiste, corresponde al Estado ir atacando el problema, al que han tenido que entrarle organizaciones de la sociedad civil y víctimas.

“Nos hace vulnerables estar en medio de esta guerra contra el narcotráfico. Hay una sociedad desarticulada, de carencias económicas, muchísimos grupos vulnerables: jóvenes, niños, mujeres. Es una bola de nieve que no se puede parar: homicidios, feminicidios, además de desapariciones”.

El EMAF actualmente mapea las fosas clandestinas en Veracruz, uno de los estados con mayor número de cementerios clandestinos hallados en los últimos seis años. La intención es que haya un buen manejo de cuerpos y que el Estado deje de decir que son cuerpos no reclamados, porque seguro alguien los está buscando.