El escenario para poblaciones más vulnerables como la infancia y las mujeres en El Chaparral es terrible. Se habla de violaciones, venta y consumo de drogas, acoso, abuso sexual y rapto de menores y otros delitos tolerados por autoridades dentro del mismo campamento

Twitter: @CeliaWarrior

La madrugada del domingo 27 de junio, Dalila, una joven migrante haitiana de 28 años, dormía en su casa de campaña en el campamento de El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, cuando la despertaron los gritos de personas que en español señalaban el origen de quienes se encontraban durmiendo dentro de las carpas. “¡Haitiano!”, gritaban y cortaban con un cuchillo la tela de las carpas cerradas, relató. Los atacantes, embozados y armados, llegaron a su tienda. La advertencia fue: todos los haitianos tienen que irse, mañana no pueden dormir aquí. Una amenaza de muerte.

Desde hace más de 4 meses este campamento de personas refugiadas se instaló en la frontera norte de México en la zona conocida como El Chaparral, continua a la garita del mismo nombre, en Tijuana, Baja California. A mediados de febrero de 2021, un informe del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) calculaba alrededor de 300 familias en el lugar.

La mayoría de los refugiados son originarios de países centroamericanos, aunque también hay un buen número de haitianos y una creciente población de mexicanos, desplazados internos por la violencia. Están ahí, detalla el informe del COLEF, motivados por los anuncios recientes de cambios a políticas migratorias de Estados Unidos, como el final del programa MPP o “Quédate en México”, que desde enero de 2019 forzó a los solicitantes de asilo a permanecer en este país mientras esperaban el avance de su proceso en la corte de inmigración de Estados Unidos, y del que el actual gobierno de Joe Biden puso en pausa desde el 20 de enero de 2021 y culminó el 1 de junio.

En marzo, a un mes de instalado el campamento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a autoridades federales, estatales y municipales para la población migrante en El Chaparral. Entonces contabilizaban mil 500 personas en riesgo, alrededor de 300 niñas y niños, 50 menores de 0 a 3 años y por lo menos 10 mujeres embarazadas, viviendo en tiendas de campaña y carpas sobre la calle, hacinadas, en condiciones de precariedad y riesgo sanitario extremo exacerbado por la pandemia. 

Para el 24 de junio, otro comunicado la misma dependencia calculó unas 3 mil personas en el campamento migrante, incluidos por lo menos mil niñas y niños “en riesgo de abuso sexual y falta de alimento”. También destacaron la falta de medidas preventivas de covid-19 y que las autoridades retiraron baños y regaderas portátiles, provocando “un grave conflicto sanitario y de salud” para los migrantes y vecinos de la colonia. 

Después de 3 meses de vivir en ese lugar, soportar las condiciones precarias, la discriminación y la violencia en el lugar, Dalila y su esposo huyeron a la casa de un connacional establecido en Tijuana. En ese lapso, Dalila perdió el bebé del que estaba embarazada y sus pertenencias que no pudo recuperar antes de huir.

Otros haitianos en el campamento relataron discriminación previa a las agresiones del domingo 27 de junio. Se quejaron de la preferencia por parte de algunas personas que se identificaron como activistas y abogados a “los blancos” y el rechazo a quienes son afrodescendientes. Luego, la tensión entre los distintos grupos racializados en el sitio incrementa ante la falta oportuna de las autoridades y se mezcla con la presencia de grupos delincuenciales en el lugar, relatan activistas.

Mientras, el escenario para poblaciones más vulnerables como la infancia y las mujeres es terrible. Además de las confrontaciones cotidianas, se habla de violaciones, venta y consumo de drogas, acoso, abuso sexual y rapto de menores y otros delitos tolerados por autoridades dentro del mismo campamento. 

En mayo, José Luis Pérez Canchola, director de atención al migrante en Tijuana, denunció el secuestro de una madre y un niño, originarios de Veracruz, que se encontraban en El Chaparral. Y, al pasar de los meses, las condiciones de seguridad en el lugar solo se han agravado.

Aunque hoy, 29 de junio de 2021, después de 6 años de ingresada la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación confirmó la declaratoria en los 6 municipios de Baja California por violencia feminicida, activistas locales piensan que las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño se quedan cortas porque, por ejemplo, la población de mujeres migrantes no está considerada.

Celia Guerrero

Periodista