Activistas agredidas el pasado 2 de abril por policías del Estado de México demandaron medidas de reparación, seguimiento a sus denuncias por las agresiones y justicia para Irene Cervantes, madre de una menor torturada y abusada sexualmente presuntamente por policías municipales de Chimalhuacán 

Texto y fotos: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Irene Cervantes es activista y feminista. En 2019 su hija fue desaparecida por tres días. Ella denuncia que policías del municipio de Chimalhuacán drogaron, torturaron y abusaron de su hija. También acusa una serie de malos tratos y revictimización por parte personal de la Fiscalía estatal, quienes argumentan no contar con su carpeta de investigación.

Desde que Irene y su hija denunciaron han sido perseguidas en sus espacios personales y no han conseguido justicia. El pasado 1 de abril Irene fue detenida por policías de tránsito argumentando que viajaba en una moto robada. Desapareció por tres horas y fue golpeada, perdió dos dientes. 

Por estas agresiones el día 2 de abril colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y activistas acudieron al Centro de Justicia de Chimalhuacán para acompañar a Irene, quien llevaba más de 10 horas sin rendir declaración. La protesta también buscaba generar presión para evitar la liberación de tres policías acusados por las agresiones y la detención de dos policías de tránsito que seguían libres.

Al Centro de Justicia acudieron a apoyar a Irene las señoras Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio e Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía. Sus hijas fueron víctimas de feminicidio y sus luchas son emblemáticas en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, ambos municipios con altos índices de violencia a la mujer en el Estado de México. 

Desde la página de Justicia para Diana la familia Florencio documentó desde el mediodía la protesta y las agresiones de la policía evidenciando el uso de gas y de la fuerza para someter a las activistas que protestaron y acompañaron a Irene durante el tiempo que la mantuvieron en el Centro de Justicia.

En el siguiente video, a partir del minuto 18:40, comienzan las agresiones por parte de policías vestidos de civil y policías armados:

Las demandas

Este miércoles, durante la lectura del comunicado, las activistas recordaron que las principales víctimas son Irene y su hija, quienes viven una persecución constante por parte de los policías del municipio tras denunciar las agresiones vividas en 2019. 

La fiscalía argumenta que por falta de pruebas no hay avances y que la menor ha sido revictimizada por parte de la psicóloga que la atendió. 

El grupo que leyó el comunicado es solo una parte de las aproximadamente 20 mujeres que fueron agredidas el pasado 2 y 3 de abril por aproximadamente 300 policías. 

El ataque solo puede llamarse de una manera: un acto de tortura. Fuimos golpeadas con palos, pateadas, azotaron nuestras cabezas contra el piso, nos aventaron una reja encima, nos gasearon, rompieron nuestros celulares y se burlaron de nosotras. Los daños sufridos son inmensurables, dos compañeras fueron descalabradas, otra tiene el brazo roto y necesita cirugía y otra compañera tiene 5 costillas rotas. Muchas aún faltan de realizarse tomografías Todas sufrimos estrés postraumático, nos sentimos con miedo de dejar nuestros hogares, ir a trabajar, de estar cerca de patrullas y policías”.

Las activistas denuncian que al acercarse a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) les preguntan si ya denunciaron en el Estado de México a lo que responden que no es posible presentar una denuncia contra el mismo estado que las torturó y que ha buscado callarlas con violencia directa.

Las demandas a autoridades estatales, federales y a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales son las siguientes:

1. Fuero público con el fiscal del Edomex con el fin de que se escuchen los testimonios y demandas, y de otras víctimas para construir una nueva justicia en el Estado de México.

2. Disculpa pública por el Edomex y el municipio de Chimalhuacán en donde se reconozca la tortura.

3. Que se coloque una Antimonumenta frente a la Fiscalía de Chimalhuacán que recuerde a los y las policías y a cada funcionario su deber con garantizar la seguridad y justicia de todas las muertes y víctimas de Chimalhuacán.

4. Creación de un protocolo de respuesta a protestas de mujeres conforme a derechos internacionales.

5. Que se investigue y haga justicia en el caso de Irene y su hija.

6. Reparación del daño, incluyendo atención médica y psicológica de todas las víctimas.

7. Garantía de no repetición y no persecusión en contra de las activistas, de Irene y su hija. 

Las activistas también responsabilizan a los funcionarios públicos del Estado de México de cualquier agresión en contra de Irene y su familia. Después de leer el comunicado las colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos realizaron una serie de actividades artísticas como lectura de poemas y rap.

No son las primeras agresiones

Las agresiones a feministas por parte de policías del pasado 2 y 3 de abril en la Fiscalía de Chimalhuacán no son las primeras. El uso de la fuerza como represión de protestas feministas en el Estado de México cuenta con varios capítulos. 

Durante la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en 2021 fueron agredidas un grupo de feministas y periodistas quienes acudieron al llamado de la detención arbitraria de las mujeres que tomaron las instalaciones de la dependencia. En ese momento también utilizaron gas, golpearon mujeres y portaron armas largas. Meses después, durante una protesta en Cuautitlán Izcalli por el feminicidio de Ámbar, policías dispararon balas de goma durante una manifestación. En el municipio de Chicoloapan policías criminalizaron y hostigaron a integrantes de la colectiva Nos Queremos Vivas Neza. No hay detenciones de ninguno de los policías que ha participado en estos actos represivos. 

Las mujeres sobrevivientes de estos actos de represión y tortura piden acompañamiento a las activistas y feministas de Ciudad de México, donde el movimiento feminista ha cobrado mucha fuerza y atención,  ya que se sienten abandonadas y con miedo en este contexto de represión de las protestas, de agresiones y persecución que siguen en total impunidad.