Una agencia municipal y una organización de derechos humanos alertan sobre nuevas amenazas armadas y la tala ilegal de territorio en disputa. Acusan a autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca y exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal para evitar una escalada de violencia

Texto: Laura Buconi

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Comunidades indígenas de la región mixteca de Oaxaca se encuentran en alerta ante el riesgo de un ataque violento, según denuncias presentadas por la Agencia Municipal de Guerrero Grande y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C. Los hechos más recientes, que incluyen amenazas de muerte y la tala ilegal de bosques, forman parte de un conflicto histórico por la tierra que ha incluido homicidios, desapariciones forzadas y el desplazamiento de cientos de personas desde 2021.

De acuerdo con Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, en el estado de Oaxaca y entre las comunidades mixtecas existen diversos tipos de conflictos, tanto comunitarios como intercomunitarios. En este caso, se trata de un conflicto comunitario agrario, en el que dos núcleos rurales se encuentran en desacuerdo sobre los límites de sus tierras, y uno de los grupos busca expandirse por medio de la violencia. Las diferencias políticas, religiosas y de origen étnico suelen ser agravantes al clima de intolerancia.

A éstos conflictos muchas veces se añaden negligencias administrativas:

“Muy seguido no se efectúan los juicios respectivos, y  esto genera situaciones confusas en las que  no se conocen realmente los límites, y empiezan los conflictos por límites de tierras”, explica Santiago Reyes. Y añade:

“Las agencias  a veces están en conflicto con los municipios, como en el caso de Guerrero Grande y Mier y Terán, sobre todo porque los municipios no destinan sus recursos económicos a la comunidad».

Otro punto fundamental y causa de exacerbación de conflictos, recuerda el experto, son las prácticas de extractivismo realizadas por empresas mineras y otros actores, que generan escasez de agua y otros recursos naturales en las comunidades, y hasta generan desplazamientos forzados.

Los hechos recientes

De acuerdo con el testimonio del representante de la comunidad de Guerrero Grande, el 22 de agosto último, mientras realizaban labores de limpieza de un camino en el paraje “Yucukunu”, una patrulla del municipio de San Esteban Atatlahuca bloqueó el acceso. Varias personas armadas a bordo del vehículo amenazaron de muerte a los comuneros y reivindicaron la propiedad sobre ese territorio.

Dos días después, el 24 de agosto, la cuenta de Facebook “H Ayuntamiento Atatlahuca” publicó un mensaje solicitando cooperación económica a los residentes de las 11 comunidades del municipio para comprar «chintu y cuernos de vaca» –términos que en el contexto local se refieren a balas y armas de fuego– para, según la publicación, «limpiar todo». La página también exhibió fotografías de personas armadas.

Ante estos hechos, el 26 de agosto se presentó una denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público de la Ciudad de Tlaxiaco, lo que resultó en la emisión de medidas de protección urgentes (carpetas de investigación 23109/TLAXIACO/2025 y 23104/TLAXIACO/2025) para prevenir daños irreparables.

Un conflicto con antecedentes de violencia extrema

La situación actual es un capítulo más de un conflicto de larga data. Según expedientes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en octubre de 2021 un grupo armado, presuntamente encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca, incendió más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji (Carpeta de Investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021).

Estos ataques resultaron en el homicidio de al menos dos personas, la desaparición forzada de cinco –entre ellas la defensora ambiental Irma Galindo Barrios– y el desplazamiento forzado de más de 300 familias, según registros del CEDHAPI. A la fecha, las investigaciones sobre estos crímenes no han culminado con la detención de los responsables materiales o intelectuales.

Medidas internacionales incumplidas

La gravedad de los eventos llevó a que organismos internacionales intervinieran. El 23 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares (MC-1050-21) a favor de las familias de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji. Poco después, el 31 de diciembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente (AU núms. 1456/2021 a 1460/2021) para exigir la búsqueda inmediata de los desaparecidos.

En declaraciones para este medio, Maurilio Santiago Reyes afirmó: «Hasta el momento, ni el Gobierno Federal ni el del Estado han cumplido con estas medidas. Hemos denunciado cada una de estas situaciones y no ha habido una respuesta efectiva».

Recrudecimiento de las tensiones

Las tensiones se agravaron a partir de mayo de 2025, cuando habitantes de Guerrero Grande reportaron que autoridades de San Esteban Atatlahuca iniciaron la tala ilegal de árboles e ingresaron maquinaria pesada a la zona de «Yoos Kivi», dentro de su territorio comunitario. El 16 de junio, se documentó la destrucción de aproximadamente dos hectáreas de bosque.

Las recientes amenazas de agosto han generado temor a un nuevo ciclo de violencia y desplazamiento. «La situación puede estallar nuevamente en violencia porque no ha habido una resolución efectiva. A pesar de las medidas cautelares, el Estado ha hecho caso omiso», añadió Santiago Reyes.

La postura de las autoridades

Respecto a las publicaciones en Facebook, las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca declararon al CEDHAPI que se trata de una cuenta falsa. Sin embargo, el CEDHAPI cuestiona esta versión, argumentando que la página tiene muchos años de existencia y seguidores, y que el ayuntamiento no ha tomado acciones para removerla si indeed es fraudulenta.

No obstante, las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji, junto con el CEDHAPI, solicitan formalmente la intervención urgente de los gobiernos estatal y federal para garantizar su seguridad, hacer cumplir las medidas cautelares, investigar las nuevas amenazas y detener la destrucción de su territorio.