Pese a que el Tribunal Unitario Agrario de Sonora determinó que la minera Penmont de Alberto Bailleres debía resarcir el daño hecho en el Ejido El Bajío y devolver el oro extraído en ese territorio, siete años después la sentencia no ha sido ejecutada

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alberto Paredes / Archivo Pie de Página

CABORCA.- Hace ya siete años el ejido El Bajío obtuvo una sentencia inédita en contra de la empresa minera Penmont de Alberto Baillères. Esta resolución enfureció al magnate mexicano al grado que movió todas sus fichas en el Senado de la República para que echaran al juez que resolvió la demanda de los ejidatarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Hermosillo, Sonora. Así sucumbió el poder político ante el poder económico en el país. 

A pesar que la resolución se emitió en junio de 2014, hasta ahora no se ha ejecutado. El actual magistrado del TUA número 28, de Hermosillo, Sonora, no ha reabierto el incidente, como lo estableció en su momento el exmagistrado Manuel Loya Valverde. 

La minera Penmont de Alberto Bailleres entró al ejido El Bajío con el pretexto de explorar el terreno ejidal en busca de minerales. La ocupación empezó en 2003, hasta que el TUA emitió la sentencia en 2014 y obligó a la minera a resarcir el daño, lo que no ha ocurrido.

La sentencia que emitió Loya Valverde establece que el TUA tiene que nombrar peritos en minería, medio ambiente, ecología, contables, y otros. Deben identificar y cuantificar los daños ocasionados por la minera Penmont con el fin de que reparen el entorno ejidal como estaba antes de que se la minera se instalara en el ejido El Bajío.

El abogado Sergio García Camacho, representante de los ejidatarios de El Bajío, dice que de la sentencia no se ha resuelto porque el gobierno federal no ha querido ejecutar la sentencia:

“En 2013 y 2014 el TUA resolvió a favor del ejido que representamos y ordenó a la minera Penmont S.A. de R.L. de C.V. la reparación del daño. A pesar de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fallo en los 67 juicios a favor del ejido El Bajío, Caborca, Sonora, mediante dos juicios de amparos”.

García Camacho, agrega: “La sentencia que resolvió el TUA en el expediente 495/2013, el 9 de junio de 2014 en contra de minera Penmont S. de R.L. de C.V. estableció: ‘Se declara la nulidad absoluta e inexistencia jurídica de todos los convenios de ocupación previa a expropiación firmados a título personal por todos y cada uno de los ejidatarios. Se condena a la demandada por el inmediato restablecimiento de las cosas el estado que guardaban dentro de las unidades parcelarias, materia de los convenios declarados nulos, así como de las tierras de uso común, propiedad del núcleo ejidal en cita, lo mismo que del área en posesión de dicho ejido”. 

Por su parte, el primer comisario del ejido El Bajío, Simón Santiago Morales, dijo que el caso de su ejido pudo más el dinero que el poder político: “Hasta ahora no se ha resuelto nuestra demanda porque Alberto Bailleres pudo comprar a los senadores para que no ratificaran al exmagistrado Manuel Loya Valverde. Solo así pudieron detener que su cumpliera la sentencia. Aun así, esperamos que el gobierno federal resuelva de una vez por todas nuestra demanda”. 

Que devuelva el oro

La sentencia en contra de la minera Penmont cobra relevancia en el país por ser la primera que obliga la reparación del daño ecológico y la entrega del oro que se extrajo del ejido El Bajío, municipio de Caborca, Sonora. 

El abogado Sergio García Camacho dice que lo inédito de la sentencia que emitió Loya Valverde es que obliga a la minera a devolver el oro que se llevaron: “Tan es así, que los Bailleres movieron todas sus influencias para que el Senado no ratificara al exmagistrado. El fondo de todo esto es la soberbia. Un empresario acostumbrado a imponerse en todas las esferas del poder ahora sea vea acorralado a cumplir con una resolución”. 

El representante legal cita parte el veredicto agrario:

“La reparación tiene que empezar con la restauración de sus cerros, montes, agua, aire, flora y fauna que antes existían, libre de toda contaminación provocada en forma directa o indirecta por las actividades de la minera de manera personal o a través de terceros que puedan hacerlo”. 

Agrega: “No sólo eso, sino que obliga a la minera: ‘De igual manera debe realizarse el restablecimiento de las cosas a su estado anterior en las tierras de uso común del ejido; la minera es condenada a regresar a su lugar de origen todo el oro y demás minerales que extrajo de las tierras del ejido por virtud de los contratos que se anulan, al ejido por ser el propietario de las tierras; se condena a la minera a pagar a cada ejidatario en particular una renta anual por el tiempo de ocupación ilegal de su parcela desde su inicio y hasta que el tribunal declare concluido el juicio lo cual no ha acontecido hasta esta fecha”. 

En el juicio agrario del ejido El Bajío, consta que la Minera Penmont, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable trató de impedir la anulación, desocupación y entrega o restitución de los bienes o derechos que convinieron con un grupo de tres ejidatarios. 

Lejos de resolver a la petición de la minera, Loya Valverde estableció su criterio con base en un depositario judicial: “El depósito judicial de la tierras decretado a favor del ejido en los juicios 188/2009 y 628/2009, lo mismo que las medidas cautelares ahí decretadas siguen vigentes hasta que la minera concluya y así lo declare el tribunal, que ha cumplido con el restablecimiento de todas las cosas materia de este juicio al estado que guardaban antes de la ocupación ilegal a través de los contratos declarados nulos e inexistentes en este juicio; Quedan las partes en libertad de celebrar acuerdos de voluntades a través del cual consideren satisfechos sus respectivos intereses”.

García Camacho cuestiona la responsabilidad del Tribunal Superior Agrario en la no ejecución de la sentencia en contra de la minera Penmont:

“A meses de que se cumplan siete años, que el TUA número 28, de Hermosillo Sonora, resolvió a favor de mis representados, esto no se ha llevado a cabo porque el Tribunal Superior Agrario ha evadido su responsabilidad esencial en todo el proceso judicial. La sentencia no ejecutada es igual a justicia denegada”.

En entrevista, el exmagistrado Manuel Loya Valverde destacó que la sentencia es única en el país: “La minera esperaba que lo favoreciera con mi sentencia. Sin embargo, esto no fue así, y como consecuencia el Senado de la República no me ratificó. Sé que Penmont intervino para que yo quedara fuera, porque recibí presión política de los senadores del PRI y PAN cuando estábamos por resolver en junio de 2014”. 

“Lo que más le pesó a la minera es que haya ordenado que regresaran el oro que extrajeron del ejido y regresaran los cerros tal como se encontraban antes de que ocuparan el ejido de manera ilegal. Además, les dolió que le haya dado razón conforme a derecho a los campesinos cuando él está acostumbrado comprar a jueces y magistrados. En mi caso no fue así. A pesar de que me propuso el presidente de la República, no me ratificaron con el argumento de que no tenía récord de capacitación profesional”.

Exmagistrado Manuel Loya Valverde.