La exigencia de una vivienda digna llevó a las mujeres otomíes de la comunidad residente en Ciudad de México a tomar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La comunidad adaptó las oficinas como hogar y palestra de denuncia. Citan a las autoridades para un diálogo

Texto y fotos: Daliri Oropeza

Joaquina y Margarita se miran una a la otra al entrar a un pasillo tapizado de carteles rojo zapatista. Portan dos coloridas blusas tableadas con olanes de encaje que les dan forma. Resaltan al caminar por la descolorida sala de cubículos con luz y ambiente pálidos. Son las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Ellas son la segunda generación de familias otomíes hñäñho que salieron de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por hambre, falta de escuela, de servicios, de pago justo por el trabajo del campo. Sus padres y madres migraron de este pueblo enclavado en las montañas donde colindan Querétaro, Estado de México y Michoacán.

Viven en Ciudad de México. Son más de 80 familias que suman 35 años habitando inmuebles con irregularidades después del terremoto de 1985. Narran que le pagaban renta a un cuidador, pero un día dejó de ir a cobrar sin dejar rastro. Las familias que permanecieron pagaban por los servicios.

Después de otro sismo, el del 19 de septiembre de 2017, el edificio resultó muy dañado. Quedaron sin luz agua y servicios básicos, literalmente en la calle de Roma, en el número 18, de la colonia Juárez. Sin techo y en carpas viven mujeres, niños, bebés, ancianos, buscando de manera legal y organizada la solución.

Esta es también la historia del inmueble de Zacatecas 74, colonia Roma, donde en 2019 policías de Ciudad de México, con uniformes de granaderos, desalojaron el inmueble. De igual manera, familias otomíes denuncian hostigamiento en el inmueble de Guanajuato 200 y masahuas en Zaragoza 1434.

Las tres casas con papeles irregulares se ubican en colonias que sufren de gentrificación, un proceso social donde las colonias se vuelven comerciales, y pierden su esencia de barrio para ofrecer servicios de entretenimiento.

Son familias que han sido doblemente despojadas, primero en sus propios pueblos y ahora, en el lugar al cual llegaron a abrir posibilidades de una vida con educación, salud o trabajo con sus artesanías. Les han acusado de robo, de suciedad, de malos olores, pues al transitar los vecinos miran de cerca cómo viven en la calle. Durante la pandemia el gobierno llevó despensas que no duraron ni una semana.

“No somos personas malas, queremos trabajar honradamente, que nuestros hijos vayan a la escuela, tener una vivienda digna. No estamos pidiendo mucho. No dudamos que haya robos pero definitivamente nosotras nos dedicamos a sobrevivir con nuestros hijos en lo que nos dan solución”, habla una de las dos mujeres otomíes hñäñho, Joaquina.

Ambas mujeres, una sonriente y una seria, sostienen carteles rojos. Margarita lanza la denuncia “Ya fuimos a todos lados y no nos hacen caso, tenemos los tres oficios firmados por (Claudia) Sheinbaum y no nos dan solución. Fuimos al federal, al INVI y no nos hacen caso. Nos reciben los secretarios particulares y nos dan largas, por cómo nos miramos. Dijimos un ya basta y nos reunimos las mujeres”.

Mujeres encabezan toma del INPI

Estas comunidades han intentado regularizar los predios varias veces. Antes del sismo lograron obtener los primeros documentos. Sin embargo, después, las oficinas del Registro Público de la Propiedad les dijeron que enviarían a una bóveda los papeles y poco después una inmobiliaria tenía la propiedad del predio. Los desalojaron con policías, ya con la jefa de gobierno a cargo y el gobierno de López Obrador andando.

Las mujeres han requerido servicios de salud por las situaciones insalubres por las que pasan ante la falta de hogar. Desde el interior de las oficinas que tomaron del Instituto de Pueblos Indígenas, denuncia Margarita, las han discriminado, y les han negado su derecho a la salud y ser atendidas.

No solo las han tenido de oficina en oficina, sino que las han perseguido en el centro de la ciudad donde venden sus artesanías tradicionales, una de las cuales es la muñeca representativa del centro del país.

Las niñas y los niños juegan en las instalaciones de este instituto gubernamental mientras en la entrada hay un concierto que inunda esta entrevista con canciones de Silvio Rodríguez.

Margarita confiesa: a mí ya se me murió un hijo. Denuncia que la desesperación de ver a los hijos mal, de ver cómo les han cerrado todas las puertas, fue lo que orilló a las mujeres llegar a un consenso desesperado: esto tiene que escalar a nivel federal.

En ese momento interviene en la conversación la maestra Estela Hernández:

“El Concejo Autonomo de Santiago Mexquititlan decidimos estar con las compañeras en la toma del INPI. Las injusticias que han atravesado nuestras hermanas estando fuera de su pueblo, ahora son similares a lo que vivimos en Santiago. La gentrificación y el encarecimiento de la vida, por sus proyectos turísticos. La pobreza extrema ha hecho que nuestras hermanas vendan sus terrenos y tengan que emigrar. Ahora nosotros enfrentamos escasez de agua, inseguridad, implementación de un corredor turístico con el que quieren atravesar nuestro pueblo. Eso provocará un nuevo proceso de migración interna”.

Ella es originaria de Santiago Mexquititlan, hija de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí hñäñho que junto con dos mujeres más recibió una disculpa pública del gobierno mexicano en febrero de 2017 por encarcelarlas injustificadamente en 2006. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, enunció en aquel entonces.

En el discurso de la toma del INPI, la maestra hizo énfasis en que en el instituto los pueblos se ven en las paredes pero ellos no son objetos. Son personas con derechos que no respetan las instancias públicas.

La dignidad, dice la maestra Estela, se debe respetar aunque las personas salgan de sus pueblos. Actualmente se pierde cuando “El despojo, el desplazamiento que en unos años se va a dar en el pueblo de Santiago Mexquititlan es el daño, porque en el momento que terminen la obra turística, el costo de la vida se va a elevar. ¿Quién va a tener posibilidad de adquirir los locales, o de pagar el precio que ponga el ayuntamiento? Los que estén dispuestos a pagar más”.

Y denuncia con un corredor turístico gubernamental quieren hacer un centro comercial en el tianguis tradicional del pueblo.

La gentrificación en el empobrecido Santiago Mexquititlán

“Aquí lo que faltan son hospitales, escuelas, universidades, servicios públicos, seguridad”, la maestra y también doctora Estela Hernández Jimenez habla de su pueblo. En vez de esos servicios, el gobierno municipal empezó durante la pandemia con una obra turística, en el templo. Antes de esa obra, la doctora Hernández Jimenez asegura que con los demás integrantes del Consejo Tradicional denunciaron la construcción de un centro comercial en el tianguis tradicional del centro de Mexquititlán, que en náhuatl significa lugar de donde comen quelites.

“El despojo, el desplazamiento que en unos años se va a dar en el pueblo de Santiago Mexquititlan es el daño de la gentrificación en los pueblos indígenas. Porque en el momento que terminen la obra turística, el costo de la vida se va a elevar. ¿Quién va a tener posibilidad de adquirir los locales, o de pagar el precio que ponga el ayuntamiento? Los que estén dispuestos a pagar más. Los demás van a migrar a las ciudades”, se responde.

Hace dos años el pueblo de Santiago Mexquititlan decidió regresar al sistema de usos y costumbres a través de Consejos autónomos de educación, gobierno, justicia, salud, ante el hartazgo de los atropellos y omisiones. Ella ahora es la Consejera de Educación. Por denunciar las injusticias, la maestra ha sido amenazada varias ocasiones.

“Como pueblo tenemos derecho a una educación indígena. No tenemos condiciones de salud dignas de acuerdo a nuestra medicina tradicional. Les presentamos un proyecto de desarrollo comunitario a las autoridades del estado y nos dicen que no hay presupuesto. Pero si vienen con sus pueblos mágicos y sus proyectos turísticos, ahora lo que estamos pidiendo es que se reconozca nuestra autonomía, libre determinación, autogobierno”.

Estela Hernández Jiménez tiene un doctorado en ciencias de la educación con especialidad en pedagogía. Su tesis, y a lo que se dedica en su pueblo, se llama “el otomí de Santiago Mexquititlán: Guía para aprender y enseñar otomí”. A veces ayuda a sus padres con su puesto de aguas en el tianguis.

Mientras la maestra habla, las niñas y los niños juegan y se ríen en el vestíbulo de la planta baja de las oficinas. Las mujeres limpian la cocina que adaptaron en el estacionamiento del inmueble. Algunas personas se toman la temperatura en la clínica que adaptaron. Diferentes organizaciones y colectivos propusieron programas de educación para la comunidad.

Emplazan diálogo con Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino

La comunidad otomí residente en Ciudad de México dio una conferencia de prensa a dos semanas de haber tomado el INPI. Pronunció un discurso a las autoridades, aunque también lo dedicó al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus redes de apoyo.

Mujeres y hombres hñañhö enunciaron con micrófonos a la puerta del INPI la omisión del gobierno ante la exigencia de vivienda digna y oportunidades laborales para las personas que venden artesanías en el centro, además del alto a la gentrificación en el pueblo del cual salieron.

Integrantes de la comunidad que dieron la conferencia con paliacates en el rostro y con cubrebocas citaron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al titular del INPI, Adelfo Regino, además un representante de la Secretaría, el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana a una mesa de diálogo sobre los problemas del pueblo otomí hñañö en la puerta del INPI.

Si no asisten, comenzarán a sacar los equipos de computo del primer piso de las oficinas, dijeron después de denunciar que los representantes del INPI que se presentaron solo preguntaron por el estado de las cosas adentro del inmueble.

La comunidad también dio a conocer que la representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, acudió para intermediar en las demandas. Sin embargo la comunidad la rechazó en asamblea como intermediaria. En la conferencia denunciaron que ni siquiera se presentaron cuando el mismo gobierno de Sheinbaum ordenó el desalojo con policías. Exigen que primero haga valer su derecho a la ciudad.

Emplazaron a Sheinbaum, como mujer, a entenderlas.

Cartas en apoyo del INPI

Adelfo Regino dio una respuesta a través de redes sociales a la toma del INPI, con un documento sin firma parecido a un comunicado de prensa y sin una comunicación directa hacia las afectadas. Ahí redacta: “un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena otomí”, sin reconocerlos como Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, como ellas mismas se nombran.

Distintas cuentas de periodistas de Oaxaca han dado a conocer supuestas actas de asambleas que apoyan a Adelfo Regino ante la toma otomí del INPI, la mayoría de comunidades y pueblos de Oaxaca, aunque también de otros estados como Nayarit. Con escritos respaldados con firmas, aseguran estar a favor de las acciones de quien hoy encabeza el instituto de pueblos indígenas. Aunque no hablan de la problemática o la propuesta de diálogo que han solicitado desde el inmueble.

Si bien el titular se ha pronunciado por el diálogo y por estar a favor de los pueblos indígenas, no se ha presentado a las oficinas mientras la Comunidad Otomí Hñahñö Residente en Ciudad de México lo habita. En la conferencia de prensa se dijeron abiertas al diálogo.