Especialistas de Melel Xojobal, organización integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señalan que el trabajo infantil debe analizarse desde las condiciones estructurales que enfrentan millones de familias y advierten sobre la criminalización de niñas, niños y comunidades trabajadoras

Texto: Jade Guerrero

Fotografía: Isabel Briseño / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. — Hablar de trabajo infantil en México suele asociarse con la necesidad de erradicarlo por completo. Sin embargo, especialistas en derechos de la infancia advierten que ese enfoque puede resultar limitado si no se analizan las condiciones sociales y económicas que lo generan.

Integrantes de Melel Xojobal, organización que forma parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, explican que el fenómeno debe entenderse desde una perspectiva más amplia que distinga entre explotación infantil y la realidad de niñas, niños y adolescentes que trabajan en contextos de precariedad.

“Cuando escuchamos discursos sobre erradicar el trabajo infantil sin ofrecer alternativas frente a la pobreza en entornos de precariedad, eso termina generando discursos vacíos que no llevan a estrategias reales”, señaló Ricardo Bautista, integrante de Melel Xojobal.

Diferenciar trabajo infantil y explotación

Durante la conversación, María del Carmen G., integrante de Melel Xojobal, explicó que uno de los principales problemas al hablar del tema es que se mezclan realidades muy distintas.

Por un lado, se encuentran las llamadas peores formas de trabajo infantil, que incluyen explotación laboral, explotación sexual o la participación de menores en actividades ilícitas. Estas situaciones están contempladas en estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo.

“Esas situaciones no deberían entenderse como trabajo; en muchos casos son delitos en los que niñas, niños y adolescentes están inmersos por contextos de explotación”, explicó la especialista.

Por otro lado, señaló, existe la realidad de la niñez y adolescencia trabajadora, vinculada a dinámicas familiares o comunitarias en contextos de precariedad económica.

“Las niñas y los niños muchas veces participan en actividades familiares porque existe una necesidad dentro de la familia o de la comunidad”, explicó María.

La especialista subrayó que reconocer esta realidad no significa justificar, sino entender las condiciones que la originan.

“Sin romantizar, hay prácticas culturales y dinámicas familiares donde las niñas y los niños empiezan a participar en ciertas labores como parte de la vida comunitaria”, agregó.

Un fenómeno ligado a la pobreza

Para las organizaciones que trabajan con comunidades, el trabajo infantil está profundamente vinculado con las condiciones económicas del país.

De acuerdo con el balance anual sobre derechos de la infancia publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, en México viven 38.2 millones de personas de entre 0 y 17 años, lo que representa cerca del 30% de la población nacional.

Además, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, un factor que incrementa el riesgo de que participen en actividades laborales.

En ese sentido, Ricardo Bautista explicó que el fenómeno debe analizarse dentro de una realidad económica más amplia.

“En México más del 51 % de las personas trabajan en la informalidad, es decir, sin prestaciones, sin seguridad social y muchas veces sin ingresos estables”, señaló.

Por ello, muchas familias recurren a estrategias colectivas para sostener su economía.

“No estamos hablando solamente de niñas y niños, sino de un contexto estructural donde las familias enfrentan condiciones económicas muy difíciles”, añadió.

El trabajo infantil aparece menos como una decisión aislada de las familias y más como una estrategia de supervivencia frente a condiciones económicas adversas. La alta informalidad laboral, los bajos ingresos y la persistencia de la pobreza obligan a muchos hogares a distribuir las responsabilidades económicas entre todos sus integrantes.

Derechos que muchas veces no se cumplen

En teoría, explicó María, las niñas, niños y adolescentes que participan en actividades familiares deberían poder hacerlo sin que esto afecte sus derechos fundamentales. Entre ellos destacan el acceso a la educación, la salud, el descanso, el juego y la identidad.

“Todos esos derechos deberían garantizarse para poder decir que no existe explotación”, explicó.

No obstante, en la práctica muchos menores no acceden plenamente a estos derechos debido a una cadena de vulneraciones que comienza incluso antes de su nacimiento.

“Hay niñas y niños que ni siquiera tienen acta de nacimiento. Si no existe ese registro, no pueden acceder a la escuela ni a otros derechos”, explicó la especialista.

La falta de registro civil sigue siendo una barrera importante en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), miles de niñas y niños en México no cuentan con acta de nacimiento durante sus primeros años de vida, lo que limita su acceso a servicios básicos y a programas públicos.

Este problema se suma a condiciones estructurales como la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad territorial. Según cifras del propio instituto, en México más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizan algún tipo de trabajo, muchos de ellos en contextos donde el acceso a educación, seguridad social y protección institucional es limitado.

En ese contexto, el trabajo infantil no aparece como un fenómeno aislado, sino como parte de una serie de carencias acumuladas que afectan el ejercicio pleno de los derechos de la niñez.

Dimensión del trabajo infantil en México

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en el país más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan, lo que representa alrededor del 13 % de la población infantil.

De acuerdo con los especialistas, las razones por las que los menores trabajan son diversas.

“Un porcentaje importante dice que trabaja por gusto o para ayudar a su familia”, explicó Ricardo.

Otros lo hacen para pagar sus estudios o contribuir a los gastos del hogar. Además, señaló que muchos de ellos continúan asistiendo a la escuela, lo que muestra la complejidad del fenómeno.

Políticas públicas insuficientes

Los especialistas también cuestionaron la efectividad de las políticas públicas dirigidas a la infancia.

Entre los principales problemas identifican: bajo presupuesto para programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, la falta de coordinación entre instituciones y enfoques punitivos hacia las familias.

“El tema de la inversión pública en la niñez sigue siendo muy bajo”, señaló Ricardo.

Además, explicó que muchas veces las políticas públicas no están diseñadas para atender las causas del fenómeno.

“Las políticas no están centradas en la prevención, sino en la criminalización”, afirmó.

En este contexto, las políticas públicas dirigidas a la infancia continúan siendo insuficientes para enfrentar un fenómeno complejo como el trabajo infantil. Más allá de los discursos sobre su erradicación, señalaron que la falta de inversión, la débil coordinación institucional y los enfoques punitivos hacia las familias terminan limitando el impacto de las estrategias gubernamentales. En lugar de atender las condiciones estructurales como la pobreza, la desigualdad y la informalidad, muchas de estas políticas se enfocan en sancionar o invisibilizar a quienes enfrentan estas realidades.

Criminalización y desplazamiento de familias

Uno de los temas que más preocupa a las organizaciones es la criminalización de familias trabajadoras, particularmente aquellas provenientes de comunidades indígenas.

Durante la entrevista, explicaron que en varias ciudades del país se han registrado acciones para retirar de espacios públicos a familias que realizan actividades económicas.

“Estamos viendo hostigamiento hacia familias trabajadoras que migran a otras ciudades”, explicó Ricardo.

Estas situaciones, señalaron, pueden intensificarse en contextos de transformación urbana o de grandes eventos internacionales.

En ciudades que se preparan para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, algunas familias han enfrentado procesos de desplazamiento o expulsión de espacios públicos.

“Se está generando una criminalización de las familias trabajadoras que incluso limita su derecho a la ciudad”, advirtió.

Una discusión más compleja

Para las organizaciones que trabajan directamente con comunidades, el debate sobre el trabajo infantil requiere una mirada más profunda.

“No se trata de romantizar el trabajo, pero tampoco de criminalizar a las familias que viven en condiciones de pobreza”, señalaron los especialistas.

De acuerdo con los especialistas, cualquier política pública efectiva debería atender las causas estructurales del fenómeno, entre ellas la desigualdad social, la falta de acceso a servicios y las condiciones económicas que enfrentan millones de familias en el país.

“Mientras esas desigualdades no se reduzcan, las políticas públicas solo serán paliativos frente a un problema mucho más profundo”, concluyó García.