La nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha iniciado sus trabajos a pocos meses de que concluya el sexenio. A cuestas, una política migratoria contradictoria no le depara un camino fácil, aunque para especialistas aún hay oportunidad de cambiar el rumbo si se analizan los aciertos entre los errores
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – Uno de los puntos más polémicos de la actual administración federal es su política migratoria. De acuerdo con datos de la Unidad Política Migratoria, este sexenio ha sido el que ha detenido a más migrantes que transitan por México. La cifra rebasa, incluso, el récord histórico que se había establecido durante el gobierno de Vicente Fox.
Al comienzo del gobierno de López Obrador la apuesta era otra. La administración parecía trazar a una política de mayor apertura a la migración irregular, ofreciendo programas sociales para dar trabajo a las personas migrantes que lo pidieran. Pero todo cambió con las presiones económicas anunciadas por el expresidente Donald Trump en lo que se llamó la crisis de los aranceles y México se convirtió, de facto, en el muro de la ruta migratoria.
En entrevista con Pie de Página, Rebeca González Camacho, investigadora de la Universidad Iberoamericana especialista en migración y relaciones internacionales, desmenuza los retos que tiene en frente Alicia Bárcena, quien el pasado 13 de junio, tras la renuncia de Marcelo Ebrard, tomó el timón de la cancillería.
“La relación con Estados Unidos es la relación más importante para México, no solo de la geografía, sino por lo que Estados Unidos representa; pero siempre hemos tenido una relación dispar, y México siempre tendrá que cuidar estas negociaciones”, dice.
Rebeca González Camacho, especialista en migración.
Hace unos días, Alicia Bárcena realizó su primera visita oficial como canciller a los Estados Unidos. El viaje se dio en medio de una serie de desencuentros entre el gobierno mexicano y el estadounidense, por el control de armas, las boyas que el gobierno texano instaló en Eagle Pass, y la crisis de fentanilo.
Estos temas son los que Bárcena abordó en su reunión.
«La agenda que tuvo en su visita es importante, porque se reunió con personas importantes en Estados Unidos, como el secretario de Estado, Antony Blinken; y el consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Estas reuniones son de seguimiento y actualización, porque el contexto que había hace un mes o dos meses ha cambiado un poco”, señala González Camacho.
¿Qué cambió?
Las declaraciones conjuntas entre el gobierno norteamericano y el estadounidense abren un nuevo tono en relación al tráfico de armas, que empezó de manera agresiva en 2021, a través de una demanda civil contra empresas productoras.
Por otro lado, la crisis de fentanilo ha derivado en la creación de estrategias de salud bilaterales para frenar el consumo, además de la distribución y comercialización.
También, la demanda contra el gobernador de Texas, Gregg Abbott, por colocar boyas sobre el río bravo para contener la migración, y una serie de filtraciones que dejan ver el perfil racista del texano, crisparon las relaciones.
El gobierno de México respondió con cartas, e inclusive pidió al gobierno estadounidense tomar acciones concretas en el asunto. El presidente Joe Biden aceptó la petición, e inició un juicio contra el gobernador de Texas, mientras las boyas demostraban su letalidad, cuando un migrante murió al intentar cruzar por el río bravo.
“Que México manifieste esto, no solo con una carta directa al gobierno de Texas, o una carta directa al presidente Biden, sino que lo reitere en estas reuniones, quiere decir que son sus pocos chances de posicionarse, y los está usando”.
Esta discusión, a la vez, abre otro pendiente en la agenda: la movilidad humana.
Para la especialista, un factor importante a resaltar es la ampliación de los beneficios de la migración regular gracias a las negociaciones diplomática entre México y Estados Unidos.
«Gracias a estas nuevas vías de movilidad, han podido ingresar a los Estados Unidos 272 mil personas de manera segura, ordenada y regular. Esto fue gracias a los permisos humanitarios que Estados Unidos abrió a Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua».
A esto se suman los permisos humanitarios, la aplicación CBP One también agilizó los trámites migratorios. Pero su inaccesibilidad para algunos sectores (por ser una aplicación que necesariamente funciona con un smarthphone) también fomentó actos de corrupción y coyotaje.
Aún con estas críticas, los acuerdos bilaterales para la migración regular han funcionado, afirma González.
«Nada más para dar un ejemplo: Haiti. Los haitianos hicieron solicitudes a través de esta aplicación, y también de los servicios para tramitar permisos humanitarios. En total, Estados Unidos reportó recibir 73 mil solicitudes de haitianos, y el gobierno de Estados Unidos aceptó a 65 mil, aunque al final solo llegaron 54 mil. Estas son cifras oficiales, los datos que los gobiernos nos dan hasta el momento».
La cifra, para la especialista, es contundente. Gracias a estas nuevas formas de movilidad regular que iniciaron en octubre para personas de nacionalidad venezolana, (y que en enero se abrieron a otras nacionalidades como cubanas, nicaragüenses y haitianas), han ingresado 272 mil de estas personas a los Estados Unidos.
Los compromisos del gobierno mexicano para atender a las personas que hayan sido rechazadas por los Estados Unidos, y que no desean volver a su país de origen, parece cobrar otra dimensión a la ya conocida.
Un ejemplo de esto, destaca la especialista, es la construcción del un espacio intersectorial para atender a refugiados y personas migrantes. Este espacio, como lo adelantó Bárcena en su primer visita de trabajo en Chiapas, se construirá en la ciudad fronteriza de Tapachula. El espacio será gestionado por instancias internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El objetivo de este centro, explica González, es congregar a las personas de movilidad en la frontera sur para evitar los campamentos en distintas ciudades. Otro objetivo es poder brindar servicios de empleo y regulación de su estancia en el país mientras las personas en tránsito avanzan hacia la frontera norte.
«Lo que busca el gobierno de México es que se cubra a las personas migrantes que Estados Unidos ya rechazó, o va a rechazar, y que no pueden regresar a su país de origen», afirma González.
La expectativa, dice, es que México abra oportunidades de refugio que consisten en dar tiempo para la regularización de las estancias migratorias y empleo. Todo esto, «mientras se espera que se abran nuevas, vías. Hablamos, entonces, de que posiblemente ya no solamente sean el CBP One y los permisos humanitarios, sino que Estados Unidos prevé abrir algunas otras vías para recibirlos».
Aún existen casos de migración irregular que terminan en tragedias, algunas veces por el coyotaje, como lo demuestran los migrantes encontrados en cajas de autobuses o a expensas del crimen organizado, y otras por la negligencia de las autoridades, como el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez.
«Ahí sigue habiendo grandes pendientes de la política migratoria», enfatiza la especialista.
Sin embargo, es optimista: con el cambio en la Cancillería: “México tiene una gran oportunidad de corregir la política migratoria que ha llevado, y creo que va por buen camino para hacerlo”.
Un fenómeno actual es que las personas migrantes siguen sin usar los canales de movilidad regular, ya sea por desconocimiento o desconfianza. Estas personas, en el mejor de los casos, terminan detenidas por el Instituto Nacional de Migración o por la Guardia Nacional, y en el peor de los escenarios: víctimas del crimen organizado.
Tras analizar las notas periodísticas al respecto, la especialista en migración identifica un patrón:
«Siempre hay personas menores de 18 años en esas situaciones. Los reportes siempre dicen ‘núcleos familiares’, pero también hay muchas niñas, niños y adolescentes que no van acompañados. Ahí hay un núcleo importante que atender, y no sé si al Sistema DIF le da para hacerse cargo del interés superior de todas estas niñas y niños, porque no se pueden dar las mismas vías de de gestión cuando se trata de de niñas niños adolescentes».
Otro elemento es que, aunque los acuerdos bilaterales se enfocan en un trato más digno a las personas migrantes, en realidad, la política entre Estados Unidos y México sigue siendo la de la contención en as fronteras.
Para González, la política de contención migratoria ya está pactada, pues la apertura de nuevas vías de regularización en los Estados Unidos, sumado a un mayor otorgamiento de visas, conllevan el compromiso para México de contener l migración en sus fronteras, algo que México ya está haciendo.
«Creo que ante esto, el gobierno de nuestro país tiene la oportunidad de, al menos, sensibilizar a todos estos agentes, ya sean del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional, para que respeten los derechos humanos de las personas».
Pese a esto, ejemplos de detenciones o tragedias como las de la estación migratoria en Ciudad Juárez, dan cuenta que este trabajo se está haciendo poco, o nada.
«El tema es que el Instituto Nacional de Migración, o los de la Guardia Nacional, pues no sabemos si acaban de llegar a estos puestos, o vengan con un vicio de administraciones pasadas. Seguimos sabiendo de agentes que piden dinero a las personas, o que les venden documentos para que tengan un permiso legal de estancia. Entonces, el aparato interno sigue estando tan dañado y tan violento».
Para González, aunque contener y limitar viola la movilidad humana (aunque viola la Constitución), no es comparable con contener y además atentar contra los derechos humanos de las personas en tránsito.
«Si contienes, y además violas otros derechos y no les das acceso a la justicia a los que te comprueban que el Estado mexicano violó sus derechos, pues entonces ahí es como que el mismo Estado mexicano no se está ayudando dentro de una tarea que de por sí ya es difícil».
Pese a esto, Rebeca González es optimista, y cree que el arribo Alicia Bárcena puede abrir otras puertas al cambio de la política migratoria en México y transitar a una donde el paradigma no sea la contención y militarización de la frontera, sino una política social que atienda las causas de la migración.
Antes sólo se hablaba de cooperación y de seguridad, pero en este momento se habla de atender las causas. Antes te decían que iban a cooperar, pero no te decían cómo. Creo que en este momento, aunque sigue siendo una relación de poder entre México y Estados Unidos, los países del mal llamado eje norte al menos muestran una afinidad, aunque no se diga abiertamente, con el presidente López Obrador. Eso no pasaba con gobiernos anteriores, ya sea con Fox, Calderón, o con el propio Peña Nieto. Ahora, hay un cierto respaldo a la política del presidente Andrés Manuel, y eso es algo positivo y da pie para hacer otras cosas».
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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