Por primera vez en la historia México aplica una severa estrategia de militarización para contener el flujo migratorio del sur. Eso provoca múltiples violaciones de derechos humanos que se documentan en el informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México

Texto: Alberto Nájar

Foto: Isabel Mateos

México mantiene una estrategia militar para contener la migración.

Es la primera vez en la historia que se aplica una operación de grandes dimensiones con el uso de todas las Fuerzas Armadas del país, para contener el flujo de personas migrantes que provienen del sur.

El uso intensivo de militares para asegurar las fronteras provoca múltiples violaciones en los derechos humanos de esta población vulnerable. 

Y lo más grave: no parece existir, en el corto plazo, un incentivo para modificar la estrategia y su costo en la vida de miles de personas.

Los datos forman parte del informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, presentado este martes por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Se trata de un informe investigado a lo largo de un año, en el que participaron varias organizaciones de derechos humanos, así como la Red de Periodistas de a Pie.

El documento advierte que las Fuerzas Armadas son las que detienen el mayor número de personas migrantes, muchas de ellas de forma arbitraria y con base en el perfil racial de las víctimas.

Esto provoca abusos, especialmente contra mujeres. La situación se detectó especialmente en Tijuana, Baja California, así como en Tapachula, Chiapas. 

De acuerdo con el informe “las mujeres afrodescendientes, indígenas, provenientes de entornos de extrema pobreza son víctimas de discriminación interseccional derivada de abusos que involucran aspectos étnico-raciales, de género y de clase”.

La mayor parte de los abusos se concentran en la Guardia Nacional (GN), la corporación militarizada que en este gobierno recibió la facultad de ejercer tareas de control migratorio en el país. 

Pero en la estrategia, amparada bajo el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, participan elementos de todas las Fuerzas Armadas según ha reconocido el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

La operación implica el despliegue promedio de 28 mil militares que cada mes son asignados a la custodia de las dos fronteras terrestres.

El despliegue obliga a las personas migrantes a buscar caminos de alto riesgo para seguir su viaje al norte, lo cual aumenta su vulnerabilidad.

Muchos se exponen “a múltiples riesgos que incluyen muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abusos de autoridad, situaciones climáticas extremas, accidentes en tren, marítimos y carreteros entre otros”.

El informe documenta la muerte de migrantes y solicitante de asilo porque la GN y el Instituto Nacional de Migración (INM) “incumplieron con el deber de debido cuidado para garantizar y salvaguardar la vida de las personas”.

Detención histórica de migrantes

El uso de militares como parte de la estrategia de contención migratoria no es nuevo, pero en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha profundizado.

De hecho, en ninguna otra administración en la historia del país se ha destinado a tantos elementos para ese propósito.

Con Vicente Fox, por ejemplo, se asignó a más de 18 mil integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la Operación Centinela, diseñada para proteger instalaciones estratégicas y que también incluyó la contención de personas migrantes en la frontera sur.

En el actual gobierno se tomó la decisión de sustituir a mandos civiles por militares en puestos clave del INM. A esto se suma el incremento de agentes de la GN en instalaciones del Instituto como lo documentó el informe.

En algunos casos la Guardia Nacional asumió el control de estaciones y puestos de revisión migratoria, como sucede en Chiapas.

No es todo. La GN ha sido una de las herramientas para la expulsión masiva de personas migrantes, quienes son deportadas de manera exprés por la frontera con Guatemala.

Estas acciones forman parte de la estrategia central del actual gobierno hacia la migración internacional, y que fue definida por Sandoval González el 27 de agosto del año pasado.

En la conferencia de prensa matutina celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el secretario de la Defensa dijo que en la frontera existen operaciones del Ejército, la Marina y Guardia Nacional apoyados por la Fuerza Aérea.

“Todas estas actividades tienen diferentes objetivos, el principal: detener toda la migración que es uno de los planes que se tienen”.

Así, en los primeros tres años de esta administración se han detenido a más personas migrantes que en los sexenios completos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Entre diciembre de 2018 y hasta marzo de este año se habían rescatado -la forma como este gobierno define las detenciones de migrantes- a 846 mil 927 personas migrantes.

En el período de Peña Nieto se capturó a 823 mil 95, mientras que con Calderón la cifra fue de 509 mil 402 personas. Con Vicente Fox se detuvo a un millón 89 mil 936

De mantenerse la tendencia el de López Obrador sería el gobierno con mayor detención de personas migrantes de la historia.

Los datos corresponden a las estadísticas históricas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El informe Bajo la bota advierte, sin embargo, que existen contradicciones y falta de claridad en las cifras detenciones. 

De acuerdo con respuestas a peticiones de información el sistema de Transparencia las cifras que presentan las Fuerzas Armadas son, en algunos casos, diez veces mayores a las del INM.

En todo caso, es claro que los militares concretan más detenciones de personas migrantes que las autoridades civiles.

De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, es grave que se utiliza “la apuesta más letal de un país en contra de las personas más vulnerables”.

Recomendaciones binacionales

El informe Bajo la bota presenta una serie de recomendaciones a los gobiernos de México y Estados Unidos.

En el primer caso, por ejemplo, se demanda “cesar con prontitud la respuesta militarizada a la migración y otras formas de movilidad humana” a través de modificaciones legales que impidan a personal militar participar en funciones de vigilancia, revisión y contención migratoria.

También se pide eliminar de la Ley de Migración las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas.

La medida, que se aplica desde hace varios años, representa una violación a las garantías constitucionales de las personas según estableció recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otra recomendación es eliminar de toda política pública en el país la detención de personas migrantes, y en “los casos excepcionales” en que eso ocurra se debe garantizar que los espacios de detención “cuenten con todas las medidas para proteger la vida e integridad de las personas”.

Al gobierno de Estados Unidos las recomendaciones contemplan suspender todas políticas migratorias y de relaciones exteriores en la región que se basan en la detención y uso de la fuerza.

Una demanda central es dejar de promover, desde el gobierno estadounidense, “la militarización de la gestión migratoria en la región, la cual dejará graves consecuencias en la vida de personas migrantes, solicitantes de asilo y sus familias”.

Y una más: el congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias hacia la región de su política de impulsar acuerdos migratorios de tercer país, con los que se obliga a los firmantes a aceptar a todas las personas deportadas que hayan pasado por su territorio en el camino a Estados Unidos.

Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México se hizo con el apoyo de Open Society Foundations, en alianza con organizaciones de derechos humanos locales como Derechoscopio en Baja California, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) de Chihuahua y Uno de Siete Migrando, del mismo estado.

El informe es también un ejercicio pocas veces visto en México y América Latina, pues se hizo con el trabajo en equipo de defensores de derechos humanos e integrantes de la Red de Periodistas de a Pie.

La unión de miradas distintas de los equipos permitió una documentación más integral del tema, así como una aportación con mayores elementos para una eventual respuesta y solución a la problemática de militarizar la política migratoria del país.