Después de una semana de tensión, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para evitar subir los aranceles: México debe endurecer las medidas migratorias en la frontera con Centroamérica. El gobierno mexicano endureció la presencia militar en la frontera sur desde esta semana

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Darinel Zacarías

Tras varios días de negociaciones, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para evitar la imposición arancelaria a la exportaciones mexicanas con la que había amenazado el presidente de ese país, Donald Trump, si es que México no controlaba la migración irregular.

Con este acuerdo, México se compromete a endurecer sus acciones para contener el flujo de migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos, que en los últimos meses superó cifras históricas. Entre estas acciones, se incluye el despliegue de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur para coadyuvar en tareas de migración.  

Además, Estados Unidos regresará a México a los migrantes que buscan asilo político en ese país, mientras que México se comprometió a implementar programas de trabajo, salud y educación a dichos migrantes mientras las autoridades estadunidenses desahogan su trámite de asilo, según estipula la sección 235 de la ley de inmigración de ese país. Estas acciones ya se llevaban a cabo en ciertos puntos de la frontera, sin embargo ahora, abarcarán toda la franja.  

De acuerdo con lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este plan es una muestra del respaldo que da Estados Unidos al plan mexicano de llevar desarrollo económico a los países centroamericanos.

“Estamos satisfechos con el acuerdo, y nos gustaría que si estas cosas funcionan, sobre todo para nosotros, el acuerdo regional para Centroamérica, encontremos una solución de fondo al problema que estamos teniendo el día de hoy”, aseguró Ebrard al término de la reunión de negociación.

Además, México se comprometió a fortalecer sus medidas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas así como su redes de financiamiento y transporte ilegal.

El pasado 30 de mayo Donald Trump aseguró que si México no frenaba la llegada de inmigrantes indocumentados a su frontera sur, impondría un arancel del cinco por ciento a todos los productos mexicanos. De ahí, irían aumentando cada mes, de cinco en cinco por ciento hasta llegar al 25 por ciento.

Desde el pasado miércoles 5 de junio, una comitiva del gobierno Mexicano, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para reunirse con el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo. Esas negociaciones se extendieron por tres días antes de alcanzar el actual acuerdo.

Hoy, el canciller mexicano aseguró que el lunes llegarán los seis mil elementos del ejército a la frontera sur, donde apoyarán con tareas migratorias.

El presidente aseguró en su conferencia matutina que la llegada de los militares a la frontera es parte del programa de seguridad de la Guardia Civil, y que su tarea será coadyuvar en tareas migratorias de apoyo. “No es para detener migrantes, es para seguridad pública”, dijo.

Desde ayer el presidente López Obrador convocó a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Un mitin con el que pretendía hacer frente a las amenazas de Donald Trump.

Fortalecimiento inmediato de la frontera

Mientras el presidente prepara para su acto por la amistad en la frontera norte, en el sur, las medidas para detener la migración van en aumento. En estos días, elementos de la Policía Militar que integran un sector de la Guardia Nacional se sumaron a agentes de migración en ocho puntos de contención.

Estas acciones alejan la idea que pregona el presidente de dar un trato humano a los migrantes. De acuerdo con un comunicado del Colectivo Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, integrado por decenas de organizaciones defensoras de migrantes,  el avance en la militarización de la frontera sur la aleja de un enfoque de Derechos Humanos.

Incluso las acciones para desmantelar las redes de trata se han empezaron a acelerar desde hace dos días. El miércoles pasado la Fiscalía General de la República detuvo a Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, activistas por los derechos de los migrantes de la organización Sin Fronteras. Ambos han acompañando activamente las últimas caravanas de migrantes que han pasado por el país.

Cristóbal Sánchez, por ejemplo, había sido detenido por policías de la Ciudad de México el pasado 15 de febrero en las inmediaciones de la Magdalena Mixhuca por presuntas quejas vecinales. En esos momentos, Cristóbal acompañaba a una de las multitudinarias caravanas de migrantes que desde noviembre del año pasado no han parado de cruzar México rumbo a Estados Unidos.

Un día después, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la encargada de perseguir cuentas con recursos ilícitos y a sus titulares, congeló 26 cuentas de personas físicas y morales que presuntamente se involucraron en el tráfico de migrantes y en la “organización ilegal de caravanas migrantes”.

Esa unidad siguió una de estas caravanas migrantes en su tránsito por México y detectó operaciones y transferencias financieras frecuentes de Querétaro hacia seis ciudades fronterizas de Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

A partir de ello la unidad de inteligencia presumen que dichas cuentas se usaron para el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues según dijeron en un comunicado, descubrieron una relación entre el paso de las caravanas y los depósitos realizados a cuentas de dichas ciudades fronterizas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

La fiscalía acusa a los activistas de tráfico de migrantes, un delito federal. De acuerdo con la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, ambas detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial adecuada, por sujetos vestidos de civil.

Si la fiscalía no logra sostener dichos cargos en contra de ambos activistas, esta podría significar una pifia atroz para el gobierno, Leticia Calderón Chelius, experta en migración.

“Dado que es una denuncia muy pesada, toca a la autoridad demostrar plenamente lo que están diciendo y llevar con absoluta transparencia el dicho y el hecho. Porque no es una acusación por cualquier cosa. No podemos adelantar nada sin que la autoridad no demuestre fehacientemente con pruebas la acusación”.