El meollo en el caso de las colectivas de mujeres y feministas es que su organización es política y no configura un delito, aunque pueda representar una amenaza para el gobierno actual en términos de oposición de discursos. Pero vigilar, recopilar datos personales y mantener la persecución de sus miembros, sí vulnera los derechos más básicos de las mujeres.

Por: Celia Guerrero

Hace unos meses, en septiembre de 2022 conocimos sobre la filtración de información que un grupo de hackers extrajo de las comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): los #GuacamayaLeaks. Parte de esa información reveló el seguimiento del organismo militar a grupos de mujeres y feministas mexicanas, así como la generación de perfiles que incluían datos personales de sus integrantes y el registro de su activismo, por considerarlas como una “posible amenaza”.

Esos documentos de la SEDENA fueron analizados por Colectivas Organizadas Contra el Espionaje (COCE) y muestran que el seguimiento a las mujeres organizadas sucedió por lo menos hasta finales del 2019, principalmente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero, además, en un ejercicio de memoria necesario, la COCE miró hacia hacia atrás y ahora publican una serie de investigaciones enfocadas en retratar “medio siglo de espionaje político al feminismo mexicano”.

En el especial Lo que no callaron las olas, las organizaciones que integran la COCE apunta a un periodo histórico que resulta documentable en la actualidad porque los aparatos de vigilancia estatal establecidos en esa época dejaron constancia de ello: oficios, fichas, informes. Sin embargo, es muy probable que la vigilancia estatal a las mujeres organizadas sea incluso anterior.

A veces hay que señalar lo obvio y recordar que el feminismo y la organización política de las mujeres no iniciaron ayer ni con la primavera morada. Por eso es que el ejercicio de memoria de la COCE resulta indispensable para dimensionar el contexto represivo actual.

También, mirar la película un poco más completa nos permite comprender que la organización de las mujeres y feminista en este país se ha caracterizado por ser una verdadera afrenta al statu quo desigual —entiéndase, Estado patriarcal— por más que el aparato institucional haya coaptado para sus intereses a varias generaciones de feministas, incluida la actual, como quienes ahora promulgan dentro de sus círculos que el patriarcado no existe o que hay un feminismo obradorista (sic).

En el acervo del Archivo General de la Nación, las fichas emitidas por la Dirección Federal de Seguridad han sido analizadas por investigadores, historiadores, académicos, durante años para dar cuenta del terrorismo de Estado que incluyó la vigilancia y represión de movimientos sociales y disidencias políticas organizadas principalmente en la década de 1970. Pero es ahora que se pone foco a la representación feminista que formó parte importante de esos grupos atacados.

La documentación analizada por COCE se remonta a 1974 y en ella el activismo de mujeres feministas —que no son los primeros en organizarse, pero sí las primeras que pueden asegurar fueron espiadas— se centra en protestas a favor de la interrupción legal del embarazo.

En total documentaron la existencia de 30 identificadores de la Coalición de Mujeres Feministas, una organización “relacionada a la militancia proaborto en México” y “la colectiva con mayor número de expedientes relacionados con esa época”, apuntan. El espionaje de la DFS también incluyó a la Red Nacional de Mujeres, el Comité de Lesbianas y Homosexuales, entre otras agrupaciones identificadas en la investigación.

Sin embargo, un análisis más profundo de los Archivos de la Represión es necesario para continuar identificando el espionaje a las mujeres organizadas. Tendríamos que considerar que muchos de los grupos campesinos, estudiantiles, obreros, identificados como subversivos fueron impulsados y sostenidos por mujeres —aunque no necesariamente se nombraran feministas— e incluyeron en sus luchas y exigencias los derechos específicos de ellas.

Ayer como hoy, un gobierno que espía a quienes defienden sus derechos solo puede ser catalogado como un gobierno represor. Y utilizar el aparato gubernamental para extraer información de grupos organizados es espiar, aunque el presidente prefiera utilizar eufemismos y decir que son labores de “inteligencia”. El meollo en el caso de las colectivas de mujeres y feministas es que su organización es política y no configura un delito, aunque pueda representar una amenaza para el gobierno actual en términos de oposición de discursos. Pero vigilar, recopilar datos personales y mantener la persecución de sus miembros, sí vulnera los derechos más básicos de las mujeres, como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y opinión.

Celia Guerrero

Periodista