Desconfianza en las autoridades, un alto número de delitos patrimoniales, y condiciones de pobreza, son factores que comparten los municipios con más casos registrados, de acuerdo con el informe del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla
Texto: Cristian Escobar Añorve / Lado B
Foto: Lado B
En Puebla se registraron 391 eventos de linchamientos de enero a diciembre de 2019, según el informe “Justicia por propia mano: Análisis de los linchamientos en el estado de Puebla, 2019”; esto incluye intentos de linchamiento (en los que no hubo personas fallecidas) y linchamientos (en los que sí falleció alguien).
Sin embargo, según el mismo informe del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (Ccsjp), el registro oficial de eventos de linchamientos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en ese año contabiliza 276, es decir, 115 menos.
Para realizar su investigación, el Observatorio, además de apoyarse en datos de la Segob y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, realizó una búsqueda hemerográfica.
Detectaron así que los municipios del estado que presentaron más casos son aquellos que concentran tasas de carpetas de investigación por encima de la media, esto es, donde hay una mayor incidencia delictiva.
Otros de los factores presentes en dichos municipios son un alto número de delitos patrimoniales (hurto, robo a casa habitación o negocio, estafa, defraudaciones, etcétera); una tasa de pobreza por debajo de la media, es decir, con un menor flujo de bienes en estos municipios.
Concretamente, los diez municipios en el estado con más eventos de linchamientos registrados en 2019 fueron: Puebla (121), San Martín Texmelucan (24), Amozoc (18), Tehuacán (16), Atlixco (8), Tlahuapan (7), San Pedro Cholula (6), Tepeaca (6), Izúcar de Matamoros (5) y Cuautlancingo (4).
En un panorama nacional —basado en el Informe Especial Sobre Linchamientos en el Territorio Nacional, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en 2019—, Puebla es la segunda entidad con más eventos de linchamiento cometidos entre 2015 a 2018, rebasada tan sólo por el Estado de México. Además, Puebla capital y Tehuacán se encuentran entre los diez municipios con más eventos de linchamientos registrados en dicho periodo, en segundo y séptimo lugar, respectivamente.
De acuerdo con Alejandro Espriú Guerra, director ejecutivo del CCSJP, la justicia por mano propia ha incrementado en Puebla debido, en buena parte, a la desconfianza hacia las autoridades, lo cual pone en duda la capacidad de las instituciones y del gobierno para brindar seguridad; esto propicia que la ciudadanía actúe por cuenta propia, lo cual termina por limitar el desempeño de las instituciones, generando así un círculo vicioso.
Por otra parte, Luz Ányela Morales Quintero, profesora e investigadora de la facultad de Derecho y Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), resaltó la pertinencia del esquema propuesto en el informe elaborado por el Observatorio, el cual trata de brindar una explicación al aumento del fenómeno del linchamiento en Puebla.
Así, para Morales Quinteró, además de las deficiencias en las instituciones encargadas de impartir seguridad y justicia, existen otros factores como: alta percepción de inseguridad, sentimientos de indignación, indefensión, frustración e irritación; altos índices de pobreza, desigualdad y desempleo, así como pocas posibilidades de movilidad social (condiciones asociadas con la vulnerabilidad de una población en específico), que intervienen al momento de tratar de explicar este complejo fenómeno.
De entre los cinco estados con mayor número de eventos de linchamientos registrado, el estado de Puebla es de los pocos que cuenta con un protocolo de actuación para casos de linchamientos (“Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento en el Estado de Puebla”).
No obstante, cuantificar el éxito de la implementación de esta estrategia, muchas veces resulta en un análisis sesgado, opinaron expertos en el tema, reunidos en en el conversatorio posterior a la presentación del informe del Observatorio, el 14 de noviembre vía transmisión en Facebook.
Por ejemplo, María del Rocío Vázquez Olivos, jefa de oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Segob —quien estuvo en la presentación del informe— explicó que una manera de evaluar el éxito de dicho protocolo es contabilizando las veces en que el evento de linchamiento no involucró fallecidos, y el número de personas rescatadas con vida de los propios eventos de linchamiento.
Así, de acuerdo con cifras de la Segob, de los 276 eventos de linchamientos que la dependencia tiene registrado, en 262 casos los agentes de seguridad lograron rescatar con vida a las víctimas, representando un 95 por ciento de éxito en la aplicación del protocolo.
Por otra parte, de las 362 personas que fueron objeto de linchamiento en los 276 eventos registrados por la Segob, 94.5 por ciento, es decir, 342, fueron rescatadas con vida.
Sin embargo, para Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, el número de eventos en los que un linchamiento no termina en el fallecimiento de una de las víctimas, no es un buen parámetro para medir el éxito del protocolo de actuación para casos de linchamientos, pues existe una buena cantidad de eventos que tienen la intención únicamente de castigar violentamente a alguien, y en otros directamente se busca acabar con la vida de las víctimas.
Así pues, discernir entre estos dos subtipos de fenómenos, se vuelve una tarea pendiente para comprender, a mayor profundidad, la compleja dinámica de los linchamientos y, posteriormente, generar políticas públicas que apunten a contener con mayor eficacia este delito.
Por último, en el informe se destacó que es urgente contar con una definición clara de linchamiento y acuerdos entre las instituciones encargadas de registrarlo. Por ejemplo, respecto al registro tanto de los casos con víctimas mortales como de aquellos en los que las víctimas sobreviven —como señaló Luna de la Mora—.
Aún así, concluyeron los participantes, tipificar este delito no es la solución a este complejo problema. La construcción de medidas de prevención contra los linchamientos, atacar de raíz las desigualdades económicas y sociales, así como la implementación de políticas públicas contra este delito, sí puede contribuir a que en el estado de Puebla, se deje de presentar de manera tan frecuente este fenómeno delictivo.
El informe completo puede descargarse en la biblioteca virtual del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona