Julia y Georgina Vargas son otras víctimas de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, que ordenó desalojarlas de la vivienda que heredaron en Azcapotzalco

Texto y foto: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado 19 de junio, más de mil policías se plantaron frente al edificio donde viven Julia y Georgina Vargas Arandas, de 76 y 89 años para despojarlas de su vivienda, sin una notificación previa. Junto con ellas estaban una persona de 53 años con discapacidad motriz (hijo de Julia), y tres personas menores de edad.

La orden la dio la Fiscalía Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) y su ministerio público, Vicente Castellanos. Las acusaron, paradójicamente, de despojar a otra persona, Juana Juárez Ledezma. Algo imposible, pues Julia y Georgina son herederas del inmueble. 

La Fidampu desalojó a otras cuatro familias, además de las de las Vargas Arandas, que habitaban en los predios 45 y 24 de la calle Francisco Villa en el pueblo de San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco.

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Los hechos 

A las 10:45 de la mañana del 19 de junio, sin una notificación previa, más de mil policías  ingresaron a los predios en Azcaptozalco para realizar el desalojo. 

Según relata la representante de las familias y del Proyecto Democrático de Vida Digna A.C, Raquel Almanza, durante el aseguramiento a los menores de edad se les separó de sus familiares durante dos horas, mientras les decían que serían trasladados al DIF.

Por su parte, el hijo de la señora Julia relató que cuando llegaron los policías les dijo que no podían entrar; entonces, los agentes se abrieron paso por la fuerza y lo sacaron entre jaloneos y empujones. Luego lo detuvieron, acusado de resistencia de particulares.

Cuando los policías lograron hacer que las personas abandonaran sus hogares, comenzaron a agredir a las familias con sus escudos. Las familias se replegaban hacía un carro donde se encontraban dos oficiales. Al llegar al vehículo quedaron sobre el toldo y este se echó de reversa para que se cayeran. Un vecino se alcanzó a agarrar y fue arrastrado.

Vecinos que se encontraban en la zona comenzaron a gritarle que lo iban a matar. El automóvil de los policías sólo pudo detenerse gracias chocó con otro auto. En ese momento los vecinos decidieron golpear la patrulla, como respuesta a la impotencia.

Argumentos inconsistentes 

Raquel Almanza denuncia que el aseguramiento del inmueble fue un acto ilegal debido a que la Fiscalía se tomó atribuciones del Instituto de Vivienda al hacer el aseguramiento del inmueble. Explica:

“En  2005 muere Regino Vargas Vargas (apoderado legal del inmueble). En agosto del 2005 se declara como únicos y universales herederos a sus hijas e hijo: las señoras Julia, Maria Georgina y Regino Vargas Aranda”.

Para 2013, dice la abogada, llegan personas asegurando que eran propietarias del inmueble con el fin de venderlo. Ahí interviene la Asamblea de Barrios Grupo Legaria y se levanta una denuncia por despojo, en donde afirman que se celebró un contrato con el antiguo dueño del inmueble.

Esto, de acuerdo a la representante de la familia, es erróneo. El argumento es que Regino Vargas Aranda firmó un contrato en el Instituto de Vivienda para portar los inmuebles como albacea de la sucesión de Regino Vargas Vargas, el dueño original.

Bajo ese contexto se comienza un juicio civil con el Instituto de Vivienda para darles el otorgamiento y firma de escrituras. Solo se condena a una de las sucesiones, a la entrega y a la desocupación, a favor del Instituto de Vivienda, ya que las dueñas del predio habían acordado firmar un fideicomiso para trasladar el dominio a cambio de un monto que se había acordado.

Sin embargo, este juicio civil se encuentra en pausa debido a las vacaciones. Esto, de acuerdo al testimonio, era sabido por Juana Juárez Ledezma, la persona que presentó ante la Fiscalía una denuncia por despojo en 2022, pese al juicio que está en proceso donde se reconoce que las familia Vargas Aranda tiene la  posesión de toda la vida.

En la denuncia presentada por Juana Juárez Ledezma, integrante de la Asamblea de Barrios Grupo Legaria, se asegura que se celebró un contrato de compra por dos inmuebles: el 24, actualmente 37 y por el 45, pero aseguran tres inmuebles, el 24, el 24 interior y el 45, sin notificación previa.

Fabricar delitos para intimidar

Respecto a la detención del hijo de la señora Julia, fue hasta las 7 u 8 de la noche que pudieron dar con su paradero: las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde lo trasladaron por el delito de resistencia a particulares. Por esta acusación, el hijo de Julia pasó una noche en el reclusorio norte para una audiencia de control con el fin que un juez lo consignara.

Fue gracias a Raquel Almanza y a su insistencia que se logró la liberación. Ella argumentó que se equivocaron al momento del aseguramiento, puesto que a él lo detienen en el 24 interior, un inmueble distinto al disputado por Juana Juárez.

Aunque al momento del aseguramiento del inmueble no se encontraba al interior, Raquel Almanza menciona que se le abrió una carpeta de investigación por daños a propiedad ajena, por incitación a que golpearan a la gente de la fiscalía.

Además, asegura que una semana después “fue un policía de investigación diciendo que me estaba buscando. Entonces, yo le pedí que me diera el número de carpeta, y apenas me estoy enterando qué número de carpeta es. No sé bien de qué delitos me están implicando, pero sí hablaban de una tentativa de homicidio”.

La finalidad de estas carpetas de investigación, asegura la representante legal, es tratar de silenciar a quienes luchan contra los despojos articulados desde Fidampu y luchan por una vivienda digna, sin embargo afirma que no lo conseguirán. 

Ahora, la abogada se encuentra en espera de conocer de qué se le está acusando exactamente.