El gobierno mexicano actualizó el número oficial de personas desaparecidas de 40 mil a 61 mil 137. Desde 2006, se han hallado en el territorio mexicano 3 mil 631 fosas clandestinas

Texto:: Redacción Pie de página

Foto: Mónica González / Archivo

Desde 1960 al año 2019 hay 61 mil 637 personas desaparecidas en México, 5 mil 103 sin vida. El 97 por ciento de ese total han sido desaparecidas a partir del año 2006 cuando Felipe Calderón militarizó la seguridad pública del país e inició la llamada guerra antidrogas.

Los estados con mayor número de registro de personas desaparecidas son Tamaulipas, Jalisco, Edomex, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz; mientras que Campeche, Tlaxcala y Tabasco son los que menos registro tienen.

Lo anterior lo dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación, en una conferencia de prensa presidida por Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Karla Quintana.

Los años en que más personas desaparecidas han sido registradas son 2017 con 7 mil 595, 208 con 5 mil 976 y 2016 con 5 mil 537; los años en que menos son 2006 con 193, 2007 con 758 y 2008 con 983.

Los registros de las personas desaparecidas siguen en ascenso: en el actual sexenio suman 9 mil 164 registros.

Del total de personas desaparecidas, el 74 por ciento son hombres y el 25 por ciento son mujeres. Los estados con más mujeres registradas desaparecidas son Estado de México, Tamaulipas y Jalisco.

En el registro histórico de 61 mil 637 personas desaparecidas la gran mayoría está entre los 20 y 35 años de edad para hombres y entre los 15 y 24 para las mujeres.

Asimismo, se informó que desde el año 2006 a la fecha se han encontrado 3 mil 631 fosas clandestinas, siendo los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa los que más fosas registran; mientras que Guanajuato, Querétaro y Oaxaca registraron cero. 

En lo que va de esta administración se encontraron 873 fosas en 519 sitios, de ellas se exhumaron mil 124 cuerpos; 395 fueron identificados y 243 se entregaron a sus familiares, según la información que dieron a conocer.

Sin registro ni metodología

Los datos de desaparecidos y fosas (que sobrepasan por mucho los registros publicados de manera oficial a la fecha, el último en el 2018 contabilizó 40 mil desaparecidos), fueron generados a partir de información que las fiscalías estatales entregaron a la federación, dijo Karla Quintana, por lo que los datos podrían significar también que hay estados con mayor calidad de información y registro que otros. Sólo 19 de las 32 entidades entregaron información.

Data Cívica, una organización de la sociedad civil que ha pugnado por la liberación de datos oficiales y certeros sobre personas desaparecidas, cuestionó a través de su cuenta oficial de Twitter que Segob proporcione datos sin metodología. 

“Segob dio a conocer cifras nuevas sobre la cantidad de personas desaparecidas y sobre el número de fosas identificadas. Ni la metodología que utilizaron para llegar a estas cifras actualizadas, ni los microdatos -Segob solo dio a conocer totales generales- son públicos. En Data Cívica pensamos que cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutinados por la sociedad civil, no sólo no ayudan sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país”, por lo que urgieron a la CNB y a Segob a que cumplan la Ley General de Desaparición y transparente los microdatos y metodología.

La Ley General de Desaparición señala en su artículo 2 que se debe crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, “que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas” y que ese registro, bajo administración de la CNB, debe ser público.

Asimismo, se debe crear el Registro Nacional de Fosas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

Estos dos registros -entre un total de cinco registros y bancos de información- son la materia prima con la cual debe trabajar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De acuerdo con los artículos transitorios de la ley, a los 180 días de publicada -noviembre del 2017- se debió instalar el Sistema Nacional y publicar los lineamientos de su funcionamiento; y a los 180 días de ello -aproximadamente en noviembre del año 2018- “la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”. Sin embargo, esos tiempos se han retrasado. La instalación estaba prevista para octubre del 2018, pero no hubo quórum, por lo que se instaló en marzo del 2019. Aún así, contando los 180 días que prevé la Ley en sus artículos transitorios, el Registro Nacional tiene retraso en su publicación.

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