El secuestro de migrantes es un delito imparable, que no ha logrado frenarse, ni siquiera con la militarización de las fronteras. Con frecuencia los delincuentes son apoyados por autoridades locales. Aquí una historia de horror, común en el infierno migrante que es México

Texto: Rocío Gallegos

Fotos y video: Alicia Fernández

CIUDAD JUÁREZ.- Irene temblaba mientras corría en la oscuridad junto a su hija de 9 años. Minutos antes habían escapado de una casa donde permanecieron secuestradas por casi dos meses.

Habían llegado a esta ciudad fronteriza desde El Salvador, de donde son originarias, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

No lo consiguieron. En vez de encontrar una mejor forma de vida fueron encerradas junto con otras 15 personas migrantes, todas de Centroamérica.

“No sabía ni para donde agarrar”, cuenta Irene. Su nombre real fue cambiado por seguridad pues el grupo que la secuestró es apoyado por supuestos policías locales.

Además, ella aún permanece en la población donde sufrió el plagio. “Llevaba ganas de llorar, yo me sentía con miedo, pero miedo horrible de que me encontraran en la calle”, recuerda.

Mientras escapaba de su secuestro, llamó a uno de sus familiares quien le aconsejó pedir apoyo a la policía. “Me dijo: ‘te van a ayudar’. Le respondí que no le ayudan a uno, ellos mismos me van a volver a llevar a ese lugar”.

La mujer de 26 años sabe de lo que habla. En algún momento durante el largo período de su plagio escuchó que se acercaba una camioneta. Inclusive vio las luces características de una unidad policíaca.

“Un día yo me alegré cuando oí la patrulla y vimos las sirenas. Dijimos ‘ya nos van a sacar de aquí’. ¡No!, entraron (policías) encapuchados con otros dos hombres y nos dijeron ‘apúrense, apúrense, agarren sus cosas que nos vamos de aquí”.

Luego “nos metieron a las patrullas y, en el camino, ellos platicando como si nada. Nos llevaron a otra casa y nos dejaron ahí”.

Irene asegura, sin dudar, que agentes policiacos que se trasladan en unidades que traen la leyenda de Policía Municipal y Policía Estatal, están “arreglados” con traficantes de personas, e inclusive utilizan sus unidades para trasladar personas migrantes de una casa de seguridad a otra.

Una compleja y grave situación para la mujer, quien huyó de El Salvador con una de sus dos hijas para escapar de amenazas de muerte por pandillas de Maras.

La intención era llegar a Virginia, en la costa este de Estados Unidos, donde la esperaba parte de su familia.

A Ciudad Juárez llegaron al mediodía de un jueves y de inmediato, a las 6:30 de la tarde, cruzaron la frontera y se entregaron a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo humanitario.

No lo consiguieron. A las 11 de la noche, fueron expulsadas a México donde se encontraron con un infierno.

Irene cuenta que intentó volver a cruzar la frontera y para ello se acercó a un grupo de traficantes de personas, conocidos como polleros.

La joven y su hija volvieron a suelo estadounidense y, otra vez, las regresaron. De nuevo en Ciudad Juárez, fueron secuestradas.

Los captores se comunicaron con sus parientes en Virginia y exigieron cinco mil dólares por cada una como rescate. Pero la familia no tenía ese dinero.

Una noche, tras varios días de negociaciones, los secuestradores les advirtieron que serían asesinadas. “Mi hija se puso a llorar y me dijo: ‘mamá ¿por qué nos van a matar?”, cuenta.

Secuestros imparables

El caso de la joven salvadoreña y su hija es frecuente en México, donde, según organizaciones civiles, la mayoría de las personas migrantes sin documentos sufren algún tipo de violencia a su paso por el país.

No es algo nuevo. El informe Especial sobre la Situación que Guarda el Tráfico y el Secuestro en perjuicio de las Personas Migrantes en México 2011-2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), establece que en la última década más de 70 mil personas migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en el país.

La mayoría de los casos ocurre en Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las víctimas fueron sobre todo personas migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

Pero no fueron todos los que se cometieron, pues el número real era muy superior. “Es una práctica de mayores dimensiones, que la que aquí se presenta y, por lo tanto, esta investigación arroja una cifra mínima”, advierte el informe.

En ese entonces se estimaba en al menos 20 mil los plagios anuales, comentó el quinto Visitador de la CNDH, Mauricio Farah, autor del informe. El secuestro de personas migrantes es común en el país. La Fundación para la Justicia (FJEDD) señala que, cada semana, reciben reportes de entre dos y tres secuestros de personas provenientes de Honduras.

También ha documentado numerosos plagios de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, que fueron obligadas a permanecer en territorio mexicano por la estrategia Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés).

Los datos se encuentran en el informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, elaborado por la FJEDD y otras organizaciones.

Abusos de EEUU

Directivos de albergues en Ciudad Juárez estiman que, al menos, ocho de cada 10 personas migrantes han padecido algún abuso, violación a sus derechos o una acción criminal en esta zona de la frontera norte de México.

La mayoría, sin embargo, no presentan denuncias ante las autoridades porque tienen miedo y desconfianza. Es el caso de Irene. “Si lo hago corro peligro y es lo que menos quiero”, dice.

La joven y su hija lograron escapar de su cautiverio y se refugiaron en un albergue para tratar de recuperarse de la amarga experiencia. Así ha vivido los últimos meses, a la caza de una oportunidad para volver a cruzar la frontera.

No es fácil. Ciudad Juárez es una zona de alto riesgo para las personas migrantes, advierte el informe Desordenado e inhumano, de Human Rights First y Hope Border Institute.

El documento se centra en la región de El Paso-Ciudad Juárez, donde organismos defensoras de personas migrantes documentan la situación que viven las personas migrantes, con base a testimonios y entrevistas a solicitantes de asilo humanitario en Estados Unidos.

“La política de expulsión está creando desorden, confusión y trauma, y ​​está empujando a los migrantes y solicitantes de asilo a emprender viajes peligrosos, y repetidos, para cruzar la frontera para llegar a un lugar seguro”, señala el informe.

“En Ciudad Juárez, gente expulsada por el puente internacional queda inmediatamente vulnerable a los secuestros y explotación”. Algo que ya se había establecido en el informe En la boca del lobo.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), que participó en la elaboración de ese informe, advierte que el gobierno estadounidense envía a las personas migrantes a una situación de grave riesgo en México.

Esto ocurrió durante la primera etapa del programa Quédate en México, y después se mantuvo con las expulsiones de personas migrantes bajo el decreto Título 42, que mantiene el gobierno de Joe Biden.

Se trata de una política de salud establecida por Donad Trump, a partir del 20 de marzo de 2020, para contener la pandemia de covid-19.

El programa consiste en sacar del país a las personas migrantes detenidas por la Patrulla Fronteriza, de manera expedita y sin concederles el derecho a una audiencia de asilo humanitario, como marca las leyes estadounidenses.

El argumento es que se trata de personas que pueden representar “un riesgo” para la salud de la población estadounidense durante la pandemia.

Hasta marzo de 2022, más de un millón 765 mil personas migrantes fueron expulsadas de esta manera, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Entre las personas afectadas por el Título 42 hay víctimas de secuestros y extorsiones, refiere Kuhner, y en no pocas ocasiones los delitos son cometidos por autoridades.

Eso eleva el nivel de riesgo para las personas migrantes, los activistas y organizaciones civiles que les apoyan.

El responsable de un albergue en esta ciudad cuenta que han detectado casos de mujeres, hombres y familias completas, que han sido secuestradas durante varios días o semanas.

Los traficantes los mantienen retenidos con engaños, mientras extorsionan a sus familiares en Estados Unidos, o bien, los entregan a otros grupos criminales.

En algunos casos, las personas migrantes son abordadas por policías locales, cuando llegan a la ciudad por el aeropuerto o la central de autobuses.

Los agentes suelen despojarlos de sus pertenencias, les extorsionan o secuestran. El activista entrevistado (solicitó el anonimato por seguridad) afirma que los superiores de los elementos están enterados de los abusos.

Los casos han sido expuestos a las autoridades locales “y no ha pasado nada”.

Las víctimas acusan no sólo a polleros y grupos criminales, sino también a policías de todas las corporaciones, incluyendo a personal dedicado a protegerles, que presuntamente trabaja en el INM.

“Ahora sí que no podemos apartar a nadie, la corrupción está extendida en todos los niveles de las autoridades, realmente llega en un momento en el que decimos que, ahora sí, no sabemos de quién cuidarnos”, cuenta el activista.

Para este reportaje se solicitó información a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sobre las denuncias presentadas por las personas migrantes y organizaciones civiles que les respaldan. No hubo respuesta.

De un infierno a otro

Desde el albergue en que se refugia junto con su hija, Irene recuerda los días aciagos de su secuestro.

No es fácil. Escapó de sus plagiarios, pero sabe que en cualquier momento puede volver al encierro: los perpetradores presuntamente están coludidos con policías municipales y estatales. Por eso pide no identificar la ubicación del albergue ni tomar fotografías.

La joven y su hija salieron de su comunidad en El Salvador, y durante 24 días viajaron hasta Ciudad Juárez con un grupo de polleros que las trasladó en autobuses, autos particulares, combis y hasta en taxis, pagando a militares y policías para que los dejaran pasar.

De ellos no supo más, después que las dejaron en el bordo del Río Bravo para que cruzaran a Estados Unidos. Fue el mismo día que fueron expulsadas por primera vez de ese país.

Esa vez, cuenta, se sintió angustiada porque no traía dinero. Otra mujer migrante que también fue expulsada le prestó para alquilar una habitación en un hotel a unos metros del muro fronterizo.

Ahí permaneció con su hija durante una semana, hasta que otra huésped la contactó con un pollero quien les ofreció llevarlas a Virginia por mil 500 dólares.

“Nosotros creímos, volvimos a confiar y pues nos fue mal porque nunca sucedió”, cuenta Irene. “Desde que salí del hotel todo lo que ellos dijeron nunca pasó”.

El traficante de personas las llevó a una zona conocida como Parque Las Tortugas, uno de los puntos de cruce de personas migrantes más frecuentado por los coyotes. Allí lograron pasar a suelo estadounidense pero las volvieron a expulsar.

“No sé ni cómo, ni qué contactos tienen las personas (polleros)”, dice. “Cuando me volvieron a sacar por el puente, estaba un taxista que me dijo ‘véngase’. ‘No’, le dije yo. ‘A usted no lo conozco’. ‘Yo a usted sí, la estoy esperando’, me dijo… Tenía mi foto y la de mi hija”.

Irene y su hija se subieron al taxi. “Nos llevaron de nuevo a la casa” de donde habían salido para cruzar de nuevo la frontera.

Ahí las mantuvieron dos semanas. Irene preguntaba a los traficantes cuándo volverían a cruzar. La respuesta fue esperar. “Decían: no podemos, ahorita está muy feo porque migración se ha reforzado más”.

En un momento les quitaron sus teléfonos móviles y les prohibieron salir de la casa. Un hombre que estavba retenido con ellas les aclaró su situación.

“Estamos secuestrados, ustedes piensan que es broma, pero no, nosotros estamos secuestrados”, dijo.

Irene se dio cuenta que los traficantes pedían dinero a sus familiares. Lo supo cuando la movían con su hija de una casa de seguridad a otra. Las mujeres estuvieron en tres lugares diferentes.

“Nos movían a medianoche o en la madrugada”, recuerda, porque supuestamente llegaría la policía. Pero lo que en realidad pasaba es que los agentes las movían de domicilio en unidades con logotipos de la policía municipal y del estado, asegura.

“Nos agachaban la cabeza para que nosotros no viéramos nada más, pero aunque uno vaya así agachado, uno siempre de reojo mira”, comenta.

Una madrugada uno de los cuidadores de la casa trató de llevarse a su hija. Irene se opuso y entonces la llevaron a otra habitación donde dos traficantes de personas la violaron.

Varios secuestrados trataron de ayudarla, pero no pudieron. Los polleros estaban armados y drogados.

Al paso de los días, algunas de las personas migrantes fueron liberadas y otras lograron escapar. Irene y su hija, junto con un anciano, fueron los últimos en quedarse en el lugar.

“Yo no hallaba para donde agarrar, no mandaban nada de dinero y decía ¿cómo me voy? Siempre me van a regresar si salgo a la calle, las autoridades de aquí están con ellos porque nosotros vimos las patrullas, los secuestradores nos movían en las patrullas y yo decía ‘no puedo confiar en ellos”, cuenta.

La casa se seguridad tenía cámaras de vigilancia y un portón con dos candados, siempre cerrado con llave.

Una noche, cuando habían pasado más de un mes en cautiverio, los cuidadores salieron a comprar cerveza y dejaron las puertas sin cerrar con llave. “Entonces agarramos nada más lo que andábamos puesto y mis documentos y nos salimos”, cuenta.

El señor que estaba ahí esperando su cruce, el último que quedaba junto a Irene y su niña, le dio 200 pesos. La mujer tomó su teléfono celular y salió corriendo junto a su hija; no pararon hasta llegar a una avenida donde encontró un taxista.

“Por favor ayúdenme, me acabo de escapar de una casa que me tenían secuestrada. Tengo que irme”, le dijo.

“Subiéndome al taxi me cayó la llamada de ellos, que me iban a hallar y si me hallaban me iban a hacer mil pedazos… Les corté y ellos a cada rato llame y llame y llame y llame”.

Irene se comunicó con un familiar, quien le recomendó ir al albergue donde ahora se encuentra.

Varios meses después de la traumática experiencia, confiesa estar arrepentida por salir de El Salvador y poner en riesgo a su hija.

Pero tiene pocas alternativas. Regresar a su país implica arriesgar la vida. Buscar ayuda de un pollero sería fatal: en Ciudad Juárez, como en todas las ciudades fronterizas de México, los traficantes de personas son parte de extensas redes de criminalidad.

Lo único que les queda es encontrar una forma de cruzar a Estados Unidos con documentos en regla.

Pero a la joven salvadoreña y su hija que escaparon de la pobreza y violencia en El Salvador, la opción de un visado del país donde esperan salvar su vida es muy lejana.

Sobrevive, literalmente, en el limbo de Ciudad Juárez.

(Con información de Gabriela Minjáres).

*Este trabajo forma parte de “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original.  www.bajolabota.com.mx

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Editor general: Alberto Nájar

Editor de fotografía: Duilio Rodríguez

Investigación y redacción: Rocío Gallegos y Rodrigo Soberanes

Foto y video: Alicia Fernández y Duilio Rodríguez

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