El movimiento ambientalista tiene dos banderas urgentes y concretas en torno a las cuales movilizarse: mejorar las instituciones de aplicación de la legislación ambiental, e impulsar la tipificación del ecocidio y la mejora de la legislación presente para impedir que sigan ocurriendo desastres ambientales como el Tren Maya

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La situación actual de la legislación ambiental mexicana es terrible. Por un lado, y como pasa en todo el mundo, las medidas y restricciones estipuladas por las leyes nacionales se han quedado cortas ante la magnitud de la destrucción del planeta y de los nuevos proyectos en marcha en el país. Por otra parte, ni siquiera se ha logrado imponer la mínima legalidad en materia ambiental, y el déficit en procuración de justicia ambiental es gravísimo. Así las cosas, urge una renovación a fondo de las instituciones de procuración de justicia ambiental y del entramado legal al respecto. 

Para ver lo mucho que han quedado a deber las autoridades encargadas de hacerla valer basta pensar en el Tren Maya. Ya era grave que se aceptara que el proyecto presentara manifestaciones ambientales por tramo, en lugar de una sola para todo el proyecto, pero fue todavía peor que las autoridades ambientales aceptaran la manifestación del Tramo 5 Sur con errores tan evidentes como aceptar que el proyecto no pasaría por encima de dolinas, cavernas y cenotes unas pocas páginas antes de especificar cómo haría para pasar por encima de dolinas, cavernas y cenotes. 

El hecho de que no haya pasado nada por la deforestación de enormes terrenos sin autorización, a pesar de que la ley dice con claridad que se trata de una infracción a la ley y que por veinte años no se otorgarán permisos de cambio de uso de suelo en donde se haya cometido dicha infracción, es también muy preocupante. La legislación ambiental, que creíamos muy clara, aunque menos exigente de deseable, resultó ser letra muerta.

Por otra parte, la decisión de emprender un proyecto de la envergadura del Tren Maya pasando por encima de esa legislación ambiental, con un enorme costo para los ecosistemas (desde la destrucción del acuífero subterráneo hasta el desmonte de cientos de hectáreas de selva) hace que el calificativo de delito ambiental se quede muy corto. Lo ocurrido va mucho más allá, y por suerte en la esfera global se está trabajando para establecer el tipo que lo describa a cabalidad y permita castigarlo con justicia: el de ecocidio. 

Hace tiempo que un grupo de juristas vinculados con o conocedores de la Corte Penal Internacional impulsa la adopción de legislación en el sentido de tipificar el ecocidio como un crimen. Ahora el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución para que en la legislación europea se contemple esta medida. En México podríamos avanzar por esa senda, tipificar nosotros mismos ese crimen e incluirlo en nuestro sistema penal. Esto sería muy importante, porque el país —con sus casi 200 mil hectáreas anuales de deforestación, sus cuerpos de agua agotados, sus pesquerías al borde del colapso— no puede darse el lujo de seguir destruyendo su capital natural. Hacerlo es, efectivamente, un crimen equiparable a los crímenes de lesa humanidad, por más que se repita el mantrade que si sirve para el crecimiento económico y crear unos pocos empleos precarios todo vale. 

Claramente, la tipificación del ecocidio no debe hacerse nada más para la foto ni con un mal trabajo legal de fondo que haga la medida inaplicable en los hechos. Hace falta tomar la tarea con seriedad y hace falta también acabar con la impunidad y mejorar la procuración de justicia en este y en todos los temas.

Ahí el movimiento ambientalista tiene dos banderas urgentes y concretas en torno a las cuales movilizarse: mejorar las instituciones de aplicación de la legislación ambiental, haciendo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente una fiscalía autónoma, por ejemplo, e impulsar la tipificación del ecocidio y la mejora de la legislación presente para impedir que sigan ocurriendo desastres ambientales como el Tren Maya. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.