Tener una ley específica para la tutela de las víctimas de violencia digital es un primer paso, pero aún falta un largo camino por recorrer. A cinco años de la Ley Olimpia, la colectiva feminista Luchadoras difunde el informe “Una mirada crítica feminista al delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento”

Texto: Laura Buconi

Foto: Laura Buconi y Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO:- A cinco años de la implementación de la Ley Olimpia, al menos dos mujeres al día denuncian la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, según la FGJ de la Ciudad de México. La colectiva Luchadoras concuerda que tener una ley que sancione la violencia digital es solo un primer paso hacia la tutela real de las víctimas y la no repetición. 

En su último informe “Una mirada crítica feminista al delito de difusión de contenido sin consentimiento”, las activistas desmenuzan el tipo penal de “Difusión de imágenes sin consentimiento” y su declinación en cada estado de la República, “redactado en un lenguaje accesible porque creemos que el conocimiento de leyes no solamente es para quiénes estudiamos derecho, el conocimiento es para para todas, para todes.”

A partir de su experiencia como abogadas con perspectiva de género, activistas, periodistas y acompañantas de víctimas de violencia digital en diversos contextos territoriales, afirman en común acuerdo que “más leyes no significa necesariamente más justicia”.

En entrevista con Pie de Página, Elizabeth Avendaño, abogada con perspectiva de género que acompaña legalmente a víctimas de violencia digital desde 2021, relata que hasta la fecha sólo ha habido tres sentencias a nivel nacional por difusión de contenido sin consentimiento.

Hicieron la reforma y volvieron a ignorarnos

Entre 2020 y 2024, la Línea de Apoyo de Luchadoras recibió más de 2 mil solicitudes de ayuda de mujeres víctimas de violencia digital, en constante aumento cada año. El 68.58% de los ataques implicaron acoso, amenazas y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Esto como mecanismo de coerción o venganza ante la decisión de no continuar una relación. 

Respecto a la ley, “(los políticos) se tomaron la foto, levantaron el puño y se pusieron la playera morada, hicieron la reforma y volvieron a ignorarnos. No hubo seguimiento, no hubo presupuestos, no hubo una forma de acercarnos a las alcaldías, el entendimiento de la ley, no hubo capacitación para las salas de atención de los gobiernos. Y quienes quedamos en la resistencia buscando cómo hablar del tema seguimos haciendo las otras cosas”, afirman en la conferencia.

Carpetas de investigación en limbo jurídico 

En noviembre de 2020, a un año de la entrada en vigencia de la Ley Olimpia, Luchadoras publicó el informe  “Justicia en Trámite”. La investigación, a cargo de Ixchel Aguirre, reveló que el 83% de las carpetas de investigación que se habían iniciado se encontraban en un limbo jurídico. Detenidas en los archivos de las fiscalías, no habían sido judicializadas, tampoco estaban cerradas, pero el proceso no avanzaba.

Los principales obstáculos identificados por Luchadoras a lo largo de su experiencia en acompañamiento a víctimas son la falta de procesos claros y adecuados, maltrato por parte de autoridades, falta de conocimiento técnico y especializado en temas digitales, negativas a realizar diligencias de investigación, y el hecho de que la carga de prueba recae sobre la víctima. 

Además, en algunos estados de la república la ley confunde la violencia digital con el sexting (en Chihuahua existe el “delito de sexting”, que se refiere a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento). Esto suele generar confusión y revictimización en las sobrevivientes, y obstaculiza el desarrollo de su vida sexual de manera libre de estigmas.

Falta de confianza en las autoridades 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), entre las razones para no denunciar delitos antes las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 31.7% y la desconfianza en las autoridades con 17.4%.

“La denuncia no es la prioridad de las víctimas”, afirma Angie Contreras, directora de Cultivando Género, en la conferencia de prensa. “Primero más bien sus necesidades están en la atención emocional, en que su entorno no las revictimice, en saber que no están solas, en enfocarse en su autocuidado.”

“No pensé que podría denunciar a mi agresor”

Sofía (los nombres de las víctimas nombres fueron cambiados), sobreviviente a violencia digital, relata:

“Cuando me enteré de que fotos íntimas mías habían sido difundidas en un grupo de Whatsapp, no pensé que podía denunciar a mi agresor. No tenía pruebas ni sabía cómo hubiera podido llevar a cabo un proceso legal. Un tiempo después le conté lo sucedido a mi pareja y me revictimizó, me dijo que había pasado por mi culpa, y bajo esa presión me convencí de que tenía razón. Intenté olvidarme de lo sucedido cuanto antes, para poder retomar mi vida. En ese momento estaba muy sola, y me hubiera gustado tener una red de apoyo. El acompañamiento de los colectivos feministas es fundamental para poder transitar estos procesos.”

Aurora, quien sufrió violencia digital cuando era menor de edad, afirma que “denunciar no fue una prioridad porque ni siquiera sabía que era una opción, además de que la vergüenza me consumía ya que me amenazaban con publicar fotos mías. Todas las personas a mi alrededor me señalaban, decían que era mi culpa, creo que pudo haberme ayudado mucho tener una red de apoyo que no me juzgara.”

 Alma es sobreviviente de bullying y ciberacoso escolar, y debido a eso tuvo que cambiarse de colegio. Aunque su papá es abogado, no denunció por miedo al qué dirán y a que la noticia trascendiera. Pudo sanar gracias a su red de apoyo, pero cree que también hubiera ayudado que la escuela contara con psicólogos enfocados en violencia escolar y una educación general más amplia sobre violencia escolar digital. 

Elizabeth Avendaño, en su experiencia como acompañante legal, refiere que muchas de las sobrevivientes llegan a la Línea de Apoyo con la intención de denunciar eventualmente, pero no se trata de una decisión tomada de manera firme desde un principio. Lo que necesitan en un primer momento, relata, es poder hablar de lo sucedido, ser escuchadas, acompañadas y contenidas. Por la revictimización y el desgaste que suelen conllevar los procesos judiciales, muchas renuncian a denunciar la violencia ante las fiscalías. 

El problema se acentúa en los estados y el contexto rural

“No todo ocurre en las grandes ciudades. Entonces, en un municipio una chica fue tres veces y las tres veces las autoridades se negaron a tomar la denuncia. ¿Qué hizo esta chica? Desistió, ¿no? Y luego en otro caso, igual, en un municipio, sí pudieron denunciar, pero como era un municipio tan chiquito el violentador supo que esta chica la había denunciado y no se dictó ninguna orden de protección, entonces la familia y este tipo la fueron a acosar. Entonces, creo que en el tema penal hay muchas cosas que no se están abordando.”

Las activistas hacen hincapié en que “lo que no se nombra no existe, y nombrar ha sido sumamente importante”. Creen fundamental la implementación de la Ley Olimpia para dar visibilidad y protección contra el ciberacoso y la violencia digital, que afecta principalmente a mujeres y disidencias.

“No debemos quedarnos con la idea de que las leyes no son accesibles, porque al final de cuentas yo siempre he creído que el derecho sirve a la sociedad, el derecho no se sirve a sí mismo”, afirma Elizabeth Avendaño. Y añade:

“Entonces, si no reflexionamos acerca de él desde otros puntos de vista que no son los jurídicos, desde las experiencias, incluso desde la crítica, estamos dejando conversaciones inconclusas.”

Insisten en recordar que, además de todas las problemáticas antes mencionadas en cuanto al acceso a la justicia, “el derecho penal entra en acción cuando ya sucedió algo. Cuando ya te violentaron en internet, cuando ya hubo un feminicidio, cuando ya hubo una violación. Hay que cuestionarse e implementar medidas de prevención”, sostuvo Avendaño en conferencia de prensa, subrayando la importancia, como mujeres y como disidencias, de dejar de narrarnos desde la violencia y desde una posición de víctimas.

“Comunicar, informar, crear espacios”

Luchadoras es una colectiva feminista mexicana que habita tanto el espacio físico público como el mundo digital. Busca procesos de transformación política personal y colectiva a través de la creación y difusión de historias, la apropiación de las tecnologías de información, la construcción de una Internet libre de violencias y espacios de encuentro. Sostienen que la búsqueda de una Internet feminista es clave para reimaginar y reescribir nuestra relación con las tecnologías; «nos permite pensar en el cuidado individual y colectivo de las personas acompañadas y de quienes les acompañamos, en el cuidado como un acto de resistencia que en el espectro del pensamiento patriarcal y capitalista no ha sido un tema de interés ni central».

Luchadoras tiene un posicionamiento anti punitivista. En estos años se enfocó en escuchar y visibilizar a las necesidades reales de las víctimas, que en su mayoría son de carácter técnico (remoción de contenido privado de la red y la suspensión de las cuentas de sus agresores o de grupos de difusión y venta de este), de respaldo institucional y acceso a la justicia, de reparación (como el reconocimiento de responsabilidad, la garantía de no repetición y la indemnización económica de los daños causados), y de acompañamiento por una red de apoyo.

Stephanie Valerio, especialista en derecho informático y transformación legal, llama la atención sobre las herramientas digitales necesarias para la prevención de la violencia digital: “Ni siquiera hemos podido crear los vínculos, como nación con estas grandes empresas llamadas Big Tech, como Meta, etcétera, que además al día de hoy están muy alineadas a la política anti derechos de Trump.”

Frente a la vulneración de los derechos digitales de los usuarios en este momento político, proponen “comunicar, informar, crear espacios.”

“En primer lugar tenemos que entender muy bien qué es el consentimiento, y desde ahí crear autodefensas feministas. Educación de la mano de la sensibilización, principalmente para la no repetición. Apostamos por generar productos, capacitaciones y sensibilizaciones enfocadas para el grupo que lo requiere.”