El proceso de acceso a la justicia ha sido lento y revictimizante para Mónica y su familia. Hoy exigen se sancione a todos los responsables de difundir el video y se capacite a las autoridades de Yucatán para atender a víctimas de manera digna e investigar delitos con perspectiva de género

Texto y fotos: Lilia Balam

MÉRIDA, YUCATÁN.- Mónica* lleva más de dos años en pie de lucha. En 2019, once de sus compañeros de la escuela sustrajeron y difundieron un video íntimo suyo sin su autorización. Incluso llegaron a cobrar por “pasarlo” a otras personas. Ante el constante acoso de esos jóvenes, ella decidió denunciar el delito.

El proceso de acceso a la justicia, sin embargo, ha sido largo y revictimizante. A la fecha, solamente cinco personas han sido vinculadas a proceso. Pese a los obstáculos, Mónica no se rinde: hoy exige que se sancione a todos los que participaron en el ilícito y se capacite a las autoridades locales, particularmente al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que atiendan a las víctimas de manera digna e investiguen delitos con perspectiva de género. 

El inicio de la pesadilla

Todo comenzó en noviembre del 2019, cuando por medio de una amiga, Mónica se enteró de que un grupo de sus compañeros de preparatoria tenía el material y lo estaba compartiendo con otras personas. Se sorprendió, pues ella y quien era su pareja habían manejado con total privacidad el video. 

La entonces adolescente de 16 años pidió apoyo a uno de los prefectos de su colegio para encarar a los jóvenes y solicitarles que eliminaran dicho contenido. Ahí supo que uno de los muchachos sustrajo el video de su cuenta de Facebook, sin su consentimiento, en una ocasión en que ella abrió su cuenta en su celular.

“Yo lo consideraba mi amigo. En una ocasión que me quedé sin teléfono, le pedí prestado el suyo para revisar mis redes. Cuando terminé, cerré la sesión; pero al día siguiente que hice lo mismo, vi que podía entrar fácilmente. En ese momento no le tomé importancia, porque era mi amigo, no pensé que hiciera algo”, recordó en entrevista. 

Siete adolescentes admitieron tener el video en sus celulares, y se comprometieron verbalmente a eliminarlo. Pero pasados unos días, la madre de Mónica, Carolina*, lo recibió en su teléfono desde un número desconocido. De inmediato habló con el director de la escuela. 

“Me dijo que lo iba a checar, a ver qué podía hacer. Me recomendó que lo dejara así, porque en el video no se le ve la cara a mi hija, entonces que mejor lo dejara así, que no iba a pasar nada”, explicó la señora. 

Fue hasta el 13 de diciembre de aquel año que la directiva del colegio citó a las madres y los padres de las personas involucradas para tratar de resolver el asunto. Pero Carolina solo recibió insultos por parte de los tutores de los jóvenes que difundieron el material.  

“Decían que todo era culpa de mi hija y su entonces pareja, que por qué hacen cosas que no deben, que por qué se graban. Yo sabía que no podría llegar a un acuerdo con esas personas”, dijo. 

Las madres y los padres de los muchachos firmaron un escrito en el que se comprometían a dejar en paz a Mónica: no le hablarían, no la molestarían y cualquier conducta similar ameritaría sanciones, incluyendo la expulsión. Sin embargo, tras esa junta, los jóvenes comenzaron a comportarse de manera más agresiva con ella. 

“En una ocasión, el mismo sujeto que sustrajo el video me insultó en clase, frente a todo el grupo. Pero la maestra no hizo nada. Y entonces empezaron las burlas, incluso frente a profesores. La escuela nunca hizo nada”, precisó Mónica. 

Entonces la adolescente se enteró de que meses atrás, los jóvenes crearon un grupo en WhatsApp, al cual titularon “Licenciados en molestar”*, para planear lo que harían con el video. 

“Todo estaba planeado: desde enviarle el video a mi mamá. Querían grabar su reacción cuando lo viera, extorsionarme, subirlo a una página pornográfica. Se pusieron de acuerdo para ver qué hacer o decir, ya estaban preparados”, puntualizó la joven. 

Con esa información, Carolina y Mónica acudieron el 30 de diciembre del 2019 a la Fiscalía, para presentar la denuncia contra once jóvenes. En ese momento quedó asentada por delitos contra la intimidad personal. Ese proceso tampoco fue sencillo. Las mujeres se toparon con personal poco capacitado, que hacía comentarios revictimizantes. 

“Me preguntaban si estaba segura de lo que estaba haciendo, si estaba consciente de que los estaba acusando. Una vez me dijeron ‘también tienes que entender que eran niños, no sabían lo que hacían’ y me preguntaron si estaba segura de que yo no pasé el video, o si yo no quería que lo vieran, que cuál fue mi motivo para grabar el video”, narró la joven.  

Mientras tanto, el acoso hacia Mónica por parte de los sujetos se recrudeció. La escuela no intervino: solo sugirió que la joven se fuera a otra preparatoria. Finalmente, optó por cambiarla de grupo, ya que era “más fácil” que distribuir a los 11 muchachos en otros salones. 

Pero esa medida no fue suficiente: a finales de febrero del 2020, durante una clase en línea, ellos hicieron capturas de pantalla del rostro de la adolescente, que luego subieron sus cuentas de WhatsApp. 

Esto le generó una crisis de ansiedad tan fuerte, que concluyó en un intento de suicidio. Afortunadamente, fue atendida en el Hospital Psiquiátrico, y recibió asesoría psicológica en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Después le diagnosticaron depresión. 

“No podía dormir sin pastillas, tenía insomnio, y luego me despertaba hasta las 3 ó 4 de la tarde. Todo el tiempo estaba paranoica. Me corté el cabello, pensando que me dejarían en paz, porque en el video tengo el cabello largo. También estaba muy flaca, por lo que empecé a comer mucho para subir de peso. Ya no salía a ningún lugar sin maquillarme. No quería que me reconocieran”, comentó. 

Tras estos hechos, la escuela accedió a que Mónica no estuviera obligada a encender su cámara y su micrófono durante las clases. Sin embargo, los medicamentos que tomaba eran tan fuertes que faltó a varias sesiones y al final, perdió el semestre. 

Las agresiones aumentaron, pero nadie protegió a Mónica

En agosto del 2021 ocurrió otro incidente: abrieron una cuenta de Instagram y de OnlyFans con fotos y datos de la joven. En ambas prometían entregar material con contenido sexual a los suscriptores. 

Mónica y Carolina hicieron capturas de pantalla de los sitios y guardaron los enlaces. El asesor jurídico de la adolescente, René Ramírez, de Lexfor Abogados, hizo las diligencias necesarias para que los admitieran como pruebas pero fueron rechazados, porque las cuentas fueron eliminadas y la Policía Cibernética no pudo acceder a ellas. 

De igual forma, el acoso en redes hacia Mónica era habitual: no había día en que no recibiera mensajes o interacciones de las cuentas de los jóvenes involucrados. Aunque ella bloqueaba los perfiles, al poco tiempo aparecían otros con los mismos datos. También le llamaban por teléfono en la madrugada. 

Pidió protección a las autoridades estatales, pero le respondieron que “no era necesaria, porque el acoso era virtual”. Tiempo después, uno de los muchachos que sustrajeron y difundieron el video se presentó frente al lugar de trabajo de Mónica. No se fue sino hasta que una de sus colegas salió a enfrentarlo. 

La joven también comenzó a recibir mensajes de compañeros de la escuela, que aparentemente querían trabar amistad con ella, pero solo se acercaban porque ya tenían el video. Poco a poco, ella supo que estaban vendiendo el material por 50 pesos. 

“Era muy incómodo, porque solo me hablaban para insinuarse. Me ven como un objeto. Creen que por tener un vídeo así, vas a ir con cualquiera y te lo vas a coger”(sic), expresó la adolescente. 

La larga odisea hacia la justicia

Durante casi tres años, Mónica y Carolina han hecho todo lo posible por reunir y aportar pruebas. Tampoco han dejado de presionar a las autoridades para evitar que abandonen el proceso. 

Sin embargo, el camino hacia la justicia ha estado plagado de irregularidades, omisiones, discriminación y falta de perspectiva de género por parte de la FGE, que en varias ocasiones han querido cerrarle la puerta al caso.

La primera ocurrió el 3 de diciembre del 2021, cuando pese a que quedaban diligencias pendientes para integrar la carpeta (como recibir el diagnóstico de psicología forense de Mónica), la Fiscalía notificó que no ejercería acción penal contra los acusados. 

Con la asesoría de Ramírez, la joven y su madre impugnaron la decisión de la FGE. El 24 de enero de este año, tras una audiencia de siete horas, una jueza de control les dio la razón y ordenó a las autoridades realizar una investigación exhaustiva, así como respetar los derechos humanos de la denunciante. 

Sin embargo, en agosto de nuevo estuvo a punto de detenerse el proceso. Mónica y Carolina presentaron un recurso de apelación y en septiembre el proceso siguió su curso. En ese momento, el delito fue reclasificado a pornografía infantil. 

Finalmente el pasado 25 de octubre se llevó a cabo una audiencia en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), en la que fiscales adscritos a la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la FGE y Ramírez presentaron datos de prueba de la carpeta de investigación 35/2022. 

La autoridad judicial consideró que las evidencias eran suficientes para vincular a proceso a cinco de los once jóvenes señalados: C.A.B.S., C.A.C.S., W.A.N.E., A.E.A.A., y J.R.P.H. A todos se les prohibió salir del Estado sin autorización judicial, someterse al cuidado y vigilancia permanente de sus padres, no acercarse a Mónica ni a los lugares que frecuente, y no contactarla por ningún medio electrónico o digital durante el tiempo que dure el proceso. 

Cabe mencionar que a uno de ellos se le otorgó un permiso de salida del estado “por vacaciones”, aunque Mónica y Carolina insistieron en que esa decisión podría afectar el proceso o a la joven. Justo por eso, ellas presentaron un amparo, con la esperanza de que se revoque esa autorización. 

Ahora sigue la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 30 días. Después iniciará la etapa intermedia del proceso. 

Resultado agridulce

Para Ramírez, la vinculación a proceso es un indicador de que la Fiscalía “tomó nota” de los constantes llamados que hicieron Mónica y Carolina respecto a la falta de perspectiva de género en la investigación. Eso sí, el abogado precisó que el objetivo es que esto se convierta en la regla para el resto del proceso y para otros casos.

“El problema es que aquí se está haciendo la excepción. Lo que debemos establecer es que todas las víctimas de este tipo de delitos tengan este mismo trato, con independencia de que tengan un asesor público o uno particular”, sostuvo. 

También recalcó la importancia de que las denuncias de esta naturaleza sean atendidas de manera pronta y expedita, pues esperar dos años por la justicia es demasiado para las víctimas. 

El resultado de la audiencia tuvo un sabor agridulce para Mónica y Carolina, quienes reconocieron que la vinculación a proceso fue un buen primer paso para obtener justicia, pero están lejos de celebrar los resultados. Para la joven, todo el procedimiento ha sido una tortura constante. 

“Todo el proceso fue muy revictimizante. La Fiscalía no sabe cómo tratar las víctimas, no tienen perspectiva de género, no te tratan con respeto. Parece que la víctima es la delincuente, la agresora, lo peor”, declaró. 

Ambas lamentaron que solamente cinco de las once personas señaladas hayan sido vinculadas a proceso, sobre todo porque los ataques virtuales hacia la joven no se han detenido. 

“Los otros siguen su vida felices, acosándome y mandándome mensajes, viendo mis redes sociales. Me siento muy molesta, impotente. Con esa decisión [las autoridades] me hicieron sentir que no me creen, que minimizan mi sentir y lo que me pasó, que solo vincularon a cinco personas para quedar bien ante la sociedad. Me duele, me lastima. Cuando supe la resolución me puse a llorar, porque sentí que de nada sirvió que contara todo varias veces. Es frustrante, agotador. Me siento insegura”, admitió Mónica. 

Pese a todo, ella no se rinde. Seguirá el proceso hasta las últimas instancias. Carolina exige como parte de la reparación del daño que las personas responsables emitan una disculpa pública, mientras que Mónica espera se les impongan las máximas sanciones. 

A la par, la joven alienta a otras mujeres a alzar la voz contra sus agresores, a través de los medios que sean necesarios.

“Si no se sienten preparadas para denunciar en la Fiscalía, pueden recurrir a las redes. Igual en las marchas feministas siempre hay un tendedero o alguna dinámica para que puedan hablar y no callarse. Tomen de ejemplo lo que nosotras y demás sobrevivientes de violencia de género hemos hablado. Existimos porque resistimos, no vamos a callarnos”, precisó. 

También puso a disposición las cuentas “Justicia para Mónica” en Facebook (https://www.facebook.com/JusticiaparaMonicaYuc), e Instagram (https://instagram.com/justiciaxmonica?igshid=YmMyMTA2M2Y=), para quienes busquen apoyo en casos de violencia de género, pues saben que el tema sigue siendo tabú en el estado. 

Pornografía infantil y delitos contra la intimidad en Yucatán

En el 2018, se reformó el Código Penal de Yucatán para sancionar los delitos contra la imagen personal. Actualmente, dicha normativa establece que dichos delitos, así como aquellos contra la intimidad personal, se castigan con prisión: desde los seis meses hasta los cinco años. El segundo ilícito también recibe multas de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización (UMA). 

Sin embargo, a la fecha se han recibido pocas denuncias de ambos delitos. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de una solicitud de acceso a la información, señaló que en el 2018 se registró un acta de investigación por ilícitos contra la intimidad personal. En el 2019 fueron tres, en el 2020 fueron dos, y en el 2021, fueron dos. 

En el caso de delitos contra la imagen personal, no se reportó ninguna denuncia en el 2018, fueron cinco en el 2019, una en el 2020 y siete hasta septiembre del 2021. A la fecha, ninguna persona ha sido sentenciada por esos ilícitos. 

En el caso del delito de pornografía infantil, desde el 2008 y hasta el 2021 se presentaron 16 denuncias. De acuerdo con datos de la FGE y el Poder Judicial local, otorgados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desde el 2018 se han emitido únicamente tres sentencias condenatorias por ese ilícito. 

El Código Penal de Yucatán indica que a quien elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita material sexual en que participen uno o más menores de 18 años, se le impondrán penas de 10 a 14 años de prisión y de 400 a 500 días/multa. (Lilia Balam)

*Los nombres reales fueron modificados para salvaguardar la integridad de las mujeres y la confidencialidad del caso.