La renuencia de las empresas a renegociar siete contratos de construcción y operación de gasoductos en el país firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, forzó a la actual administración a buscar diferentes espacios para llegar a un acuerdo, uno de ellos liderado por la presidencia. La operación de estos ductos, dicen, es clave para la detonación económica del país

Texto: Arturo Contreras

Foto: Archivo/ Mónica González

El gobierno de México abrió tres frentes para renegociar los contratos “leoninos” de siete gasoductos en el país. La construcción de dichos ductos está a punto de ser completada, pero no han concluido por diversas causas, entre ellas la resistencia de comunidades que afectadas. De su operación depende la capacidad del país de incrementar su potencial de generación eléctrica en más de 40 por ciento. 

El primer frente son las demandas de arbitraje ante cortes internacionales para la renegociación de dichos contratos. El segundo son las mesas de negociación que llevará la Comisión Federal de Electricidad con cada una de las empresas en los siguientes días. El último, lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles anunció otra mesa de negociación con las empresas.

En la mesa estarán presentes Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Negocios, como observadores, un representante de todas las empresas, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y como observador y representante de la Presidencia, Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador.

La finalidad de los tres espacios es renegociar algunas cláusulas de los contratos que establecen que la Comisión Federal de Electricidad debe pagar un cargo fijo si, por cualquier causa de fuerza mayor, la empresa no puede completar la construcción de la obra. 

Mientras que las empresas han recibido el dinero de este cargo fijo, la CFE demanda se le restituya, porque los gasoductos no están terminados, lo q,ue no sólo implica importantes costos para el Estado, sino que, de acuerdo con los argumentos estatales, representan un obstáculo para el desarrollo. 

Así, el gobierno mexicano pide casi 403 millones de dólares a Carso Energy por el gasoducto Samalayuca-Sásabe. También demanda a IEnova 842 millones de dólares por el gasoducto Guaymas-El Oro; a TransCanada le pide un reembolso de 848 milllones por el tramo del gasoducto Tula-Villa de Reyes-Aguascalientes. Mientras que al consorcio de TC Energy con IEnova le pide un reembolso de 899 millones de dólares por el ducto submarino que va de Texas a Veracruz. 

Que estos gasoductos no se completen y no operan no afecta, en principio, el suministro de gas actual en el país, ya sea para su uso doméstico o para generar electricidad, que es para lo que se proyectaron, pero si frenaría la demanda creciente de gas en algunas regiones, explica José Luis Martínez de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, 

“Es evidente que la industria requiere más gas”, asegura De la Cruz. “La caída en la producción y en los pozos, no permite suministrarla; eso te deja sujeto a la importación de gas. Estos ductos resuelven la necesidad de abastecer y levantar limitantes al desarrollo”.

El experto es contundente: “Se requiere elevar la oferta de gas en México».

Eso permitiría garantizar la operación de mayor cantidad y a menor costo, de plantas termoeléctricas en el sur-suresete del país, así como en las regiones industriales. 

De lo contrario, la creciente demanda de energía eléctrica en dichas regiones no se podría cumplir, y no crecería la economía, que es una de los principales ofertas del gobierno de López Obrador.

Desde el 2 de febrero de este año, López Obrador exhortó a todas las empresas que tienen contratos con la CFE a “hacer convenios nuevos y revisar sus contratos para no subir el precio de la luz”. Aunque no mencionó a qué empresas se refería, actualmente empresas que  mantienen las negociaciones son TC Energy (antes Transcanada), Carso Energy, IEnova y Fermaca. Sin embargo, los intentos de renegociación no han sido exitosos.

Gas para México, y el resto del continente

La necesidad de que estos ductos operen no solo obedece a la necesidad del gobierno de México de impulsar el desarrollo económico del país. También entra en juego su papel en la distribución de gas del principal productor de gas natural del mundo: Estados Unidos.

Gracias a esta superproducción de gas, basada en la explotación de gas de lutitas por medio de la fractura hidráulica, o fracking, Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos en ayudar a crear una infraestructura internacional que le ayude a llevar sus excedentes de producción a Centroamérica y América del Sur, según explica Oscar Escamilla Haro, experto en energía e hidrocarburos de Empower LLC. 

Una parte esencial de estos planes es el ducto Texas – Tuxpan, una de las tuberías detenidas por la renegociación de los contratos. Esta línea es la primera conexión de la producción del mayor yacimiento del país del norte, Eagle Ford, con el resto del país, que podría extenderse hacia Centroamérica

La conexión se haría retomando el proyecto del gasoducto Quetzal, que se proyectó desde 2017 para conectar la red de gas natural con los países al sur de México. Si bien no se han especificado cuáles serán, entre los proyectos de desarrollo para Centroamérica con los que López Obrador pretende frenar la migración se incluye la integración de los sistemas de gas y generación eléctrica en la frontera sur. 

En contraparte de lo que está en juego en terreno económico y geopolítico, Escamilla Haro asegura que la apertura de estos ductos iría en detrimento de decenas de comunidades por las que atraviesan estas megaobras de infraestructura.

“Básicamente afecta el derecho a la libre determinación de los pueblos, a su capacidad de decidir sobre su territorio; incrementa la inseguridad, y aumenta los ataques a defensores de derechos humanos. El caso de Huexca, Morelos es uno de los más ejemplares”, dice Escamilla.

Eso sin contar los daños ambientales, no cuantificados, que implica el creciente aumento de energía para el «desarrollo».

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