Para proteger y restaurar el medio ambiente no basta con implementar medidas de protección: hace falta impulsar una verdadera regulación de las actividades productivas de forma que no dañen al ambiente en ningún sitio. Esto es importante porque, si no se hace, todos padeceremos el horror que sufren los habitantes de Siltipech, en Yucatán

Por: Eugenio Fernández Vázquez

Nuestros políticos parecen pensar que el medio ambiente es algo que está lejos y no el entorno en el que vivimos; que lo que se destruya en un sitio se puede compensar haciendo algo bueno en otro, y que las cosas pasan porque se las decreta, sin importar que se les asigne o no un presupuesto suficiente. Así, por una parte Fonatur nos da la muy buena noticia de que 16 mil hectáreas de su propiedad serán decretadas como áreas naturales protegidas, mientras que por la otra el presupuesto de la entidad a cargo de cuidar esas áreas ha sufrido un recorte de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio. Entretanto, y justo en la ruta del Tren Maya, los habitantes de Sitilpech y otras comunidades yucatecas ven cómo las grandes granjas porcícolas envenenan con total impunidad el aire y el agua de los que dependen.

El anuncio de Fonatur no puede sino ser bienvenido. La entidad de fomento inmobiliario y turístico tiene en su poder miles de hectáreas regadas por todo el país —sobre todo en los litorales— y muchas de ellas son ambientalmente muy relevantes. Que en lugar de impulsar el turismo depredador en esas zonas —como ha hecho desde su fundación y sigue haciendo— impulse la conservación del entorno es una gran noticia. El problema es que decretar áreas naturales protegidas no quiere decir que efectivamente se protejan: para ello hacen falta presupuesto, personal y capacidades, mismas que se han recortado drásticamente en este sexenio.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es la entidad a cargo de las reservas de la biósfera, los parques nacionales, los santuarios y demás figuras de protección con que cuenta México. Su presupuesto siempre ha sido terriblemente escaso y Conanp siempre ha tenido que recurrir a apoyos internacionales y donativos privados para compensar la falta de recursos. Esta situación se agravó en este sexenio, pues su presupuesto es hoy casi 35 por ciento menor en términos reales de lo que era en 2018, y entonces ya era ridículamente bajo.

Por otra parte, y por loables que sean estas acciones, el medio ambiente y la biodiversidad no son los mismos en todas partes: lo que se destruye en un lugar debe restaurarse ahí mismo, no del otro lado del país. Esta acción de Fonatur no compensa los destrozos que se están haciendo en la península de Yucatán para la construcción del Tren Maya. La biodiversidad que anima los cenotes y que está en gravísimo peligro por las obras del Tramo 5 Sur no se puede recuperar estableciendo un área protegida en las playas de Oaxaca, sino salvaguardando ese sistema de cuevas y canales subterráneos único en el mundo.

Además, no basta con emprender estas medidas de protección: hace falta impulsar una verdadera regulación de las actividades productivas de forma que no dañen al ambiente en ningún sitio, y no solamente en ciertos polígonos designados para su conservación. Esto es importante porque, si no se hace, todos padeceremos el horror que sufren los habitantes de Siltipech, en Yucatán, en la misma zona que Fonatur promete desarrollar y conservar, aunque no haga nada por ellos. Ahí, como en gran parte del estado, una enorme granja porcícola ha hecho el aire irrespirable y envenena el agua de los pocos arroyos superficiales, de los ríos subterráneos, de los cenotes y cuerpos de agua de los que dependen las comunidades locales. Y lo hace con total impunidad.

Si es cierto, como sostuvo el titular de Fonatur, Javier May, que la entidad que dirige y el gobierno entero están comprometidos con garantizar un medio ambiente sano para todos en el país, debería entonces enderezar su terrible historial ambiental, hacer una manifestación de impacto ambiental mínimamente seria para cada tramo del Tren Maya y olvidarse de improvisaciones, en vez de buscar compensar sus destrozos con donaciones que no resuelven gran cosa, porque lo que se hace en el papel rara vez ocurre en la realidad si no se asignan recursos para ello. Esto debería complementarse con acciones radicales para defender los derechos de los yucatecos a un aire limpio y una agua potable y útil, poniendo alto a la depredación de los grandes porcicultores.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.