Una misión civil de observación en la que participaron 23 organizaciones nacionales e internacionales llegó a Puente Madera, Oaxaca, una localidad que será afectada por la construcción del Corredor Interocéanico. Ahí, dieron cuenta de los riesgos para la cultura, el medio ambiente y el territorio que conlleva el megaproyecto de la Cuarta Transformación

Texto: Diana Manzo / Istmo Press

Foto: Diana Manzo y Pedro Matías

OAXACA. – Ya nada volverá a ser como antes. El Istmo de Tehuantepec va a terminar convirtiéndose en la segunda frontera de México. Va a terminar como Ciudad Juárez, llena de maquiladoras, de fabricas, explotando la mano de obra barata para beneficiar a las grandes empresas, refutó la indígena Ayuuk, Juana Ramírez Villegas.

Dijo que con los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, él impuso el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para ofertar su tierra y territorio a los grandes capitales neocolonialistas.

Y es que mientras el presidente neoporfirista afirma que su megaproyecto traerá desarrollo económico y será detonante de progreso regional, anunció la licitación para construir los Polos de Desarrollo para el Bienestar, así como incentivos o subsidios fiscales a empresas transnacionales y lo que ha provocado es la militarización, la violación a los derechos humanos, conflictos intercomunitarios al romper con el tejido comunitario, asesinatos, despojos y la llegada de grupos del crimen organizado.

El agente comunitario binnizáa de Puente Madera, David López Salazar, reforzó los otros datos que el presidente se niega escuchar:

“Hace 10 años atrás daba gracias a Dios porque aquí (en el Istmo) no se veía la violencia e inseguridad que padecían en el norte del país o que obligó al doctor (José Manuel) Mireles a crear grupos de autodefensas contra el crimen organizado. Llegó a mi memoria eso y le di gracias a Dios porque en mi comunidad no se veía nada de eso y se siente uno contento con esa seguridad de vivir en paz”.

Frente a la Misión Civil de Observación en la que participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y que realizó una visita a Puente Madera, López Salazar confesó que desde que López Obrador decidió imponer en 2019 el Corredor Interoceánico “todo cambió, ya nos rebasó la violencia en la región del Istmo. En Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz se ven cosas que no se veían antes. La delincuencia ya rebasó al gobierno federal en esta región”.

Y advirtió: 

“Si nosotros como comunidad indígena no defendemos nuestros derechos, aquí va a ser un corredor interoceánico que logrará la pérdida de identidad con el aumento de la delincuencia organizada, de migrantes y la contaminación”.

El 14 de marzo de 2021 empezó la pesadilla para Puente Madera. Con la premura de imponer la aprobación del Parque Industrial, el entonces presidente municipal de San Blás Atempa y actual secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, simuló una supuesta asamblea de comuneros donde falsificaron el 80 % del padrón, en el que incluyeron personas fallecidas, por lo que interpusieron un juicio de nulidad (159/2021) ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec y que al día de hoy no han resuelto nada.

Igual pasó con la consulta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde cinco personas de Puente Madera alzaron la mano y, con ello, el gobierno empezó a dividir esta comunidad, militarizó la región y ha criminalizado a los opositores, como ocurre en Puente Madera, donde 17 comuneros, entre ellas mujeres de la tercera edad, tienen orden de aprehensión.

La respuesta del Estado no se hizo esperar: “A mi me levantó la ministerial el 17 de enero con la llegada de la primavera oaxaqueña del gobernador Salomón Jara Cruz, que ordena mi detención, me vinculan a proceso, pero eso no apaga la lucha de Puente Madera. Se ha logrado mucho como es el amparo de la cancelación de plano y el proyecto del polo de desarrollo”.

Y es que después de dos años y cuatro meses, el Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, decretó la suspensión de plano para que el gobierno federal se abstenga de instalar el Polo de Desarrollo en el Pitayal hasta que se resuelva el juicio de amparo número 314/2023-IV-B, que interpuso la comunidad de Puente Madera.

“(…) Se concede de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables con motivo de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar, San Bas Atempa, se abstengan de privar total o parcialmente de la propiedad, posesión, o disfrute de sus derechos agrarios de la comunidad denominada Puente Madera, ubicada en el mencionado municipio, hasta en tanto se dicte resolución en el presente juicio de amparo”.

En respuesta, el director ejecutivo contencioso del Corredor Interoceánico, Julio Francisco Rosas Jiménez, informó del cumplimiento de suspensión decretado el 6 de junio de 2023 al sostener que “este organismo público descentralizado del gobierno federal se abstendrá de realizar actos jurídicos referentes a la Declaratoria de mérito, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que nos ocupa”.

Tanto indígenas ayuuk de Mogoñé Viejo, perteneciente a San Juan Guichicovi, como los binnizáa de Puente Madera, perteneciente a San Blas Atempa, han sido denunciados penalmente al integrarles por lo menos 33 Carpetas de Investigación por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, los primeros por el bloqueo de 62 a las vías férreas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y los segundos por bloqueos a la carretera panamericana.

Durante los días 25, 26 y 27 de julio, la misión de observación documentó graves violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo.

En su vista constató la intimidación de la Marina en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo; la conflictividad originada por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, los despojos encabezados por Anastasio Gutiérrez y su hermano en Santa Cruz Tagolaba y la criminalización de la resistencia de comuneros de Puente Madera que se oponen al parque industrial en su territorio.

Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en voz de Xavier Martínez, reveló que con la imposición del megaproyecto presidencial denominado Corredor Interoceánico se incrementaron las agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos al ser documentados 31 casos en los últimos 10 meses, reveló.

Detalló que entre octubre de 2022 a julio de 2023 se han registrado 31 eventos de agresiones, principalmente contra personas indígenas mixes y zapotecos, de los cuales 21 casos fueron por intimidación, hostigamiento y amenazas.

Además, 11 fueron casos de violencia física y psicológica y desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras; 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y defensores comunitarios del territorio y dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance.

Pagan 26 pesos por metro cuadrado de tierras para polo industrial

En el municipio de Mixtequilla la queja no es contra el megaproyecto, exigen que los millones que pagó el gobierno federal por sus tierras para el Polo de Desarrollo se reparta en toda la comunidad.

“Nos prometen y después no nos cumplen, así pasó con un mercado, con un parque recreativo, con varias obras; por eso es que no les creemos que ahora habrá un parque industrial acá en Mixtequilla, porque nunca nos han cumplido”, expresó Teresa Vásquez Orozco, cocinera tradicional e integrante de la Resistencia Civil Pacífica y Comuneros Mixtequillenses.

Morena y de pelo negro, Teresa de 54 años de edad, junto con otras 12 mujeres son las encargadas de preparar la comida y mientas ordenan todo para servir, hablan de su lucha, la cual consideran legítima y digna.

“Acá nos enseñaron a luchar en colectivo, pero vemos que eso es imposible ahora. Nos pagaron mucho dinero, pero de antemano sabemos que ahí quedará, esas tierras ahora son del gobierno, y nosotros nos quedamos sin nada, ellos dicen que es para un parque industrial, que es progreso, pero siempre nos mienten, finalmente no se va a construir nada”, recalcó.

Es medio día, hace calor. Teresa junto con otras cien personas están reunidas debajo de un árbol de chicozapote en la Casa Comunal, la cual desde el mes de abril está tomada por integrantes de este grupo de resistencia.

Este colectivo independiente exige al presidente de los comuneros de Mixtequilla, Eduardo Desales, repartir los 132 millones de pesos que pagó el gobierno federal por la expropiación de las 502 hectáreas de tierras agrarias y de uso común, donde se construirá uno de los 5 polos industriales de Oaxaca del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Imagínense, las tierras que compró el gobierno federal acá en Mixtequilla nos la pagaron a 26 pesos el metro cuadrado, menos que un kilogramo de tortilla. A eso le llaman progreso?”, recalcó un hombre alto, delgado y de bigote, su nombre Ricardo Vargas.

Izamar Pacheco de 30 años de edad, también tomó el micrófono y habló: “No estamos acá por el dinero, esta resistencia no es por el dinero, sino estamos pensando que le vamos a dejar a nuestros hijos, esas tierras eran de los abuelos, que habían sido heredados de generación en generación, y ahora que las vendieron sin tomarnos en cuenta a toda la comunidad, no nos quieren compartir, solo ellos, los comuneros”.

La exigencia de esta agrupación, quienes desde hace 3 meses activaron una resistencia en Mixtequilla, es que por el pago en millones por las 502 hectáreas, se comparta para los 4 mil habitantes y no solo para los 800 comuneros, como lo están considerando.

“Nosotros lo que queremos es que el recurso por el pago de las tierras de uso común se reparta entre nosotros también, la sociedad civil, y no solo en los comuneros, y eso ha sido la confrontación, además vemos que 26 pesos el metro cuadrado es una burla, exigimos al presidente López Obrador reconsiderar ese pago, le enviamos una carta para decirle que queremos un dialogo, pero hay negativa de su parte”.

Las comuneras y comuneros inconformes de Mixtequilla también hablaron y señalaron que la llegada de esta obra ha causado confrontación entre los habitantes, al grado de que ya no se hablen, se critiquen, criminalicen la lucha, lo que ha creado conflictos fuertes entre vecinos y hasta familiares.

Y es que en este municipio, no es la primera vez que llega un proyecto. Con la inauguración de la presa Benito Juárez en el año de 1961 en Jalapa del Marqués y que obligó a toda esta comunidad a vivir un desplazamiento forzado a cambio del “progreso”, en Mixtequilla, se instaló una red de tubería que atraviesa las tierras agrarias con destino a la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.

“Acá tenemos red de riego, pero muchas veces tenemos que exigir, hacer movilizaciones para que nos cumplan, sabemos que eligieron a Mixtequilla no por gusto, si no que el parque industrial va a necesitar aguas, y mucha, entonces que pasará con nosotros, con el pueblo, eso la gente, los ambiciosos de la comunidad no ven, ellos solo quieren su dinero y ya”, denunciaron.

Estas quejas y denuncias fueron presentadas durante la Misión de Observación, el pasado 26 de julio, que escuchó durante tres horas a cada una de las personas que compartieron lo sentir.

La Misión de Observación conformada por 23 organismos nacionales e internacionales entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), cuyo representante Xavier Martínez, les compartió la existencia de un tratado internacional llamado “Acuerdo de Escazú”, el cual tiene la obligación de brindar protección y garantizar seguridad a las personas que luchan por su territorio y medio ambiente.

“Nadie debe vivir criminalización ni intimidación, ni agresiones” recalcó Martínez, mientras reiteraba que este tipo de luchas deben ejercerse en forma colectiva y bajo vigilancia de organismos nacionales y extranjeros.

En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.

Mientras tanto, los integrantes del Consejo Comunal insisten y sostienen, que el dinero obtenido por la venta de las tierras- que fue de 132 millones de pesos- se entregará a los dueños y posesionarios de las tierras, y la otra parte considerada como “tierras de uso común”, se repartirá entre los 800 comuneros, no entre la comunidad en general.

Tierras para el tren transistmico

En Santo Domingo Tehuantepec, se escuchó otra problemática, el despojo de tierras, la presencia de grupos criminales y la violencia.

Su voz dulce se transforma en enojo cuando habla de sus tierras. A Norma Angélica Miranda Reyna, de 58 años de edad, le despojaron de casi 40 hectáreas en el 2009. En su momento pensó que eran para beneficios personales de los hermanos Sergio y Anastasio Gutiérrez, quienes ingresaron a su terreno, rociaron de gasolina, prendieron fuego a su camioneta y la corrieron.

A 14 años de ese suceso, la campesina biinizá (zapoteca) sigue sin recuperar sus tierras y llora porque no se acostumbra a vivir en un espacio alejado del campo y de sus borregos. “En el rancho vivíamos muy felices, no me acostumbro a la ciudad, pero estos señores no tienen escrúpulos y dicen que yo no soy la dueña”.

Además denunció haber sido víctima de tentativa de feminicidio. “Estaba con mi cuñada en la Fiscalía presentando nuestra denuncia, cuando estos señores y sus seguidores llegaron y nos rociaron de gasolina, nos querían matar, pero nada sucede, no los detienen”.

Norma Angélica, con la ayuda de la agrupación social “Sol Rojo”, han efectuado infinidad de denuncias ante las instancias policiales y también ante la Procuraduría Agraria, pero nada se ha logrado, sus tierras siguen en manos de los hermanos Gutiérrez, que ostentan ser los dirigentes de la comisaria Agraria de Santa Cruz Tagolaba, sin tomar en cuenta el juicio de nulidad interpuesto por la mayoría de los comuneros ante el Tribunal Agrario.

Las tierras de Norma Angélica y de otros tres campesinos que como ella denunciaron despojo suman alrededor de 100 hectáreas que los hermanos Gutiérrez pretenden vender o negociar con el gobierno para la instalación de drenes para el tren transistmico.

“Lo que exijo es justicia” enfatizó Norma al recalcar que los hermanos Gutiérrez pareciera que tuvieran un pacto con el gobierno federal y estatal, pues las denuncias presentadas parece no importarles, porque gozan de impunidad.

Lilia Juárez Juárez, habla en voz de su padre, y recalca que los hermanos Gutiérrez también le despojaron de sus tierras y se han quedado sin nada.

“Mi padre es campesino, y aunque estos hermanos siguen haciendo lo que se les dé la gana, yo no me voy a dejar, y vamos a recuperar las tierras, porque sabemos que ellos nos lo despojaron para su beneficio”.

Erick Sánchez Gutiérrez, comunero y representante de los comuneros que luchan por recuperar sus tierras despojadas recalcó que en los últimos años ha incrementado la violencia para beneficiar al Tren Transistmico.

Aclaró que aunque las tierras de esta comunidad agraria no van a utilizarse para ningún polo industrial, sí se ocuparán para la instalación de drenes, contenedores y estaciones que beneficien a este proyecto.

Como sobreviviente de un intento de homicidio, Erik reconoció que la llegada del Corredor Interoceánico ha provocado despojo, asesinato y también agresiones constantes.

“Nuestro compañero Jesús Manuel García Martínez, conocido también como “Chu Pau”,  fue asesinado  por un grupo de personas armadas, quienes  interrumpieron su domicilio en Tehuantepec, Oaxaca, y aunque hemos denunciado, no hay justicia”, dijo.

Por este crimen y atentado, la agrupación Sol Rojo que dirige Elliot Escobar recalcó que los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez García son los responsables.

“Responsabilizamos al mercenario Anastasio Gutiérrez García “Tacho Canasta” y Sergio Gutiérrez García de este atentado , así como de la ola de desalojos y violencia creciente en Santa Cruz Tagolaba”, dijo.

Además denunció que el comunero Salvador Pinal Martínez fue víctima de una persecución. Fue detenido y recluido en la cárcel de Tehuantepec por casi un año y aunque hoy está libre, su proceso legal continúa.

Los campesinos aseguran que siguen en pie de la lucha y no se detendrán por recuperar sus tierras. En el Tribunal Agrario hay juicios esperando respuesta, lo mismo en la Fiscalía de Oaxaca. Estos casos de despojo fueron denunciados durante la Misión Civil de Observación, que esperan dé frutos, porque recalcaron que “la tierra es de quién la trabaja”.

La Misión de observación concluyó que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Específicamente se refirieron a sus derechos a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural.

Por el contrario, lo que constataron fue la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas alrededor de el campamento Tierra y Libertad.

Consideran que el despliegue de las fuerzas armadas y su involucramiento en la supervisión y/o administración de las obras de gran escala – como en el caso del Corredor Interoceánico – es alarmante porque observamos que, históricamente, la militarización de los territorios no es una estrategia de seguridad que reduzca la violencia.

Al contrario, preocupa que esta presencia incremente los enfrentamientos, hostigamientos, intimidaciones y demás violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional.

Por esto, llama la atención que las fuerzas armadas tengan la supervisión de las obras que se están desarrollando en el Istmo y también que fortalezcan su presencia a través de la construcción de cuarteles, retenes y bases militares en los territorios de pertenencia indígena.

Tras concluir el recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico, también constataron la impunidad y la falta de acceso a la justicia en la región.

Por esta razón, la misión de observación hizo un llamado a las autoridades competentes para que: Reconozcan y respeten los DDHH y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.

Que garanticen el derecho de acceso a la justicia y detengan toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los DDHH y de la naturaleza.

Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.

Y provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el mega proyecto y todos sus componentes como son el Gasoducto y los Polos de Desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

De nueva cuenta, Juana Ramírez toma la palabra y sentencia que “lo malo es que nuestro presidente de la república siempre ha tenido otros datos y siempre los va a tener, nunca nos va a escuchar”, sin embargo, le aclaró que “no puede haber desarrollo cuando nuestros derechos están siendo violentados”.

Finalmente le preguntó al presidente López Obrador “¿Dónde quedó el discurso de primero los pobres? Porque ahora los pobres estamos siendo pisoteados”.

La Misión de Observación la conformaron:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI),Front Line Defenders,Brigadas Internacionales de Paz (PBI),Servicios para una Educación Alternativa A.C.,Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.,Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT),Resistencia Civil Mixtequillense,Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM), Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM), Brigada Humanitaria de Paz Marabunta,Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca,Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. Corriente del Pueblo Sol Rojo,Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT),Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno,Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos,Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta,Artículo 19 México,Espacio OSC,Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e Indigenous Peoples Rights International IPRI-México.

Esta nota fue publicada originalmente en ISTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.