El acuerdo presidencial para echar a andar los gasoductos que estaban detenidos podría disminuir el costo de la energía en México, pero representaría un severo problema ambiental al acelerar la emisión de gases que contribuyen al cambio climático, además de los impactos sociales en tres comunidades por donde atraviesan los megaproyectos
Texto: Arturo Contreras Camero y Daliri Oropeza
Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro y Daliri Oropeza
La renegociación para operar una serie de gasoductos que estaban detenidos, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una terrible noticia para el medio ambiente y el cambio climático, aseguraron ambientalistas.
“Estas noticias de que sigamos importando gas que proviene de formaciones no convencionales de Texas, que se han extraído con fracking, no es una buena noticia”, advirtió Claudia Campero, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
El acuerdo alcanzado entre el presidente y empresarios permitirá que operen una serie de gasoductos para gas natural que estaban detenidos, con lo que se ahorrará 4 mil 500 millones de pesos, según López Obrador.
La operación de estos gasoductos, sin embargo, deja de lado un tema medioambiental cuya atención en México es casi inexistente: los efectos del metano en el cambio climático.
El metano es el principal componente del gas natural, que se ha colocado en el discurso como un combustible más fino y que sirve para la transición a una generación de energía más limpia, a pesar de ser un combustible fósil.
Derivado de cómo se hagan las mediciones, la liberación de metano a la atmósfera tiene un efecto entre 86 y 100 veces más potente en su capacidad de calentamiento global que el dióxido de carbono, gas que se produce en cualquier combustión.
“Si los científicos del panel intergubernamental de cambio climático nos están diciendo que tenemos apenas 10 años y medio para hacer cambios radicales y no llegar a una catástrofe climática, lo que sea que se emita de metano es muy importante, porque su capacidad de calentamiento es muy poderosa”, advierte Campero.
Para que estos ductos operen y lleven gas a lo largo y ancho del país, se necesitará de plantas de compresión y más infraestructura, que es proclive a tener fugas.
Una investigación realizada por Pie de Página demostró que estás emisiones fugitivas no solo no se miden en el país, sino que son ignoradas por las agencias reguladoras energéticas como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o por la misma Pemex.
“Toda esta infraestructura, en términos de cambio climático, significa un montón de equipos que tienen un demonial de fugas, sobre todo con el pobre mantenimiento que tienen aquí en México”, acusa Manuel Llano, de Cartocrítica, una organización dedicada a mapear y registrar los efectos de las empresas extractivas en México.
Uno de los objetivos del gobierno federal es reactivar la producción de Pemex.
“Lo sensato y lo lógico en materia energética y de hidrocarburos es que a la par de ampliar el presupuesto de Pemex, deberían fortalecer también a los organismos reguladores. Tendrías que fortalecer la vigilancia y la inspección” crítica Manuel Llano. “Lo que ha pasado es exactamente lo contrario, tenemos el debilitamiento de la CRE, de la CNH, la Asea que está quedando el los huesos.
Estos ductos van a poder operar gracias a la renegociación que hizo el gobierno de México con las empresas. Uno de los términos para lograrlo fue la expansión a 30 años de la duración de los contratos.
De acuerdo con Claudia Campero, de la alianza mexicana contra el Fracking, esto es muy preocupante, porque ‘amarra’ la dependencia de combustibles fósiles del país y por tanto es contrario al discurso de transición energética.
“La infraestructura que requiere no es una que pueda ser aprovechada después para las energías renovables. No sirve una cosa para la otra, entonces no nos encamina, de ninguna forma en el sentido de la transición, sino que nos desvía”, aseguró en entrevista.
La condicionante de seguir usando combustibles fósiles no solo está marcada por los contratos, mientras más infraestructura haya, más sectores van a depender de este combustible y va a reforzar esta dependencia.
Aún si se pudieran evitar las fugas de metano, el uso de combustibles fósiles, aún sea gas natural que emite menos dióxido de carbono, pone en riesgo los compromisos de México en materia de cambio climático.
“El gas no puede entrar en la matriz energética, ni siquiera si nos enfrentamos con las fugas”, explica Claudia. “Con las emisiones de dióxido que involucra, nos saca de toda perspectiva de la aspiración a quedarnos en un aumento de la temperatura mundial de 1.5 grados, eso sin contar los efectos del metano”.
Las personas que defienden el territorio de gasoductos que amenazan sus comunidades, forma de vida y recursos naturales expresaron su preocupación ante el nuevo acuerdo que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador con la cúpula empresarial del país: son las personas afectadas por las obras, las ausentes ausentan de la negociación.
La Tribu Yaqui de Loma de Bacum, Sonora, denuncia que el asedio a quienes defienden la tierra continúa. En Pahuatlán, Puebla, denuncian omisión directa a las cartas que han enviado, pues están en riesgo los bosques y manantiales. Desde Morelos, Puebla y Tlaxcala, comunidades náhuatl denuncian la continuidad de planes de despojo, como el iniciado con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
Los pueblos tienen amparos que mantienen en suspensión las obras; sin embargo, con el acuerdo anunciado las comunidades encendieron las alertas.
El abogado agrario Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena, explicó que han apresurado el amparo que tienen en Amilcingo, Morelos.
“Como quiera que sea, si les pusieron condiciones económicas diferentes, porque eran muy ventajosos las empresas, el objetivo es echarlos a andar cuanto antes (los gasoductos)”, dijo el abogado.
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