El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó este martes un informe de sus primeros 100 días de gobierno. Este es un análisis de los desafíos que tiene, para los cuatro años que aún le restan al frente de uno de los países más complejos del continente

Por Alex Sierra / @AleksBta

Como toda Latinoamérica, Colombia trae a cuestas el impacto económico y social de la pandemia de covid-19. El anterior presidente, Iván Duque se plegó al sistema financiero que simplemente amplió unilateralmente los plazos de los créditos y reportó para 2021 utilidades superiores a los 13.9 billones de pesos colombianos (unos 2 mil 895 millones de dólares), según datos de la misma superintendencia financiera del país. El llamado “estallido social” de ese año, que Duque siempre señaló estar orquestado por sus enemigos políticos, fue la expresión de una sociedad agobiada por las deudas y la crisis derivada por la pandemia, con un manejo económico gubernamental centrado en la protección de banqueros y grandes capitales. 

El país afronta, además, la persistencia de complejas estructuras criminales asociadas al narcotráfico (se cuentan más de 40 grupos con controles territoriales donde cabrían países como El Salvador, Guatemala u Honduras), la deforestación de la cuenca del Amazonas, la extracción ilegal del oro y metales preciosos, y una endémica corrupción son parte del contexto que dejan gobiernos de derecha que han cogobernado con las mafias, pero que hoy desde la comodidad de la “oposición”, reclaman de forma hipócrita transformaciones en tan solo 100 días. 

Lejos de sumarnos al balance mediático de los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro, quisimos hacer un análisis de los desafíos que tiene en los próximos cuatro años que aún le restan al frente de uno de los países más complejos del continente. 

1. El tamaño de las expectativas

El peso colombiano experimentó en 2022 una fuerte devaluación frente al dólar de 24.8 por ciento (la tercera más alta en 20 años), ubicándolo como una de las monedas más afectadas del continente, junto al peso argentino, y como resultado de la caída internacional del precio del petróleo y el riesgo de recesión global, entre otras variables.

Para los medios locales, por ridículo que parezca, las causas de la devaluación del peso son los pronunciamientos en el Twitter presidencial o las imprecisas declaraciones del equipo de ministros, pero no se consideran aspectos como la especulación de los empresarios, especialmente con los productos de primera necesidad o la voracidad de un sistema financiero con tasas de interés que hacen imposibles los créditos para millones de familias. 

Lo cierto es que a la devaluación de la moneda y al obvio incremento de los precios, se suma la crisis acumulada que dispara las alarmas frente al costo de vida en el país. Garantizar el precio de los alimentos es complejo, pero con una de las prometidas reformas y la reactivación agrícola sería posible la soberanía alimentaria de un país que goza de la totalidad de pisos térmicos para una agricultura que hoy es inviable por el costo de los insumos agrícolas, la escasa tecnificación y la desigual relación de los productores locales en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos.

Las expectativas de los(as) colombianos(as) no son solo económicas. Combatir la corrupción es uno de los mayores desafíos del país y diariamente se evidencian nuevos escándalos del gobierno saliente de Iván Duque, como la renta de inmuebles expropiados a las mafias a precios ridículos para un círculo de privilegiados; o descubrir que el testaferro de un mafioso extraditado a los Estados Unidos es un exdirector general de la Policía. 

Colombia está atravesada por un conflicto social y armado que se explica por una institucionalidad que de muchas formas ha estado subordinada a las mafias, la concentración de la riqueza, la impunidad y un sistema de justicia que se ha enfatizado en perseguir detractores, más que a los delincuentes que se codean con los políticos en clubes y fiestas.

La propuesta de “paz total” del gobierno pasa por la obviedad de llevar a espacios de dialogo a diferentes estructuras criminales que de facto gobiernan amplios territorios del país, y que es la respuesta a los miles de homicidios que se registran en Colombia cada año. 

No son menores otras enormes deudas sociales para la mayoría de habitantes como el acceso a salud y educación superior, que hoy son casi privadas para quienes puedan pagarlas. En principio sería fácil adelantar cambios donde “todo está por hacerse”, pero el poder que ostentan clanes políticos, militares y mafias, hacen muy complejo el escenario para el actual gobierno.

2. La reforma agraria integral 

La imposibilidad del acceso a tierra para los campesinos y pequeños agricultores, es una de las causas históricas del conflicto armado, y la reforma agraria fue el punto más importante de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016. Pese a ello, se ha hecho muy poco por revertir la concentración de la tierra, y cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz.

Colombia es uno de los países con el mayor índice de homicidios de defensores de Derechos Humanos y ambientalistas, y la derecha que nunca hizo nada por frenar esa tragedia humana durante años de estar en el poder, a tres meses de manera hipócrita reclama acciones para la protección de estos líderes, pues pese a todo, la violencia persiste y ha sido siempre un elemento determinante de los actores en conflicto (incluidas las fuerzas militares y la policía). 

En los primeros 100 días de su gobierno, Petro entregó 590 hectáreas de tierra a campesinos de la hacienda Támesis, una ostentosa propiedad del líder paramilitar Carlos Castaño, ubicada en Montería, el mismo municipio donde Álvaro Uribe tiene la hacienda “El Ubérrimo” con 123 mil hectáreas. La entrega de Petro es simbólica, pero crucial porque además ofreció la compra de tierras a valor comercial al poderoso gremio ganadero de Fedegan, enclave político de la extrema derecha de la pareja conformada por José Felix Lafaurie, y la congresista María Fernanda Cabal. 

La promesa del nuevo Gobierno es la compra de cerca de 3 millones de hectáreas y la polémica está abierta. El país no tiene un adecuado registro de tierras, y son millones las hectáreas de tierra que hoy están en manos de ricos hacendados y políticos, resultado de masacres y que desplazó más de 8 millones de personas internamente, ubicando a Colombia en otro infame record mundial como el país sin una guerra declarada con la mayor población desplazada. 

Potenciar una vocación agrícola y la producción de alimentos son tal vez dos de los mayores desafíos, en extensas tierras dedicadas hoy casi de manera exclusiva a la ganadería extensiva y con fines de exportación y a la especulación con el suelo con megaproyectos de infraestructura vial que atraviesan estos terrenos privados.

3. La relación con el Legislativo y las necesarias reformas 

En la coalición que le permitió llegar a la presidencia, Petro tuvo que incluir al Partido Verde, liberales, conservadores y un sector que antes era abiertamente cercano a Álvaro Uribe, y que luego se camufló en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Con esa compleja alianza se crearon mayorías en el Congreso para tramitar importantes reformas, pero no obstante esa lógica del “toma y dame”, históricamente tan arraigada en el ámbito nacional, le ha impedido sacar adelante de manera contundente reformas como la tributaria, que no pudo tocar el poder de los grupos religiosos que hicieron imposible se les grabara con tributos a gastos distintos a los destinados para fines directos de las iglesias. Los líderes de cultos pentecostales seguirán entonces libres de impuestos, mientras los ciudadanos del común aportan la mayor parte de los tributos nacionales. 

Gravar las pensiones superiores a los 10 millones (2 mil 83 dólares) tampoco fue posible porque los medios y gremios propusieron esta medida como peligrosa para los intereses de los jubilados. Lo cierto es que en Colombia más del 75 por ciento de las personas no logran jubilarse, actualmente pagan aportes cerca de 21.8 millones de personas y están jubiladas 2.38 millones de personas, de las cuales solo 16 mil 700 reciben pensiones superiores a los 2 mil dólares. Muchas de esas pensiones superan en mucho ese monto de 2 mil dólares y las tienen excongresistas, magistrados y altos cargos que son esa pequeña proporción de la población que se niega a contribuir con una mayoría totalmente desposeída. 

La reforma tributaria es un paso importante, pero es tímida ante la expectativa que se tenía. De 50 billones de pesos inicialmente anunciados, luego de su paso por el congreso y con éxito se podrán recaudar 21.5 billones. Este fue tal vez el mayor pulso del paquete reformista de Petro, y que al pasar los meses le será mucho más complejo poder mantener la fuerza política de este primer trimestre. 

Aún restan reformas muy importantes y que el mismo presidente anunciaba desde 2017: la salud para convertirla en un derecho y no en un negocio privado; la educación superior gratuita y de calidad; la reforma al enfoque extractivista de la economía; una reforma política que también fue parte de los acuerdos de paz; la reforma a la justicia, que revierta los niveles de impunidad y persiga eficazmente a los corruptos; y obviamente una reforma a la policía que se ve cada vez más distante luego de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por uniformados que hoy siguen en la total impunidad, mientras manifestantes se enfrentan a penas superiores a los 10 años de prisión.  

4. Conformar un equipo de Gobierno 

A 100 días de su gobierno, al presidente le ha resultado difícil conformar un equipo sólido para los complejos temas que requieren formación política, conocimiento y capacidad de liderazgo, a tal punto que se dice que hay “más presidente que gobierno”. 

Muchos de los nombramientos son de los sectores políticos tradicionales que saben cómo moverse en el lobby y la burocracia, y restan temas importantes como la sustitución de cultivos, la Aeronáutica civil (históricamente salpicada por las licencias a las narco-aeronaves), el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos INVIMA, el fondo público de Pensiones (Colpensiones), el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario.

Si le ha costado conformar un equipo idóneo, será igualmente complejo conformar las candidaturas a las entidades territoriales (alcaldías municipales de más de mil 100 municipios, y las gobernaciones de 32 departamentos). Gobernar implica la formación de liderazgos que han sido literalmente diezmados por las balas asesinas, pero también por la poca apertura de la vieja izquierda que ve enemigos en cada potencial aliado. Este sin duda es un factor determinante y que necesita fortalecerse para que el Presidente pueda ser el timonero de un barco que necesita los mejores marineros(as), para impedir que naufrague como propuesta alternativa.   

5. Conjurar el ataque de la derecha y los medios con hechos 

La desinformación y las abiertas mentiras de los medios corporativos, así como de políticos de derecha, algunas personas que son nietas y herederas de clanes oscuros que hunden sus raíces en el esclavismo, las detenciones masivas y las desapariciones forzadas de los años 70 y 80, pero que hoy fungen como adalides de la “libertad” y la “democracia”, son una constante en estos tres meses, pero sin duda alguna serán un fortín de batalla en los próximos cuatro años. 

Más que salir a defenderse en la plaza pública con discursos y movilizaciones, como la convocada para este 15 de noviembre para defender al gobierno, el nuevo presidente requiere un equipo capaz de hacer posibles las transformaciones que sus electores esperan. 

Algunos(as) de los recién nombrados(as) funcionarios, siguen creyendo que son activistas, y prometen cosas que hace recordar más una contienda electoral que un ejercicio de gobierno. Es el momento para demostrar que, aunque difíciles, las transformaciones que el país necesita son posibles y ofrecer canales efectivos de comunicación entre la ciudadanía y sus gobernantes, distintos a las ruedas de prensa de López Obrador, y las acostumbradas dos horas de monólogo en la plaza pública de Petro. 

6. La relación con los Estados Unidos y los países de la región   

Gustavo Petro ha venido liderando de manera importante diversos espacios internacionales para dar a conocer sus ideas de gobierno, y salirle al paso del fantasma del comunismo o socialismo con el que lo etiquetan rápidamente los medios internacionales. Su inteligencia se evidencia en propuestas concretas de la dependencia, y necesidad de trabajo conjunto entre los países ricos y del ser global para frenar el cambio climático, y ofrecer medios de vida dignos a una creciente población global.

Xiomara Castro, la presidente de Honduras; Gustavo Petro de Colombia, y recientemente Luiz Inácio Lula Da Silva elegido hace algunos días presidente de Brasil; antes de sus triunfos se reunieron con delegados del gobierno de los Estados Unidos, que viene apoyando cambios en políticos en la región, sin que sus propios intereses terminen afectados. 

La derecha en Latinoamérica está fuera de los gobiernos, pero nunca fuera del poder que siguen administrando desde el sistema financiero, el control de tierras, empresas y regiones enteras, con el apoyo de buena parte de las fuerzas militares. Estados Unidos sabe que personajes como Bolsonaro y Álvaro Uribe son impresentables, y generan serias dudas por sus políticas abiertamente contrarias a los derechos humanos, pero son lo suficiente hábiles para garantizarles el poder que ostentan, manteniéndoles a la sombra de las “nuevas democracias” de Chile, Colombia, Honduras o Brasil.

Si bien es importante que Petro y los gobiernos de la región fortalezcan las relaciones económicas, políticas y de cooperación, lo cierto es que eso no será posible sin una ciudadanía fortalecida políticamente, incidente e independiente, con un trabajo de redes y con organizaciones de las comunidades segregadas en todo el continente: mujeres, comunidades negras, migrantes, población LGBTIQ+, jóvenes y exiliados(as). Se trata de construir una nueva ética continental, sin la mediación perversa del miedo al sur que históricamente se ha construido por la derecha norteamericana. 

Las migraciones masivas hacia los Estados Unidos, son el resultado directo de su injerencia en la política de la región, en el apoyo al exterminio de todo lo que huela a izquierda, y la desigualdad en sus políticas económicas. Una nueva relación política debe pasar por más concertación y diálogo multilateral sobre un futuro común inminente, como la preservación de los bosques tropicales, fortalecer las economías locales para impedir que ríos humanos sigan el anhelado “sueño americano” y encuentren un proyecto vital en sus propias veredas y comunidades. Eso implica un largo camino, no solo para Petro en Colombia, sino para todo un continente que quiera una ruta distinta. 

Rueda de prensa del Presidente Gustavo Petro sobre los 100 días de cambio – 15 de noviembre de 2022