En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a la filial colombiana de Gran Tierra Energy una licencia para buscar petróleo en Villagarzón, Putumayo. El Ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando reconoció la necesidad de consulta previa de un resguardo inga. Tras 10 años de inquebrantable resistencia en el país, los inga están a punto de escalar su caso a la Corte Interamericana de DDHH

Por Cuestión Pública / Mongabay Latam / ManchadosXElPetroleo

COLOMBIA.- La compañía canadiense Gran Tierra Energy lleva más de una década tratando de consolidar sus proyectos petroleros en el departamento colombiano del Putumayo. En particular, con el proyecto Área de Perforación Exploratoria (APE) La Cabaña en el municipio de Villagarzón, en la Amazonía de Colombia. Aunque en el camino sus ambiciones se han cruzado con al menos siete resguardos indígenas del pueblo inga. En esta disputa, las entidades gubernamentales nacionales han negado la presencia de los inga y han dado vía libre a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Al ignorar o no reconocer su presencia, el pueblo inga considera que se ha vulnerado su derecho a la consulta previa para admitir o no el proyecto de Gran Tierra en sus territorios, al que han resistido desde 2012. Ese año, la filial de esta compañía en Colombia solicitó a la ANLA la licencia para poner en marcha la búsqueda de petróleo en Villagarzón, una zona en la que abunda el crudo y también los conflictos entre las petroleras y los asentamientos indígenas.

Aunque la plataforma de exploración de La Cabaña se instaló en 2014, tras obtener licencia ambiental de la ANLA ese mismo año, en 2015 una tutela presentada por los inga logró detener el proyecto petrolero, pero no las reiteradas violaciones a sus derechos, según aseguran las comunidades. De los siete resguardos más cercanos al proyecto, solo se reconoció la presencia de uno. Los otros están sumando fuerzas para escalar su caso a nivel internacional, mientras intentan sobrevivir, según los testimonios recogidos para esta publicación, a las afectaciones ambientales y espirituales derivadas de ese proyecto, a las intimidaciones y a la invisibilización del Estado.

“Llevaremos la defensa hasta las últimas instancias, entre esas, escalar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si el Estado colombiano no garantiza los derechos que tenemos como pueblos en riesgo de desaparecer física y culturalmente”, dijo a esta alianza Carlos López Descanse, miembro del pueblo inga y presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de Villagarzón (ACIMVIP), una organización comunitaria que nació en 1998 en defensa de los derechos de las comunidades indígenas del municipio.

El caso del pueblo inga deja en evidencia cómo el Estado colombiano ha tomado decisiones desde el desconocimiento del territorio y a su vez se ha desligado de su responsabilidad de investigar a las petroleras. Corpoamazonía, la entidad encargada de llevar control ambiental en parte de la Amazonía colombiana, incluído el Putumayo, nos respondió un derecho de petición diciendo que no les corresponde imponer sanciones a estas compañías.

En su investigación para la serie ManchadosXelPetróleo, esta alianza periodística escuchó numerosas denuncias sobre el olvido estatal en un contexto de alta conflictividad entre las corporaciones extractivas y los pueblos indígenas. Además, la base de datos de las superposiciones entre lotes petroleros y resguardos indígenas construida para este trabajo demuestra que el Estado les otorga poderes extractivos a las petroleras en tierras ancestrales.

Territorios fantasmas

Para mediados de 2012, la petrolera canadiense le solicitó a la ANLA una licencia ambiental para echar a andar el proyecto La Cabaña. Para eso tuvo que acudir tres meses antes a la entonces Dirección de Consulta Previa (ahora Dirección de la Autoridad Nacional  de Consulta Previa), dependencia del Ministerio del Interior, para averiguar sí en esa zona había presencia de grupos indígenas, afros u otras minorías.

Este punto es clave, porque si el área estaba despejada, la petrolera podía avanzar sin requerir la consulta previa con las comunidades de la zona. La consulta previa es un mecanismo garante de derechos, en Colombia, cuyo uso en Putumayo permitió que en un 68 % de los casos las comunidades no llegaran a acuerdos orientados a respetar su territorio. De 159 consultas previas en Putumayo, entre 2011 y 2020, solo 51 llegaron a un acuerdo, según datos del portal Crudo Transparente.

El 3 de abril de 2012, Rafael Antonio Torres Martín, director de la dependencia de Consulta Previa del Ministerio del Interior, encabezado entonces por Germán Vargas Lleras, firmó la certificación de la no presencia de comunidades indígenas en APE La Cabaña, negando así el derecho fundamental de los resguardos inga de participar en procesos de consulta.

Sin embargo, el análisis de una base de datos construida por Mongabay Latam para el especial ManchadosXelPetróleo, —con datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG)— basada en la presencia de bloques petroleros en zonas habitadas por comunidades indígenas en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, arrojó que el área licenciada por el Estado a Gran Tierra ocuparía un 80 % del resguardo inga Wasipungo y un 100 % del resguardo San Miguel de la Castellana. Un tercer resguardo inga, Blasiaku, también tiene el 100 % de su área licenciada al proyecto petrolero La Cabaña. Se encontró también que el resguardo inga Chaluayaco tiene una intersección del 100% con otro bloque de Gran Tierra (PUT-10).

En otros municipios del Putumayo, otras petroleras también tienen licencias para áreas con intersección del 100 % con los resguardos inga de Calenturas (Mocoa) y Wasipanga (Puerto Guzmán), como es el caso de Amerisur, empresa con cuestionamientos que puedes leer en una investigación que realizó esta alianza.

“Nosotros hemos podido analizar que existe una mala fe por parte de la institucionalidad, que no le conviene que nuestros derechos como la consulta previa se puedan reconocer. (Esta) es una de las herramientas principales con las que contamos para proteger nuestros territorios de los intereses de terceros que no reconocen nuestra visión (…)”, expresó a esta alianza Carlos López.

De acuerdo con un documento de una organización de la sociedad civil que ha asesorado a los inga, llamada Asociación Ambiente y Sociedad, el día 31 de mayo de 2012 Gran Tierra Energy presentó ante la ANLA el estudio de impacto ambiental para solicitar la licencia del proyecto La Cabaña, el cual contenía la certificación del Ministerio del Interior que desconoció la presencia de comunidades inga. Inducida bajo el error del Ministerio del Interior de haber negado la presencia de los resguardos indígenas, la ANLA dio vía libre a La Cabaña.

Las ambiciones de la petrolera tomaron forma el primero de julio de 2014. Ese día la ANLA le concedió la licencia ambiental reiterando la ausencia de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto, tal como lo había dicho el Ministerio del Interior.

Aunque la solicitud de exploración se hizo en 2012 y la licencia se la dieron en 2014 a Gran Tierra, en esos dos años ni el ministerio, ni la empresa documentaron en ningún punto la existencia de los pueblos indígenas. Esto pese a que tres de los resguardos afectados están registrados legalmente desde antes ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER): Blasiaku en 2004, San Miguel de la Castellana en 2002 y Wasipungo en 1999. Así, avanzaron sin consulta previa. Se puede decir que aquí empezó el “viacrucis” de este pueblo.

“Existe una mala fe por parte de la institucionalidad”

El pueblo inga ha resistido a muchos intentos de lo que denominan como “una nueva colonización” que supuestamente trae desarrollo, pero no particularmente para ellos, como denuncian. Primero fue el caucho, luego la coca y ahora el petróleo.

Como respuesta a las acciones del Ministerio del Interior, empezaron a “resistir con mingas y estrategias a nivel comunitario, pero no era suficiente con visibilizar la problemática, por eso fue necesario interponer acciones jurídicas”, dijo López refiriéndose a la tutela que presentó en 2015 la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón ante el Tribunal Administrativo de Nariño.

El pueblo inga gestionó estrategias internas para demostrar su presencia en el área de influencia del proyecto APE – La Cabaña. Este proceso de generar información geográfica de manera autónoma ya había sido documentado por Mongabay Latam y El Espectador.

En octubre de 2014 ya se había realizado una visita de verificación —meses después de otorgada la licencia— en la que la cartera del Ministerio del Interior y la Dirección de Consulta Previa sostuvo que “no se evidenció presencia de grupos étnicos”. Tras el fallo del 15 de julio de 2015, que fue favorable para los inga, el Tribunal ordenó suspender los efectos jurídicos de la licencia ambiental otorgada a Gran Tierra hasta que se verificara la presencia de esta comunidad en la zona del proyecto.

A raíz de eso, se iniciaron conversaciones con la comunidad para coordinar una nueva visita en terreno de manera que se pudiera establecer si el pueblo entraba dentro del área de influencia del proyecto. Contrario a lo que se creería, la situación no resultó favorable para los inga.

Como lo había indicado en el pasado, en 2018, después de la segunda visita de verificación, el ministerio se mantuvo en que no había presencia de comunidades. Sin embargo, tras las reiteradas solicitudes de los inga se programó un tercer protocolo de verificación para finales de 2020, pero la pandemia se atravesó. Después sobrevino la muerte del líder inga Robinson López y el pueblo quedó de luto.

Finalmente, la aplazada visita ocurrió en marzo de 2021. Tras esta, ya en pleno gobierno de Iván Duque, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa confirmó, después de nueve años, la presencia del pueblo inga, pero solo del resguardo San Miguel de la Castellana, uno de los siete que solicitaron la verificación.

Por medio de la resolución 1471 del 27 de octubre del 2021, la Dirección señaló que “procede la consulta previa con la comunidad accionante Resguardo Indígena San Miguel de la Castellana, para el proyecto: “APE LA CABAÑA”, localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón (…) conforme a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante fallo de tutela del 15 de julio de 2015”.

Dicha resolución también indicó que “no procede la consulta previa con las comunidades accionantes: Resguardo indígena Wasipungo, Resguardo indígena Blasiaku, Resguardo indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi (…), Resguardo indígena Chaluayaco, Resguardo indígena Albania y Comunidad indígena Saladilloyaco, (…) para el proyecto: “APE LA CABAÑA”.

Una de las denuncias de los resguardos es que parte de la plataforma La Cabaña, con una extensión de 629 hectáreas, ha sido construida sobre un humedal de significado espiritual para los inga, afectando de esta forma la conexión de todo el pueblo con sus espíritus mayores.

Sobre la situación de los pueblos indígenas en el Putumayo, Laura Rojas, abogada de la organización Amazon Frontlines, expresó a esta alianza que “no hay ninguna respuesta por parte de las entidades responsables a nivel local y departamental. En el Putumayo queda completamente impune cualquier tipo de afectación ambiental, de salud y de pervivencia. (…) Por esto se generan dinámicas de confrontación con las petroleras, por la  imposición de un modelo económico que es contrario a las comunidades, la presencia militar en los territorios y el impedimento de prácticas ceremoniales”.

El agua de los inga está en juego

En el estudio de viabilidad ambiental que entregó Gran Tierra Energy, se señaló que el proyecto tendría influencia y puntos de captación de agua en las cuencas de los ríos Putumayo y San Vicente, que atraviesan Villagarzón, así como en la quebrada Sambico.

“El río San Vicente, uno de los lugares más bonitos del territorio, pasa y abastece a cada una de las comunidades inga de Villagarzón”, expresó a la alianza el coordinador inga del territorio, Joaquín Jansasoy, que añadió que por esta razón todos los resguardos y cabildos en el territorio se ven afectados de forma directa.

Recordemos que una sentencia de 2018 de la Corte Constitucional explica que la afectación directa a las comunidades indígenas y afros no solo se mide por el impacto en la salud o el ambiente, también en la estructura social, económica y cultural del grupo. Luis Jansasoy, coordinador de la Guardia Indígena inga, profundizó en los efectos sociales que ha traído la decisión del Ministerio de Interior: “esto ha causado división y desarmonización de las comunidades inga. Muchos han tratado de desconocer la propia cultura”. Lo intangible, repite, está desapareciendo.

Una historia que se repite

En la vereda San José del Guineo de Villagarzón, a 29 kilómetros del territorio inga, está ubicado el resguardo Piedra Sagrada de la etnia de los pastos. También llevan diez años de lucha contra el mismo protagonista: Gran Tierra Energy Colombia.

Camilo Rojas, gobernador de este resguardo, le dijo a esta alianza que el caso más reciente data de 2019. “La petrolera empezó a implementar el proyecto Chontayaco. Ahora le llaman a eso ‘proyecto en desarrollo’ para poder en una sola consulta previa lograr las (licencias para) perforación, mantenimiento y producción, pero para cada proceso a implementar debe existir una consulta diferente”, aseguró Rojas. En pocas palabras, según el líder de los pastos, cada proceso como perforación o producción requería su propio proceso de consulta, pero la compañía busca obtener los permisos de manera exprés al unificarlos en una sola solicitud.

Entre el 5 y 6 de marzo de 2022 se llevó a cabo una diligencia dentro del proceso de consulta previa sobre el proyecto con ese resguardo. “La empresa no quiso concretar tras una propuesta nuestra porque suponía un alto presupuesto para ellos. Nos hizo perder el tiempo”, añadió el gobernador del resguardo a Mongabay Latam y Cuestión Pública.

De todos modos para Rojas la consulta previa no es una garantía de que se respeten sus derechos. Años antes, en otra área de exploración, llamada ‘Churuco’ —ubicada en el pozo PUT-1 como La Cabaña—, cedida por Ecopetrol a la filial colombiana de Gran Tierra, la Dirección de Consulta Previa certificó la presencia del resguardo Piedra Sagrada de los pastos en el área del proyecto. Pero ser reconocidos no es garantía de participación. Rojas indicó que a pesar de esto se han sentido excluidos del proceso de consulta previa de ese proyecto.

Al respecto, Rojas expresó “nosotros no hemos visto garantías en el proceso de consulta previa. El garante para nosotros es el Ministerio del Interior, que debe asegurar que ni la empresa ni la comunidad se vean perjudicados, como lo manda la ley, pero nos damos cuenta de que no hay una neutralidad ni una imparcialidad por parte de este para  garantizar la efectividad de la consulta previa”.

Hasta el momento el resguardo no ha tomado acciones legales por las vulneraciones a su territorio, pero la cercanía con el pueblo inga ha hecho que su lucha sea un ejemplo.

Amenazas e intimidaciones: el precio por resistir

La defensa de los derechos de ambos pueblos ha sido sinónimo de amenazas a los voceros de esta causa.

«Siempre salen panfletos con nombres de algunos grupos al margen de la ley en contra de lo que estamos haciendo. En este caso, nos dicen que nosotros somos izquierdistas, que somos guerrilleros, que los indígenas trabajamos con la guerrilla”, afirmó un líder indígena que pidió reserva de su identidad por temor a represalias. También añadió que en esas amenazas parecen estar implicados algunos alcaldes que presuntamente buscan proteger la actividad petrolera.

Un segundo líder nos confirmó que los grupos que tienen presencia en esa zona son las disidencias de las FARC del Bloque suroriental del Frente 1ro que después se unieron al Frente Carolina Ramírez. También los Comandos de Frontera, que están en el bajo, pero también en el medio Putumayo. De este grupo, mencionó que son los mayoritariamente denunciados por las comunidades como autores de los hostigamientos.

“Hemos sido tildados de enemigos del desarrollo y eso nos ha hecho blanco de amenazas”, aseguró uno de los líderes que pidió reserva de su identidad. En esto coincidieron varios voceros cuya identidad se reserva por motivos de seguridad. Nadie se atreve a denunciar a los actores detrás de los hostigamientos con nombre propio.

A pesar de esto, las comunidades señalaron que “seguiremos trabajando desde la base, la resistencia sigue en pie para no quedar en el olvido, para no seguir manchados por la muerte, la coca y los hidrocarburos”.

Mientras la Amazonía sigue en cuidados intensivos, las comunidades seguirán plantando cara por la defensa de sus derechos y luchando por la supervivencia de sus pueblos. Pero, según afirmaron fuentes en territorio, en medio de las elecciones presidenciales, las petroleras se apresuran para obtener la mayor cantidad de licencias ambientales antes del cambio de Gobierno sin importar si en el camino vulneran los derechos humanos y espirituales de estos pueblos.

El 13 de abril de 2022 la petrolera Gran Tierra Energy respondió un cuestionario de esta alianza.

Frente a la relación con las comunidades cercanas a sus proyectos señaló que “Gran Tierra Energy es un socio comprometido con las comunidades aledañas a nuestras operaciones en el Putumayo y nos enfocamos en dejar un legado de protección ambiental en las regiones donde trabajamos”.

Respecto al proceso de consulta con el pueblo inga expresó que “está lista para participar en este nuevo proceso de Consulta Previa una vez que sea convocado por el Ministerio del Interior”. Sobre la exclusión de seis resguardos por parte del Ministerio del Interior, Gran Tierra dijo que reconoce que la consulta previa es un derecho fundamental y un mecanismo importante para garantizar que los grupos étnicos e indígenas sean adecuadamente informados y consultados. Por ello, aseguran que estarán dispuestos a llevar a cabo y cumplir con cualquier proceso de consulta previa que determine y/o convoque el Ministerio del Interior.

Sobre la situación con el proyecto Chontayaco y el pueblo los pastos indicó que “ha cumplido con todas las instancias legales solicitadas por el Ministerio del Interior para proteger los derechos fundamentales de consulta previa de esta comunidad”. Lea la respuesta completa de la petrolera aquí.

Esta alianza se contactó con las oficinas de prensa del Ministerio del Interior y la ANLA, pero a la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta por parte de estas entidades.

*Este reportaje fue realizado por MONGABAY LATAM. Aquí puedes leer el original. 

Imagen principal: Plantón de resistencia frente al lugar de operaciones de Gran Tierra Energy en el marco de la jornada de paro nacional del 17 de junio de 2021. Crédito: Imagen suministrada por Joaquín Jansasoy, coordinador territorial inga.