“En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.” Immanuel Kant

José Antonio Almazán González* 

La perversidad de Calderón

El golpe en contra del SME, para favorecer la privatización eléctrica, se planificó meticulosamente bajo el mando del presidente Felipe Calderón. Semanas antes de la noche del 10 de octubre, miles de elementos de la policía federal y del ejército fueron concentrados para tomar por asalto alrededor de 500 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, sucursales, agencias, centros de distribución y conexiones, campamentos foráneos, fábricas, talleres, edificios, el emblemático edificio de Melchor Ocampo 171, subestaciones eléctricas, plantas de generación hidroeléctricas, entre ellas Necaxa, y la termoeléctrica J. Luque, ubicados en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Michoacán y el Distrito Federal.  

Primero fue el uso de la fuerza armada para impedir a miles de hombres y mujeres electricistas ingresar a sus centros de trabajo; y horas después se publicó el decreto de extinción liquidación del organismo descentralizado LFC creado en 1994, en sustitución de la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y subsidiarias. 

De un plumazo Felipe Calderón arrebató su trabajo a 44 mil trabajadores electricistas. Se cumplió así el viejo sueño del PAN de eliminar a uno de los sindicatos más antiguos de México, caracterizado por su democracia interna y su posición nacionalista. El SME se había convertido en un enorme obstáculo para avanzar en la privatización de la industria eléctrica en México y había que eliminarlo  

El legendario SME y sus dignos trabajadores electricistas se defendieron con todo lo que tuvieron a su alcance para enfrentar el poder combinado del Estado mexicano y una campaña de desprestigio en la televisión, radio y medios impresos de la oligarquía neoliberal, para someterlo y derrotarlo. En las cámaras de senadores y diputados la mayoría apoyó la agresión al SME. Los ministros de la SCJN cumplieron su parte al declarar constitucional el decreto de Felipe Calderón. 

El negocio urdido por Peña Nieto

Una vez electo Enrique Peña Nieto, la misma SCJN le negó al SME el derecho al patrón sustituto, pese a que CFE mediante un comodato se había apropiado de todas las instalaciones y centros de trabajo, plantas de generación y líneas de transmisión y distribución de LyFC.

El trabajo sucio lo hizo Calderón y a Peña Nieto le correspondió consumarlo, reencauzando el proceso de liquidación y preparando lo que hubiera sido un gran negocio eléctrico privado. Para tal efecto, con el aval de Martín Esparza y en acuerdo con la trasnacional portuguesa MOTA ENGIL, una de sus empresas favoritas desde que fue gobernador del estado de México, se creó la empresa subsidiaria Generadora Fénix, como depositaria del pago en especie a los trabajadores electricistas. 

Cualquier duda al respecto se puede disipar con la lectura de los Memorándums de Entendimiento del 10 de julio y 30 septiembre de 2015 y 15 de diciembre de 2017 y sus respectivos Anexos. Sin embargo, estos documentos fueron clasificados como reservados debido a dos amparos presentados por Martín Esparza (1460/2019 y 966/2018), para impedirle a los trabajadores electricistas y a la opinión pública conocer el fondo del asunto. A la fecha esta información puede ser consultada en https://almazan2002.wixsite.com/misitio

Los documentos secretos

Dichos Memorándums muestran en qué consistió la negociación entre la dirección del SME y Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación. Se entregaron concesiones para uso y explotación de aguas nacionales a una empresa eléctrica privada subsidiaria de la trasnacional portuguesa, violando con ello la Ley de Aguas Nacionales y el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. 

Igualmente se entregaron a la Generadora Fénix, para su uso y explotación, 15 pequeñas plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica con el propósito de armar el negocio de generar energía eléctrica a escasos kilómetros de la Ciudad de México y dentro de la gran zona industrial metropolitana del Valle de México.  

Lo sorprendente del caso es que la concesión de aguas nacionales entregada a la Generadora Fénix sigue siendo propiedad de Luz y Fuerza del Centro, y la propiedad de las 15 hidroeléctricas continúa en manos de la CFE, pues tanto la ley como la propia Constitución, con todo y sus contrarreformas neoliberales, impide la participación y propiedad de capital privado en la generación hidroeléctrica. 

Lo único que Martín Esparza recibió en propiedad fueron 40 predios, terrenos y naves industriales, por un valor contable de 512 millones de pesos, según lo reconoce la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior puede constatarse en el Anexo C de los Memorándums de Entendimiento. Sin embargo, estos bienes están limitados a los fines del sindicato, que no son de lucro ni pueden ser vendidos. 

Esta entrega se dio a cambio de firmar el finiquito de un Pasivo Laboral de 80 mil millones de pesos que pertenece a 44 mil trabajadores, conforme quedó establecido en el estado financiero de LyFC de diciembre de 2008 y reconocido en el propio decreto de extinción. Empero, conforme a datos de los estados financieros de diciembre de 2019, existe un vacío de información al respecto, pues de los 80 mil millones de pesos de ese pasivo laboral sólo se han aplicado alrededor de 18 mil millones. La gran pregunta es ¿dónde están los 62 mil millones de pesos restantes?

El pago recibido

Por la entrega de una parte del patrimonio nacional (concesiones de aguas nacionales y bienes afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica) a una empresa eléctrica privada, a la dirección del SME le pagaron inmerecidas liquidaciones millonarias, en promedio de 5 millones de pesos, pues no contaban con el salario y la antigüedad laboral requerida conforme al CCT y la LFT, como puede constatarse en el Anexo D de los Memorándums de Entendimiento. 

Como ejemplo relevante está el caso de Martín Esparza que con 23 años 9 meses y 9 días de antigüedad en LyFC en octubre de 2009 y un salario de $335.26 pesos le correspondía cobrar una liquidación de un millón de pesos y le entregaron $5,129,132.22 pesos. Al caso de Martín Esparza se sumaron cientos de favorecidos con inmerecidas liquidaciones millonarias, entre los que destacan esposas, hermanos, hijos y golpeadores e incondicionales. La lista es pública y reconocida por el propio SAE INDEP. 

Adicionalmente a Martín Esparza, a nombre del SME, le entregaron el 40% de las acciones de la Generadora Fénix, en donde solo laboran 541 trabajadores; en tanto a 14 mil trabajadores electricistas que se liquidaron en agosto de 2016 los convirtieron en Cooperativistas y sólo recibieron inequitativamente el 9% de las acciones de la Generadora Fénix. Como parte de este arreglo, a Martín lo integraron al Consejo de Administración de la Generadora Fénix. La gran beneficiada fue MOTA ENGIL que se quedó con el 51% de las acciones, sin poner un solo centavo. 

La situación actual 

A la fecha, a 11 años del golpe asestado por Felipe Calderón y culminado por Peña Nieto, en la Cooperativa LFC que comanda Martín Esparza laboran alrededor de mil ex trabajadores electricistas, sin contrato ni prestaciones y con bajos ingresos. El resto de los cooperativistas, alrededor de 12 mil ex trabajadores electricistas continúan sin empleo.

Lo único que a Martín Esparza no le entregaron, es un contrato de compraventa de energía eléctrica entre la Generadora Fénix y la CFE. Como puede verificarse en el Anexo B del Memorándum de Entendimiento, dicho contrato quedó pendiente de firmarse por los anteriores titulares de Segob, STPS, Sener y otros. Al parecer decidieron actuar con cautela por las implicaciones administrativas y penales que se anticipaban, dadas las condiciones leoninas de dicho contrato. 

Ese contrato de compra venta PPA (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés) fue festejado por MOTA ENGIL en su página web como un gran negocio, pues la CFE se comprometía a comprarle toda la energía a la Generadora Fénix por 25 años forzosos y un plazo máximo de 30 años, pero en condiciones desfavorables para la CFE tanto por el precio de la energía comprada, como en el abastecimiento de gas. 

Peña Nieto no se atrevió a autorizar la firma de dicho contrato por las presiones recibidas por otras empresas trasnacionales como Iberdrola, quienes advirtieron las desventajas en su contra. 

Un dirigente sindical y empresarial

Enmascarado y maquillado con un lenguaje izquierdista, las horas del dirigente sindical y empresarial Martín Esparza están contadas, así lo señalan miles de electricistas. De todos es sabido que el presidente AMLO lo conoce bien y por eso se refiere al SME de cuando era democrático. En las redes sociales circulan los videos en donde Martín se refiere a AMLO como el mesías y se burla de él. Pero más allá de estas descalificaciones, lo cierto es que el presidente conoce el fondo del problema, pero se ha marcado un límite y en reiteradas ocasiones ha señalado que los contratos y acuerdos firmados se respetarán. 

Por eso mismo durante su gestión se han entregado predios y terrenos a Martín a nombre del SME, como puede verificarse en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, los contratos leoninos a los que ha aludido en sus conferencias matutinas no serán tocados. no por lo menos en tanto no se dé la revocación de mandato y una nueva correlación de fuerzas permita revertirlos y echar abajo todo el andamiaje constitucional y legal de la privatización eléctrica. 

La lucha por la democracia sindical

Este límite obstaculiza una solución de fondo al conflicto del SME, tanto en lo sindical como en lo laboral. En lo sindical, respetuoso de sus principios, el gobierno de AMLO no intervendrá ni afectará la autonomía sindical. Las demandas, que son varias, se tendrán que resolver en los tribunales laborales, y en este punto, la STPS sólo ha venido prorrogando la Toma de Nota de Martín Esparza, la última hasta finales de diciembre de 2020. 

Con 15 años como secretario general del SME, el futuro de Martín Esparza pende de un hilo delgado. No solo por el descontento al interior de los cooperativistas y entre los 541 trabajadores electricistas de Fénix; la mayoría de los 17 mil jubilados lo rechaza y 28 mil ex trabajadores lo repudian. Existen evidencias que muestran ya la división al seno de su propia mafia sindical. Preocupados por correr la misma suerte que Martín y movidos por sus ambiciones personales, varios miembros de la dirección del SME se mueven para disputarle el poder en la dirección del sindicato. 

Pero este asunto será resuelto por los trabajadores cooperativistas y los jubilados, pues el resto de los 28 mil ex trabajadores electricistas, quedaron excluidos del padrón electoral, como ha sido denunciado recurrentemente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Serán ellos mediante el voto universal, secreto, directo y personal quienes decidan el futuro del SME.

Posibles soluciones

En lo laboral, el asunto de la solución al conflicto del SME es más complejo. El presidente AMLO no beneficiará a Martín y su mafia sindical por la vía de inversiones productivas que favorezcan a la Generadora Fénix, pues obrarían automáticamente en contra de las finanzas, materia y zona de trabajo de la CFE, que actualmente controla lo que era la zona geográfica de LyFC. 

Por lo mismo el grito plañidero de Martín Esparza, que reclama se les devuelva la zona y materia de trabajo de la extinta LyFC, carece de sustento laboral, legal y contractual. Recordemos que el propio Martín Esparza aceptó el laudo de la JFCA de agosto de 2010 en el que se dan por terminadas las relaciones individuales, colectivas y el propio CCT entre el SME y LFC. Ese famoso convenio de delimitación de zonas de 1985 entre el SME y el SUTERM fue eliminado también del contrato colectivo CFE-SUTERM y carece por lo mismo de materia y razón.

Por lo tanto, las opciones para resolver el conflicto del SME dependen de la decisión del presidente AMLO. 1) reinsertando laboralmente a los ex trabajadores electricistas en la CFE, pero sería una solución acotada a algunos miles de trabajadores. 2) Crear una nueva empresa productiva de Estado en lo que fue la zona de trabajo de la extinta LyFC, 3) abrir espacios de trabajo en los grandes proyectos productivos del gobierno de AMLO, Tren Maya, Transístmico, Santa Lucía, CFE Telecomunicaciones, etc., o alguna combinación de estas opciones. 

Una deuda pendiente

Con el SME y con los trabajadores electricistas, hay una deuda pendiente. Eso de enviar al desempleo y desamparo a 44 mil trabajadores y sus familias no tiene parangón en la historia contemporánea en México y en el mundo. De un plumazo se truncaron sueños y proyectos de vida. Muchos han muerto, presos de enfermedades agravadas por la desesperación y la angustia o se suicidaron. Muchos sobreviven a duras penas en la economía informal. Pocos lograron un empleo equiparable al que tenían en LyFC. Pero la mayoría mantiene su esperanza depositada en el presidente López Obrador. 

No es imaginable el cambio social profundo que promueve la 4T sin resolver los grandes pendientes y deudas sociales que dejaron décadas de neoliberalismo en México y en el mundo como se reconoce en la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. La deuda histórica que tiene México con el SME es enorme por el relevante papel que ha jugado en la lucha por un país con libertad, justicia y democracia, desde su fundación el 14 de diciembre de 1914. Alguien tiene que atender el reclamo del SME y esa persona es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

*Electricista jubilado. Ocupó las carteras dl Trabajo y del Exterior en el Sindicato Mexicano de Electricistas