Hay que asumir que el desastre climático nos alcanzó por seguir esas recetas y que, en realidad, no hay más alternativa que dejarlas atrás e inventar otras. Un centenar de personas dieron su vida por ello tan sólo en este sexenio. Es hora de hacerles caso

Por Eugenio Fernández Vázquez / X: @eugeniofv

El último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reporta veinte personas defensoras del medio ambiente muertas, 123 eventos de agresión y 282 agresiones en total tan sólo en 2023, y una suma de 102 personas defensoras muertas y 532 eventos de agresión entre enero de 2019 y diciembre de 2023, cuatro quintas partes del sexenio. Los últimos tres años han sido los más terribles para los defensores del planeta desde que esa organización gubernamental lleva la cuenta, y aunque 2023 fue un poco menos grave que 2022, ambos fueron peores que todos los demás años. Lo peor del caso es que la mitad de esas agresiones y asesinatos fueron perpetradas por agentes públicos, sean gobiernos, fiscales, policías o cuerpos militarizados.

Entre los estados con mayores agresiones registradas están, como en los años anteriores, Oaxaca y Chiapas, al igual que Jalisco y Guerrero. La novedad es que también repite en este liderato tan negro la Ciudad de México. La diferencia entre la capital del país y las demás entidades es que en el caso chilango las agresiones no son mortales, pero ahí están, y tienen que ver sobre todo con las vías de comunicación y la construcción de edificaciones comerciales, que son las grandes amenazas contra el territorio capitalino.

El grueso de estos crímenes y delitos permanece impune y no solo eso: muchas veces quienes deberían defender a los defensores y perseguir a los criminales son cómplices en las agresiones. Es el caso, por ejemplo, de las fiscalías federal y de los estados, que fueron los autores de más de la cuarta parte de las agresiones gubernamentales y de más de una de cada diez de las agresiones totales.

Con este récord, México se sitúa entre los países que más mata y agrede a los defensores del medio ambiente y del territorio, según ha documentado la organización internacional Global Witness. Si América Latina lidera al mundo en los ataques contra los que buscan salvar el planeta, México encabeza al continente.

Esta situación no es gratuita. El país, como muchas otras áreas de la región, pasa por un periodo de expansión geográfica de la economía y de apropiación de los territorios para su explotación capitalista, sea como fuente de recursos naturales (como ocurre, por ejemplo, con la minería), sea como instrumento para la acumulación de los enormes excedentes que la muy permisiva regulación nacional —ésa que ni Claudia Sheinbaum ni ninguna de las otras candidatas quiere cambiar— ha permitido que los señores de las finanzas obtengan a costa del resto del mundo (como es el caso de la construcción).

Se ha dicho muchas veces que esta situación es inevitable y que la alternativa es el hambre y la pobreza. Esto, sin embargo, es falso. Más que imponer desde arriba la voluntad de los más ricos del mundo esperando que repartan algo de la riqueza generada, habría que obedecer a quienes desde abajo exigen respeto por sus vidas y por sus entornos, cambiando de base la economía nacional.

En lugar de la expansión de esta economía extractivista, destructiva, que ha llevado al mundo a una crisis ambiental y social tras otra, habría que impulsar economías descentralizadas, diversificadas, incluyentes y regenerativas. Esto pasa por impulsar una reforma fiscal progresiva y redistributiva, pero también por la urgente tarea de reimaginar el mundo que construimos día tras día. Donde hasta ahora se dice que no hay alternativa a las recetas neoliberales, hay que asumir que el desastre climático nos alcanzó por seguir esas recetas y que, en realidad, no hay más alternativa que dejarlas atrás e inventar otras.

Un centenar de personas dieron su vida por ello tan sólo en este sexenio. Es hora de hacerles caso.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.