El caso de los cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas, Guayaquil, ha generado una gran conmoción en Ecuador y ha recibido atención internacional por la participación de militares. Se configura el delito de desaparición forzada y de una posible ejecución extrajudicial aún en investigación que pone en entredicho la política de seguridad del presidente Daniel Noboa

Texto: Gabriela Ruiz

Fotos: Andrés Loor / Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Mónica Cabrera / Lente Verde Ecuador

ECUADOR. – En Ecuador, cuatro niños que salieron a jugar al fútbol en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, nunca regresaron a sus casas. Los incineraron, y abandonaron sus restos en un pantano en la víspera de la Nochebuena.

¿Quién hizo semejante atrocidad? Militares, según un video del ECU-911, donde se ve que los elementos del Ejército los detuvieron, subiéndolos a una camioneta, donde los golpearon y sometieron.

Ahora, los nombres de Josué e Ismael, de 15 y 14 años; Nehemías Arboleda, de 15 años; y Steven Medina, de 11, resuenan en todo Ecuador. El gobierno debe escuchar, no obstante, ha decidido revictimizar, pues en la balanza está proteger a las Fuerzas Armadas y una errática política de seguridad.

Esta es la historia.

“¡Sálvame, papá!”

El 8 de diciembre, cerca de las 22:40, un hombre que nunca se identificó contactó por teléfono a la madre de Josué e Ismael, de 15 y 14 años. El hombre dijo que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.

En la llamada, Luis Arroyo pudo hablar con Ismael, su hijo mayor, quien le dijo:

“Papá, nos pegaron, nos apalearon. Nos dejaron botados, desnudos allá. ¡Ven, sálvame, papá! No estábamos haciendo nada. Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire. Nos maltrataron, nos pegaron y nos dejaron desnudos”.

Los padres de Josué e Ismael llamaron al ECU-911 para pedir ayuda a la policía. Reportaron al cuartel de Taura la novedad, indicando la ubicación del lugar donde estaban los niños, pero no los encontraron. Acudieron de buena fe a poner la denuncia en la Fiscalía. La investigación comenzó como un caso de presunto secuestro y luego cambió su tipificación a desaparición forzada.

“Se ve que los miembros militares de la FAE se llevaron a los menores. Se revisaron las cámaras del puente de la ‘Unidad Nacional’ y los niños iban en la parte trasera de la patrulla de la FAE. Ellos se los llevaron. Encontraron vestimentas de los menores… Le supliqué a la señora fiscal que nos mostrara dos minutos del video donde maltrataban a mis hijos”, contó don Luis Arroyo.

Durante varios días, los familiares de los menores no recibieron respuesta de la Fiscalía, que inicialmente investigaba el delito de secuestro. Entonces, recurrieron a organizaciones defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación para encontrar a sus hijos.

Los militares los desaparecieron

La desaparición dio lugar a la presentación de un recurso de hábeas corpus el 24 de diciembre por parte de los familiares de los menores y abogados del Comité de Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil. La jueza Tannya Loor declaró la desaparición forzada de los menores y dictó prisión preventiva para 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por “no cumplir con los protocolos establecidos para estos casos”.

Las irregularidades en el procedimiento militar, como la falta de un parte oficial de detención y la ausencia de protocolos de liberación, fueron puntos cruciales durante las audiencias.

En la sentencia emitida el 31 de diciembre, dentro de la causa del hábeas corpus, la Fiscalía formuló cargos por el delito de desaparición forzada contra 16 militares implicados en el caso de #LosCuatroDeGuayaquilEcuador.

Fue durante la audiencia, en vísperas de Nochebuena, que los medios de comunicación informaron sobre el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados, con signos de tortura, abandonados en un pantano cerca de la base militar de Taura. Esto refuerza la presunción del delito de ejecución extrajudicial.

En un plazo de 10 días, el Ministerio de Defensa deberá pedir disculpas en cadena nacional, en horario de máxima audiencia, por televisión. La jueza Loor dictó medidas de reparación integral, que incluyen la conformación de una comisión de investigación paralela a la Fiscalía.

Hallazgo de los cuerpos

El 24 de diciembre de 2024, se encontraron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura en Naranjal, lo que desató una ola de indignación y protestas. Tras pericias genéticas y antropológicas, la Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los cuerpos pertenecían a los cuatro menores desaparecidos.

«Reconocí a mi hijo por los pies, porque su cabeza ya no estaba», narró don Luis Arroyo a la BBC.

«Vi a mis dos hijos, solo les dejaron los pies, debajo de los dedos. Como Ismael tenía callos y juanetes, propios de un futbolista, lo pude distinguir por eso, porque su cabeza tampoco estaba. Al otro le dejaron una manito, un dedito, su pelo, parte de su cráneo y de la cara».

Los familiares recibieron los restos de los menores dentro de ataúdes envueltos en plástico. Piden que se realicen exámenes de ADN con el apoyo de peritos internacionales.

«Nos entregaron los cuerpos, pero no nos dicen de qué murieron, si fueron torturados, baleados o si les sacaron los órganos. Nos entregaron esqueletos, en estado de descomposición, totalmente quemados, sin cabeza. Es algo aterrador. El forense de criminalística no nos ha dicho las causas. Solo nos hicieron llenar una ficha para poder retirar los cuerpos y darles cristiana sepultura».

En entrevista para un medio local, Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que la desaparición forzada comenzó con la detención ilegal y arbitraria de los menores por parte de los militares. Las autoridades intentan deslindar de responsabilidad a los uniformados, alegando que los detuvieron y luego los dejaron en libertad.

Y mucho más grave, en las redes sociales se registra la activación de campañas de desprestigio en contra de la reputación de los menores de edad donde además, se responsabiliza a los padres de lo ocurrido. 
Josué e Ismael Arroyo Bustos, hermanos de 14 y 15 años, aficionados al fútbol, entrenaban en un equipo conocido como Richard Borja. Jugaban en la cancha de Coviem en la Trinitaria. Ismael Arroyo fue el goleador de su equipo con el que obtuvo cuatro medallas en 2024.

Plan Fénix

El denominado Plan Fénix tiene su antecedente en la estrategia militar y de comunicación utilizada por los boinas verdes del ejército de Estados Unidos en 1970 para contrarrestar guerrilla y comunismo en América Latina. El presidente Daniel Noboa retomó el nombre para su lucha contra el crimen organizado y se tatuó el símbolo en el brazo. 

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En octubre de 2024, Amnistía Internacional advirtió del deterioro en Ecuador previo al examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió: “Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras.” 

Daniel Noboa no ha ocultado su cercanía con el gobierno de donde también es originario. El informe de Amnistía Internacional recomienda: “Estados Unidos debe garantizar que la asistencia económica y técnica que brinda a Ecuador en materia de seguridad no se utilice para socavar los derechos humanos” declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Según la defensora de derechos humanos, Lina María Espinoza, se registran: 20 desapariciones forzadas, 15 ejecuciones extrajudiciales, 145 extralimitaciones en actos de servicios. 

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El 23 de diciembre, en entrevista, el mandatario consideró que “no es el momento” de tratar lo ocurrido a los menores del sector Las Malvinas, en Guayaquil, como una desaparición forzada y rechazó que se busque llamarlo “crimen de Estado”. Es la narrativa oficial que se mantiene desde entonces y a pesar de lo actuado por la justicia. Noboa propuso declarar ‘héroes nacionales? a los niños cuando no se difundía aún a la opinión pública el video que evidenciaba la participación de los militares y no se conocía de los restos calcinados en Taura. 

Limpieza social ¿sus vidas merecen ser respetadas?

Los restos de los niños fueron entregados a los familiares en ataúdes envueltos en plástico transparente después de las 20 horas del 31 de diciembre. Luego, los féretros se trasladaron a Las Malvinas donde es costumbre velar a los difuntos en las viviendas. Los niños fueron despedidos entre llantos y con música. Siendo afrodescendientes de la provincia de Esmeraldas, se escucharon arrullos y chigualos, música tradicional.

El 1 de enero, los cuatro ataúdes se juntaron en la casa comunal de Las Malvinas. Alrededor lloraban más niños. Lloraba su comunidad entera, y las quejas se hacían hondas. Un cortejo fúnebre marchó por dos horas desde Las Malvinas sobre la vía Perimetral con destino al cementerio del suburbio de Guayaquil.

Autos, motos y bicicletas. La gente llevaba pancartas y gritaban: “¡Justicia!”. Era también un mar de llanto al que se unieron otras personas, indignadas por el dolor que infringieron a Ismael, Josué, Nehemías y Steven.

«Se siente el desprecio del poder por la gente pobre, por los negros. Me duele no tener regreso. No podía tomar fotos porque tenía los ojos empañados de lágrimas», compartió Mónica Cabrera, activista y fotógrafa. Mónica ha registrado varias movilizaciones en una ciudad marcada en su memoria colectiva por la matanza de obreros en Guayaquil en 1922 hasta las muertes de la pandemia por Covid con ataúdes en llamas en las esquinas. 

“Yo creo que están haciendo purga”, denuncia Mónica con la memoria de una ciudad que al día de hoy, ha sido tan estigmatizada como Tijuana en México. 

En esta preocupación, también los defensores de derechos humanos como Billy Navarrete de la Comisión de Derechos Humanos del Guayas, señala: “Este es el final de periodo que identificamos como de limpieza social implementado por el Municipio de Guayaquil bajo el nombre de ‘regeneración de la ciudad’. Las capas se sobreponen, y se instala la idea de que la inseguridad proviene de gente racializada y empobrecida”.

Se refiere a la gestión del ex alcalde León Febres Cordero, ex-presidente y alcalde de Guayaquil entre 1992 y 2000. De ese periodo, destaca el caso Fybeca. En noviembre de 200, durante un operativo antidelincuencial en una de las farmacias de la cadena Fybeca, un grupo de 20 policías (10 del GIR y 10 de GEA) –con armas de alto poder– abrió fuego contra personas desarmadas. En 2004, estos hechos se judicializaron en una Corte Policial, con la teoría de que intervinieron en un asalto en curso. Entonces, bajo trabas e irregularidades –como la siembra de pruebas en la escena del delito–, el grupo policial fue declarado inocente. No se investigan las desapariciones, informó la Fiscalía General del Estado tras 20 años de lucha de sus familiares. 

La Asamblea Nacional decretó tres días de luto institucional. Los padres y amigos de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina insisten en que eran unos niños sanos, que solo salieron a jugar pelota porque no hay canchas de futbol cerca de su casa en Las Malvinas. 

Más grave aún, enfrentan una campaña de desprestigio contra las víctimas donde se han manipulado fotos de los menores para vincularlos a bandas criminales. Se detecta el comportamiento inusual de cuentas y usuarios legitimando la ejecución judicial y negando la desaparición forzada. Las mismas cuentas retuitean y comparten contenidos de propaganda relacionados a las próximas elecciones presidenciales, apostando a la reelección del oficialismo. 

Reacciones internacionales

Las celebraciones decembrinas fueron amargas para el pueblo ecuatoriano que de distintas formas hizo suyo el dolor de las familias de los cuatro menores de Guayaquil tras conocer su trágico asesinato. Se dieron manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca.

La pareja presidencial conformada por Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi aparecieron en fotos glamurosas en los festejos del Año Nuevo con el ministro Michele Sensi-Contugi Director General del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).  Hasta el 4 de enero, y tras reanudar su agenda pública, el presidente Noboa no ha ofrecido condolencias a los familiares de los cuatro menores de Guayaquil, ni ha publicado ningún comunicado ni contenido al respecto. 

En dos eventos públicos al norte de la capital, el presidente Noboa denunció ser el blanco de un boicot político por parte de la oposición para quitarle el poder. “Nos encontramos en guerra contra el narcotráfico y contra el pasado». Noboa se encuentra además en conflicto con su vicepresidenta a quien no reconoce, tampoco ha solicitado licencia para realizar campaña electoral, infringiendo la ley. El episodio de violación a la Embajada de México en Quito, recuerda que el estilo de gobernar del presidente Noboa es discrecional ante la ley.

El caso ha generado manifestaciones públicas exigiendo justicia.  El presidente de Colombia Gustavo Petro, manifestó: “Colombia ha visto esto que se narra aquí, una y otra vez: militares matando niños negros. Racismo y exclusión juvenil juntos.” Al mismo tiempo, recordó el rescate de cuatro menores perdidos en la selva del Guaviare por 40 días que fueron rescatados por militares: “Ahí es donde militares y pueblos se juntan. Es la vida el puente de unión…”

La ONU se pronunció y demandó al estado ecuatoriano: “Investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de desaparición forzada tras su detención por parte de miembros de las fuerzas armadas en Guayaquil, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa en silencio.

La Iglesia católica en Ecuador se pronunció sobre la necesidad de crear condiciones que garanticen educación, trabajo y seguridad en comunidades vulnerables como Las Malvinas. Se ofrecerán misas este domingo 5 de enero para los cuatro niños en todo el país, se informó a través del Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Mientras tanto, las familias de Las Malvinas quisieran que su luto fuera el de todos los ecuatorianos, sin importar el color de su piel o su origen popular. La verdad y la justicia están pendientes.