Un nuevo capítulo legal se abre en la historia del ejido El Bajío, en Sonora. Ahora, la familia Baillères usa a abogados familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero para despojar a los ejidatarios de sus tierras y seguir con el negocio minero, aún cuando los ejidatarios los expulsaron de su territorio mediante una sentencia

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Heriberto Paredes / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO. – José Hemel Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, interpuso una demanda contra ejidatarios de El Bajío, en Sonora.

La demanda llega después de que el 21 de febrero de 2021, los ejidatarios de El Bajío acordaran en una asamblea aportar dos polígonos de su territorio para que se convirtieran en Área Natural Protegida. Es decir, convertir más de 2 mil 400 hectáreas del desierto en una reserva natural para que nunca más puedan ser explotadas por la minera Penmont, propiedad de la familia Baillères.

Leer más

¿Puede haber vida después de la minería?

El conflicto se remonta hasta 2013, cuando 67 familias del ejido El Bajío demandaron a la minera ante el Tribunal Unitario Agrario número 28 en Hermosillo, Sonora, acusando a Penmont por el despojo y los daños ambientales que la minera causó en su territorio.

El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció que la minera debería abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, pero la minera no ha cumplido ninguna.  

Ahora, y después de que el 15 de agosto de 2023 la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidieran el certificado CONAP-56-2023 aceptando la incorporación de ese territorio en el registro nacional de Áreas Naturales Protegidas, la minera vuelve a contraatacar, usando las viejas tácticas de siempre: el crimen organizado y las amenazas.

Un viejo modus operandi

El cuerpo de la demanda dice que José Hemel Quintero y la empresa Asesora QL- Peon SA de CV son quienes interpusieron esta nueva demanda legal ante el Tribunal Agrario 28, en Hermosillo, Sonora.

La empresa representa a cuatro exejidatarios separados de sus derechos sobre las tierras el 26 de febrero de 2017: Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, Erasmo Cruz López, José Concepción Cruz Pérez Luis y Luis Enrique Cruz Figueroa, sucesor del difunto exejidatario Jacinto Cruz Pérez. Todos ellos, asesorados por el senador de Morena, José Narro Céspedes.

La demanda exige declarar la nulidad de dos actas: la que expulsa a los exjidatarios del núcelo ejidal (2017), y la que aporta los polígonos de su territorio para que se conviertan en Áreas Naturales Protegidas (2021). En ambos casos, el tiempo de apelación ya pasó, pues era de 90 días. Y en el caso del acta de 2021, la demanda también tendría que ser contra la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Semarnat.

«En realidad esto sólo refleja su torpeza legal», dice en entrevista el abogado de los ejidatarios, Sergio García Camacho.

Y explica que, en realidad, la demanda es parte de una estrategia criminal que la familia Baillères ha usado en contra de los ejidatarios para despojarlos de sus tierras. Estrategias llenas de agresiones y amenazas que le han costado al ejido la detención de 12 ejidatarios por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

«En estas estrategias legaloides que están implementando lo que es muy preocupante es que, al analizar estas conductas que tratan de disfrazar de legalidad, siempre brota a la superficie esas alianzas perversas de la familia Baillères con las fuerzas oscuras que de facto también gobiernan en Sonora».

Por ejemplo, en esta demanda, los exejidatarios ligados al crimen organizado, así como sus abogados (incluido José Hemel Quintero) han amedrentado a la magistrada Alejandrina Gómez Rey para que les de la razón en los tribunales. Inclusive, acusa el abogado, la demandaron penalmente ante la Fiscalía General de la República, «algo parecido a lo que hicieron con el magistrado Manuel Loya Velarde, a quien quitaron de su cargo después de que falló a favor de los ejidatarios, y en contra de la minera».

El abogado concluye:

«Este es un brote más de pus, de podredumbre y de corrupción que salpican el sistema de de justicia, y que cuando llega a algún funcionario honesto, uno al que no le tiembla la mano para aplicar la justicia, le ponen todos esos obstáculos en contra, como tratar de correrlo a como de lugar».