Después de dos años de falta de acceso al agua debido a que grupos armados despojaron a la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla de su manantial y destruyeron la infraestructura hidráulica, un expediente del caso fue recibido por la relatora de la ONU

Por Pedro Matías / Página 3

OAXACA, OAXACA.- El caso de la violación al derecho humano de acceso al agua en la comunidad indígena mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la “ineficacia, negligencia, contubernio del gobierno del estado de Oaxaca encabezada por Alejandro Murat Hinojosa así como del Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud”.

La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, recibió el expediente relacionado con la violación colectiva del derecho humano de acceso al agua cometido en agravio de toda la comunidad de Ayutla desde el 5 de junio de 2017.

Una delegación encabezada por la escritora y lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil de la comunidad oaxaqueña entregó el expediente a la relatora Victoria Tauli-Corpuz, en el marco del análisis del Informe Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas realizada en las instalaciones de la ONU en Nueva York.

Por instrucciones de las autoridades comunitarias de ese mismo municipio, Aguilar Gil pidió atención de organismos internacionales ya que están por cumplir dos años de que toda una comunidad carece de agua por un conflicto alentado desde el gobierno estatal.

La lingüista detalló que desde el 5 de junio del 2017 hasta la actualidad no tienen acceso al agua potable debido a que grupos armados despojaron a la comunidad de su manantial de abastecimiento; además, destruyeron la infraestructura hidráulica que conectaba a la comunidad con el agua.

“Esos actos de barbarie fueron además acompañados de un despojo de tierras hacia comuneros y comuneras de Ayutla, el homicidio de Luis Juan Guadalupe, comunero de Ayutla, siete personas lesionadas por arma de fuego y cuatro mujeres secuestradas por dichos grupos armados en complicidad con funcionarios del municipio aledaño de Tamazulapam del Espíritu Santo”, señaló.

En el expediente se denuncia “la ineficacia, negligencia, contubernio del Gobierno del Estado de Oaxaca encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, así como del Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud pues advertidos de todos los actos criminales y con cientos de llamados precautorios han reducido su intervención a entablar mesas de diálogo con los agresores”.

Además, explican que esas mesas han resultado estériles para garantizar el acceso al agua potable en la comunidad.

“Los agresores han firmado acuerdos que no se ven materializados a la hora de ejecutarse sin menoscabo alguno y sin que el gobierno del estado haga más al respecto permitiendo que el estado de agresión se mantenga flagrantemente y sean indiferentes ante los delitos cometidos por los grupos armados y funcionarios del municipio aledaño sin que hasta la actualidad haya justicia donde la Fiscalía General del Estado encabezado por Rubén Vasconcelos tiene archivado los casos”.

En el documento se denuncia la violencia política y discriminación institucional que han sufrido las autoridades comunitarias de Ayutla mixe al ser atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, quienes los han orillado a ceder sus recursos naturales a los grupos criminales.

“Esencialmente se denuncia la grave negligencia del gobierno del estado al someter a negociación con grupos violentos el derecho al acceso al agua de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, a cambio de que Ayutla ceda las tierras que le han sido despojadas”.

Esa denuncia llegó recientemente al Congreso de la Unión donde la activista Yásnaya Elena Aguilar denunció los mismos hechos sin que se avance en nada.

La delegación busca que el expediente que entregaron tenga eco y que Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas requiera al gobierno de Oaxaca, así como al Estado mexicano, sobre por qué hasta la actualidad no está garantizado el derecho humano del acceso al agua en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, así como la intervención directa de observadores de la ONU en la problemática.

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