Si se nacionaliza el litio y una paraestatal empieza a extraerlo, ¿cómo se garantizará que el Estado no reproduzca las prácticas depredadoras, destructivas y de despojo que han sido la norma del extractivismo tanto público como privado?

Twitter: @eugeniofv

Como parte de la iniciativa de reforma energética que presentó hace unos días, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha propuesto nacionalizar el litio, un mineral que se presume clave para la transición hacia las energías renovables y para el futuro de un montón de tecnologías. La idea que parece tener el presidente es que esto podría ser el equivalente de la nacionalización petrolera, con todo lo que implicó de acceso a recursos para la inversión en infraestructura y para el fortalecimiento del presupuesto público. Muchas preguntas, sin embargo, quedan en el aire. Hay una en particular que es urgente responder: si efectivamente se nacionaliza el litio y una paraestatal empieza a extraerlo, ¿cómo se garantizará que el Estado no reproduzca las prácticas depredadoras, destructivas y de despojo que han sido la norma del extractivismo tanto público como privado?

La experiencia de pueblos y comunidades al lidiar con las empresas públicas que deben ocupar territorio no ha sido muy distinta de la que han tenido con empresas privadas. El despojo de tierras para construir las grandes presas hidroeléctricas del país, por ejemplo, fue más la norma que la excepción, y el propio López Obrador encabezó manifestaciones y bloqueos en contra de Petróleos Mexicanos para defender a propietarios y campesinos cuyas tierras fueron hurtadas o contaminadas por la paraestatal de los hidrocarburos. La impunidad de la que han gozado Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por casos de contaminación es también la misma de la que gozan los privados, y el historial de los unos en la materia no es mejor que el de los otros. 

Si no se quiere repetir la misma experiencia y convertir a una empresa del Estado en un enemigo de los ciudadanos que tengan la desgracia de vivir sobre yacimientos de litio, se deberán tomar medidas claras desde la ley, pero también desde las instituciones y planteando políticas de largo plazo. De entrada, se tendría que fortalecer la capacidad de las entidades de procuración de justicia para hacer valer el Estado de derecho. 

Por ejemplo, urge corregir los irrisorios presupuestos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que se discute en el Congreso le daría a esa entidad, encargada de castigar a quienes violan la legislación ambiental, apenas algo más de 880 millones de pesos, que en términos reales representan la mitad de lo que tenía al empezar el siglo XXI, cuando ya era notoriamente insuficiente. 

Así las cosas, no es ninguna sorpresa que Grupo México, responsable de uno de los peores desastres ambientales de la historia del país —el derrame que provocó en el río Sonora—, permanezca impune, y si Pemex tuvo que pagar una multa por la destrucción de decenas de hectáreas de manglar para la construcción de la refinería de Dos Bocas fue por la enorme atención que se prestaba al proyecto, no por una adecuada vigilancia del proceso. Si no se toman medidas urgentes, lo mismo se repetirá ahora, pero con una nueva paraestatal.

Impedir que esto ocurra requerirá también que se genere toda una nueva cultura de relación con el territorio, con sus habitantes y con la propia ley. Donde hasta ahora se ha actuado con un terrible autoritarismo, deberá asumirse de fondo una vocación verdaderamente democrática, respetuosa de los derechos humanos e incluyente en la planeación y ejecución de los proyectos mineros. Donde se parte de que el entorno natural es un estorbo, deberán construirse mecanismos para que quienes extraigan el litio y todos los demás minerales internalicen los costos ambientales. Donde se asume que la ley es una guía, deberá mostrarse que es una obligación cumplirla.

Si no se trabaja desde ya en ese sentido, la extracción de litio será una nueva excusa para el despojo y la destrucción del país, una vez más a manos del Estado, que seguirá siendo cómplice de los depredadores privados. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.