La lista de países patrocinadores del terrorismo que sostiene Estados Unidos socava derechos fundamentales, y ese país debería revisar el marco que desencadena ese tipo de sanciones, indicó este jueves 8 un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas

Texto: Corresponasal IPS
Foto: Jorge Luis Baños / IPS

“La propia designación unilateral va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados y el principio de solución pacífica de las controversias internacionales”, afirmaron los expertos.

En la actualidad, cuatro países –Corea del Norte, Cuba, Irán y Siria- figuran en esta lista del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, a los que se imponen restricciones adicionales debido a la designación como patrocinadores del terrorismo.

Los expertos indicaron que derechos humanos fundamentales, como los de la alimentación, salud, educación, derechos económicos y sociales, y derechos al desarrollo y a la vida se ven afectados negativamente por las restricciones.

La declaración, emitida en esta ciudad suiza, recordó que esos principios son normas imperativas de derecho internacional universalmente reconocidas y, además, “el proceso a través del cual se realiza la designación es poco claro y poco transparente”.

Los actos legislativos estadounidenses para esas sanciones “exacerban el miedo y la incertidumbre, y establecen o refuerzan el exceso de cumplimiento entre los actores humanitarios y de otro tipo que puedan desear entablar relaciones u operar en el territorio del país designado”, afirmaron los expertos.

Se trata de Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales; Michael Fakhri, sobre el derecho a la alimentación, y Attiya Waris, experta independiente sobre deuda externa.

También Cecilia Bailliet, experta sobre derechos humanos y solidaridad internacional, y Livingstone Sewanyana, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Todos hacen parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“La designación afecta especialmente a países ya sometidos a otras medidas coercitivas unilaterales y tiene potenciales repercusiones catastróficas en el ámbito humanitario y de los derechos humanos», agregan.

En el caso de Cuba, el observatorio estadounidense de derechos Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) recordó que el país caribeño fue nuevamente designado como patrocinador del terrorismo el 12 de enero de 2021 “en el ocaso de la presidencia de (Donald) Trump (2017-2021)”.

Inicialmente Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo en 1982, durante la presidencia estadounidense de Ronald Reagan (1981-1989), designación que retiró en 2015 el presidente Barack Obama (2009-2017) en el contexto de una normalización de relaciones entre Washington y La Habana.

Wola indica que la inclusión de Cuba en la lista “va mucho más allá de aislar al ejército cubano y tachar al país de adversario”, y sus peores consecuencias derivan del riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio que implique al país y, por extensión, a los ciudadanos cubanos.

Por ejemplo bancos, instituciones financieras y vendedores internacionales han dejado de facilitar tanto el comercio regular como la cooperación con grupos religiosos que buscan proporcionar apoyo humanitario y de desarrollo a Cuba.

Algunas universidades de Estados Unidos tienen prohibido apoyar investigaciones u otros trabajos de cubanos, artistas, escritores, académicos, activistas y periodistas de riesgo que residen en la isla.

A grupos religiosos se les han congelado los fondos y bloqueado los envíos de ayuda humanitaria.

Personas que intenten hacer una transferencia de dinero por algunos medios electrónicos a familiares en Cuba pueden ver sus fondos congelados y sus cuentas bloqueadas.

Wola sostiene que retirar a Cuba de la lista permitiría a organizaciones humanitarias y religiosas proporcionar “ayuda para hacer frente a los graves problemas a los que se enfrenta el pueblo cubano, como la escasez de alimentos y medicinas vitales”.

“La reducción de los límites a las transacciones financieras beneficiaría al sector privado y le permitiría expandirse. El aumento del turismo podría impulsar así la economía, beneficiando a las familias cubanas”, argumenta la organización.

Los expertos de la ONU pidieron al gobierno estadounidense que “revise por completo el actual marco de designaciones de países patrocinadores del terrorismo, dejándolo dentro de la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas”.

Este artículo se publicó originalmente en IPS, aquí puedes consultarlo.