La línea de emergencia para violencia contra las mujeres cumplió un año en la Ciudad de México, y las cifras oficiales demuestran la enorme necesidad de su existencia. Sin embargo, la actual administración está llegando a su final, y una pregunta queda en el aire: ¿qué pasará con estos programas?

Texto: María Ruiz
Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Este mes se cumplió un año del servicio de llamadas de emergencia de la Ciudad de México: La Línea SOS en el número *756. Por eso, durante la presentación de los resultados de la Alerta de Género por Violencia hacia las mujeres (activa en la capital desde 2019), servidores públicos presentaron algunos datos a un año de este programa:

“A un año atendieron 89 mil 389 llamadas para protección en emergencias, canalización y acompañamiento a los servicios de la Ciudad de México. Del 2020 a la fecha, la Fiscalía Cdmx ha detenido y vinculado a proceso a 11 mil 920 agresores de mujeres en la Ciudad de México, lo que representa un aumento del 72% en comparación con el 2019”

Además, la fiscal Ernestina Godoy afirmó que se redujo el delito de feminicidio en un 26 por ciento.

Sobre el informe, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios para las Mujeres explica que la violencia de género está en todas partes, por lo que es esencial que estos programas existan; pero sobretodo: que tengan continuidad más allá de las administraciones en turno.

“Los casos son innumerables, por ello desde la Red Nacional de Refugios reconocemos la importancia de diversas acciones como la línea SOS de la Ciudad de México, decretamos que sea una acción que sea trascendente en el tiempo y no solo por un periodo gubernamental” dijo a Pie de Página.

Sin embargo, compartió una anotación importante sobre las cifras publicadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Un informe al que le faltan voces

Sobre las 55 mil 703 canalizaciones a Lunas, Centros de Justicia para las Mujeres y Consejo Ciudadano mencionadas el pasado lunes, Figueroa explica que es importante el seguimiento de los casos y que esta información se encuentre en un informe al que puedan acceder las organizaciones. También señalo que más allá de las cifras oficiales, en los refugios conocen pocas mujeres que hayan usado esta línea.

“Conocemos muy pocos testimonios de mujeres que hayan sido atendidas, lo cual nos parece sumamente importante incorporar en los informes a esas voces, para que compartan la funcionalidad de la línea y lo que les ha apoyado, aspecto clave para poder tener un diagnóstico que contemple a la población objetivo, en este caso a las mujeres, siendo indispensable el seguimiento y monitoreo permanente y una evaluación participativa”.

Esta semana, la Red Nacional de Refugios también publicó su informe, donde señalan que de enero a junio del 2023, el 37 por ciento de las mujeres que acudieron a los espacios de la red a pedir atención y protección habían solicitado apoyo a otras instituciones como Fiscalías, Centros de Justicia y Centros de Salud, pero no fueron atendidas, ni siquiera se les informó sobre su derecho a contar con un refugio.

Los pendientes

A inicios de jullio, Irinea Buendía, activista y madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, denunció que existe una inconsistencia en las cifras oficiales sobre feminicidio en México que presentan diversas autoridades.

Por ejemplo, de 2015 a 2022, el INEGI reportó 27 mil 984 feminicidios, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó 20 mil 446. 

La Red de Refugios Nacionales retoma esta denuncia, y concluye:

“La diferencia de datos por parte de dos instancias federales distorsiona el perfil estadístico divulgado sobre esta emergencia nacional que arrebata la vida de más de 10 mujeres al día en México. En esta crisis de derechos humanos, la precisión estadística es fundamental para la generación de políticas públicas garantes que prevengan y eliminen las violencias machistas. Asimismo, evidencian la insuficiencia que sigue existiendo en el país para tipificar los delitos de feminicidios, lo que contribuye a la falta de credibilidad de la sociedad civil hacia el Estado”.