Por el cada vez más alto número de linchamientos, Puebla es la única entidad que tiene un protocolo de actuación, derivado de una recomendación de la CNDH por el asesinato tumultuario de dos hombres en Ajalpan en 2017. Pero el documento no ha demostrado ser efectivo para evitar estos eventos, ni las muertes relacionadas

Texto: Cristian Escobar Añorve
Ilustraciones: Conejo Muerto

PUEBLA.- En el artículo “linchamientos en México, una puesta al día”, Raúl Rodríguez Guillén y Norma Veloz Ávila, ambos investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), proponen una hipótesis:

“Ahí donde se presentan altas tasas de delincuencia que afectan directamente a grupos sociales de recursos medios y bajos, acompañadas de altos niveles de impunidad de los delincuentes, a los que se ligan sentimientos de inseguridad, indignación y falta de confianza en la actuación de las autoridades policiales y de administración de la justicia, tiende a expresarse con mayor frecuencia relativa e intensidad la violencia social, particularmente la que se refiere al fenómeno de los linchamientos”. 

Al caldo de cultivo de los linchamientos, otros investigadores consultados para este trabajo –como Luna de la Mora y Fuentes– agregan la permisividad de la autoridad para los actos de ajusticiamiento por propia mano y/o la transmisión de la vigilancia urbana a grupos ciudadanos, así como la normalización de la violencia y la proliferación de las noticias falsas, un fenómeno que, si bien no es nuevo, ha tomado una nueva dimensión gracias a las tecnologías de la información y las redes sociales.

Para un fenómeno multifactorial, y además tan poco previsible, la respuesta no puede ser sólo de la autoridad, ni tampoco sólo policial. Así lo recalca Brenda Elguea Zanella, directora de Información y Atención Ciudadana del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (Ccsjp). Para ella, consolidar la relación entre ciudadanía y autoridades es un factor importante en la prevención situacional de los linchamientos.

En el informe “Justicia por propia mano: Análisis de los linchamientos en el estado de Puebla, 2019”, elaborado por el Ccsjp, se analizaron las colonias de la ciudad de Puebla que presentaban mayor número de casos. Como resultado se obtuvieron varios factores comunes: la presencia de vandalismo, déficit de servicios públicos, y comercio informal.

Para Elguea Zanella, el recuperar espacios públicos y la prevención situacional (es decir, reducir estos factores de riesgos debería realizarse entre ciudadanía y autoridades de seguridad), incentivar la comunicación con las autoridades y la importancia de la denuncia, así como  incentivar la solución de problemas y el acceso a la justicia, puede incidir  en la prevención de los linchamientos. 

“Las autoridades deberían aprovechar las organizaciones vecinales (…) para generar programas en conjunto que ayuden a disuadir a que, en vez de optar por un linchamiento, se llame a la policía, aun cuando ya se haya realizado la detención por parte de la comunidad”.

Se trata de un trabajo que atienda la relación entre autoridades y ciudadanía y construir confianza en los dos extremos.

Definición e información para actuar

Además de la comunicación y confianza, es importante que se defina claramente el concepto de linchamiento y se generen acuerdos entre las instituciones encargadas de registrarlo, coincidieron Brenda Elguea y el investigador de la Ibero Puebla, Rodolfo Tadeo Luna de la Mora.

Para ello, es necesario unificar criterios; sobre todo en cuanto a los casos con víctimas mortales; pero también en aquellos en los que las víctimas sobreviven. A partir de ahí, se debe hacer un análisis más cercano a los hechos, que impulse la generación de verdaderas políticas públicas de prevención, incluyendo las mejoras al protocolo de atención, dijeron los investigadores.

Por otra parte, Israel Salomón Huerta, subcoordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz del Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, menciona que la falta de un tipificación precisa del linchamiento como delito dificulta darle seguimiento a las personas presuntamente culpables. Pues es un fenómeno que engloba no uno, sino varios delitos y distinguirlos en cada caso sería una labor titánica. 

Sin embargo, lo que sí se puede lograr a corto plazo, resalta Salomón Huerta, es crear una base de datos única (con cruce de diferentes fuentes de información) y pública. Esto permitiría el acceso y transparencia de los datos, así como difundir más y mejor la información sobre la procuración e impartición de justicia. 

Esto podría suceder a través de, por ejemplo, una plataforma de transparencia al alcance de toda la ciudadanía que brinde datos de cuántas carpetas de investigación han sido iniciadas, por cuáles delitos y cuál es su etapa procesal (que vaya desde la denuncia hasta la sentencia). 

Sí se ataca el problema: Gobernación

Aunque se pidió entrevista con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, y esta nunca se atendió, LADO B se comunicó brevemente con María del Rocío Vázquez Olivos, jefa de oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Segob, quien refirió a este medio las medidas de prevención que desde la dependencia se ejecutan para el combate de los linchamientos.

En estas se incluyen algunas acciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Educación Pública para la prevención social de la violencia, la impartición de jornadas de legalidad y justicia en los distintos municipios del estado, así como la identificación y atención oportuna de problemáticas sociales a través de los Delegados y Comisionados en los municipios. 

Sin embargo, de entre las medidas mencionadas por la Segob, el robustecimiento del protocolo de actuación para casos de linchamientos es de especial énfasis. 

Vázquez Olivo comenta que se considera la capacitación de autoridades municipales en dicho protocolo, así como la mediación de conflictos y mejores protocolos de actuación, como dos puntos en el combate a los linchamientos. 

Pero, mientras, fuera de los datos que ofrece el 2020 –el año atípico–, la efectividad y el trabajo para prevenir estos brotes de violencia que cuestionan al Estado en su función de atender, impartir y administrar la justicia, aún está por verse.

Este trabajo fue realizado por el equipo de LADO B, que forma parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original