La nueva reforma anunciada por la Jefa de Gobierno instaurará un examen teórico como requisito indispensable para tramitar una licencia de conducir en la Ciudad de México. El objetivo de esto es reducir la corrupción, pero también podría impactar en la seguridad vial

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al pleno una solicitud de iniciativa de ley con el fin de reformar el código fiscal de la Ciudad de México para que sea legal la licencia de conducir permanente.

La acción fue una de sus promesas de campaña, y busca recuperar esta política implementada por primera vez en el 2000, cuando el hoy expresidente Lopez Obrador fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La medida, sin embargo, fue modificada en 2008, durante la administración de Marcelo Ebrard, quien estableció una vigencia en las licencias de conducir por 3 años.

Actualmente, para obtener este documento únicamente se necesita realizar un pago de mil 049 pesos, presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Todo, sin haber realizado un examen previo de conocimientos de conducción.

La propuesta de la Jefa de Gobierno, busca que las personas que realizan por primera vez el trámite presenten un examen de conocimientos teóricos para poder acceder al documento, el cual podrá ser en línea o en algún módulo de atención.

De aprobarse, la medida entrará en vigencia durante todo un años, de noviembre de 2024 a diciembre de 2025. 

Corrupción y accidentes viales, los objetivos de la licencia 

De acuerdo con Clara Brugada, la licencia permanente tiene el objetivo de reducir los trámites administrativos necesarios para acceder a este documento, y con esto, evitar la burocracia que permite la corrupción. 

Bernardo Baranda, Director Regional para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, coincide con esto. En entrevista, afirma: 

“Si los automovilistas saben que con un soborno pueden quedar impunes de conducir a exceso de velocidad, de manejar bajo la influencia de drogas o alcohol, son más propensos a incurrir en estas violaciones graves al reglamento”.

Sin embargo, añade que, aunque la licencia permanente puede generar una disminución en los trámites y en la corrupción, también “se corre el riesgo de que las personas que no son aptas para conducir continúen en las vías”. 

A la vez, señala que la reforma tendría que ir acompañada de una reordenación de las políticas de seguridad vial en la ciudad. 

Es decir, aplaude que las autoridades implementen exámenes de conducción teóricos y prácticos en los que se ponga a prueba el conocimiento de las leyes de tránsito, los límites de velocidad, el conocimiento de infraestructura y señalamientos, pero también se ponga a prueba la precaución a la hora de manejar.

Pero esto es solo el inicio, pues además, sostiene Bernardo Baranda, se deben reforzar los mecanismos de sanciones para automovilistas y mejorar la infraestructura vial: 

“Se deben regresar a las sanciones monetarias, no fotocívicas, las cuales fueron implementadas en 2019 por la administración anterior, que durante un tiempo funcionaron muy bien, pero después redujo su impacto. Estas multas deberían ir acompañadas de total transparencia”. 

Y añade: 

“Estas tres medidas: educación vial, mejoramiento en los mecanismos de sanciones y mejoramiento de infraestructura, ayudarán a reducir el número de muertes viales en la capital”. 

¿En verdad funcionan las sanciones? 

En la Ciudad de México, a partir de 2018, se han implementado mecanismos preventivos, como los fotorradares, para reducir el número de muertes y accidentes viales. 

Este mecanismo lo ha estudiado eI Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, particularmente en un informe titulado Marco de buenas prácticas en la implementación de programas de fotorradares. 

En este estudio,el Institutomenciona que el programa de fotorradares “debe insertarse en un marco de política pública más amplio de gestión de velocidades. Se debe trabajar sobre todos los factores que influencian la decisión de las personas conductoras respecto a la velocidad; como cambios normativos e intervenciones en la infraestructura vial».

Y añaden que “los dispositivos deben ser instalados en tramos donde se requiera generar reducciones de velocidad. En función del contexto se deben considerar criterios como puntos de alto riesgo de siniestros, intersecciones o zonas escolares».

Estas medidas, junto con la aplicación de exámenes desde el trámite de la licencia de conducir ayudarán a disminuir las muertes viales y los accidentes.

Por ejemplo, de acuerdo con el estudio citado, en 2019 la presencia de radares redujo entre 7 y 15 % las personas lesionadas respecto a 2018. 

Para 2020, la cifra se redujo entre el 8 y 15 %, y en 2021, “el efecto fue estadísticamente cero” en los segmentos donde se instalaron dispositivos en ese año. 

Sin embargo, en 2022 aumentó el número de personas lesionadas entre el 11 y 18%. 

Esto, resalta el estudio, es consistente con la literatura sobre el tema, y refuerza la postura del Instituto: por sí solos, el efecto de los fotorradares se disipa con el tiempo si no se acompaña de una política integral. 

Esto no es cualquier cosa, pues en 2023, según datos del INEGI, en la Ciudad de México murieron 533 personas debido a hechos de tránsito. Las políticas de control de velocidad tienen el potencial de salvar 7 mil 532 vidas al año.