En Jalisco y Quintana Roo se aprobó recientemente la Ley Olimpia, que sanciona violencias sexuales digitales. Ya son 24 entidades en México. Sin embargo, activistas advierten que no es suficiente legislar para acceder a la justicia si las autoridades encargadas no cuentan con protocolos y una capacitación sobre violencia digital

Texto: Ximena Torres, Fernanda Lattuada  y Eric Sandoval / Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz

Imágenes: Zona Docs

La llamada Ley Olimpia está inspirada en la lucha de Olimpia Coral Melo, una joven que a los 18 años de edad fue víctima de un hombre que difundió en internet un video íntimo que grabaron juntos. La afectación en Olimpia la llevó a intentar suicidarse tres veces. Pero después la joven luchó para que se castigue a quienes difundan en la red contenido íntimo de las mujeres sin su consentimiento.

El triunfo de su activismo en 2018 inspiró para que se les llame así al conjunto de reformas legislativas para reconocer la violencia digital y las conductas que atenten contra la intimidad sexual de una persona, como videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, entre otras conductas. De inmediato, organizaciones feministas del país adoptaron el esfuerzo y lo intentan replicar en los estados de la República.

El viernes pasado, la difusión de las fotografías de una adolescente en Tampico, Tamaulipas generó una movilización de mujeres en el centro de esa ciudad con la exigencia de que el Congreso apruebe la ley Olimpia.

Hasta el día de hoy, ha sido aprobada en 24 estados con el impulso de Olimpia Coral Melo, junto con la sociedad civil organizada. Los dos casos más recientes sucedieron a principios de septiembre, en Quintana Roo y Jalisco.

Jalisco: sin protocolos

En el caso de Jalisco, la ley se aprobó el pasado 3 de septiembre en el Congreso Estatal y se añadió el delito de ciberacoso definido como “la violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta; imágenes, audios o videos de contenido real, manipulado y alterado de una persona desnuda parcial o sin consentimiento de la víctima”.

Asimismo, se entenderá como violencia digital como “cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad y cause daño psicológico, físico, económico o sexual”.

La legislación establece penas de hasta ocho años de prisión, y se le otorgó a la Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad la competencia de crear unidades especializadas para investigación en materia de delitos mediante el uso de las tecnologías.

Desde el 2017, la difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento está tipificada como delito en el artículo 135 bis. del Código Penal Estatal; sin embargo, está catalogado como un delito contra la moral. Lo cual, en la opinión de Las Luchadoras, resulta revictimizante e incriminante para las víctimas y no para las personas agresoras:

“Estamos hablando de una forma muy específica de violencia sexual en la que se viola tu intimidad. Hablar desde lo moral de una agresión genera censura y culpa, como si compartirte sexualmente fuera un peligro […] no es tu culpa que se haga esta violación a tu derecho; el sexting es una forma de exploración y parte de los derechos sexuales […] nos parece algo conservador y moralista contra el deseo y la libertad de nuestra sexualidad”, expusieron.   

Impunidad 

De acuerdo con el reportaje “Packs y nudes virales sin permiso: ¿Cómo se persiguen estas violencias en Jalisco?”, publicado en ZonaDocs en 2019, únicamente el 2 por ciento de las carpetas de investigación de 2017 a marzo de 2019, por los delitos de Ultrajes a la Moral o a las Buenas Costumbres e Incitación a la Prostitución, concluyeron con una condena. 

Las Luchadoras reconocen que, con el señalamiento de la violencia digital en el Código Penal, se convierte en una preocupación pública, sin embargo, la creación de leyes no es sinónimo de mayor justicia:  

“Cuando se crea la ley (Olimpia) sí empiezan a haber más denuncias, pero no empieza a haber más justicia. Está en las leyes y eso nos ayuda a señalar, pero si los órganos encargados de impartir justicia no cuentan con protocolos de atención, pues la violencia digital va a seguir en un cuello de botella de denuncias, en el cual nos encontramos actualmente”, reiteraron.  

Otro problema que también señala la colectiva es que no existe una reforma homologada para todo el país, creando una brecha de diferencia entre la conceptualización de intimidad en cada Código Penal, ya sea a través de la Ley Olimpia o cualquier otra ley que contemple la violencia digital.   

“Las autoridades están abriendo una diferente definición de lo que es la imagen íntima, imagen sexual, cuerpo desnudo, cuerpo semidesnudo; así como las diferentes sanciones […] hay 15 verbos que terminan siendo sinónimos para hablar de lo mismo: difusión de imágenes íntimas. Entonces se vuelve un poco complicado de cómo perseguirla porque cada estado y cada gobierno está entendiendo la violencia digital y la difusión de imágenes íntimas desde diferentes aspectos”, puntualizaron.  

Finalmente, señalaron que para garantizar el ejercicio de esta ley se deberá dar un seguimiento de cómo y cuándo será publicada, así de cómo están siendo atendidas las víctimas en el Ministerio Público y si sus denuncias están procediendo.  

“Al dar un seguimiento en el marco legal hemos visto que cambia mucho a cuando se plantea la iniciativa, cómo se aprueba en el Congreso y cuando es publicada en la Diario Oficial o en el Código Penal de cada estado”, afirmaron.  

Recordaron que existen otras alternativas más allá de la vía legal, como las estrategias de seguridad digital, así como exigir y construir espacios más seguros en las plataformas; conocer nuestros derechos en internet y hacerlas nuestras para disfrutarlas libres de violencia, porque la violencia digital es real.  

Quintana Roo: dictaminación pendiente

La historia del colectivo Defensoras Digitales de Quintana Roo inició con un insulto, un delito, una amenaza a una mujer que no encuentra las vías legales para denunciarlo ni redes de apoyo en que sostenerse, y que en lugar de engrosar la cifra negra, germina en todo un proceso que garantizará que ninguna otra pase lo que ella.

Se trató de Gracia Alzaga, de 24 años, una de las fundadoras de la organización que ha conseguido la aprobación en el Congreso local de una serie de reformas en materia de violencia digital –la tropicalización de la “Ley Olimpia”–, que va mucho más allá de sancionar a alguien por difundir “packs” sin consentimiento.

El pasado enero, Gracia recibió mensajes de desconocidos, a sus redes sociales llegaron amenazas de muerte y que atentaban contra su intimidad; la acusaban, sin prueba alguna, de ser el rostro detrás del #MeTooCancún, la cuenta que evidenciaba a los agresores de mujeres en redes sociales y que incomodó a más de uno; amagaban con difundir imágenes íntimas de ella.

Entonces el Código Penal del estado no contemplaba la ciberviolencia ni se podía sancionar la violación a la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Primero, con temor, contacto al Frente Nacional por la Sororidad para que la asesoraran en la defensa que planeaba. Luego, con la convicción de querer colmar los vacíos legales que existen en la materia en Quintana Roo, Gracia contactó a un par de amigas y algunas organizaciones civiles (colectivas, como reivindica Gracia) para que, en comunión, impulsaran la aprobación de la “Ley Olimpia”.

En el Congreso de Quintana Roo ya se había presentado una iniciativa de decreto encaminada a sancionar este tipo de delitos, promovida por el diputado morenista Alberto Batún, aunque con algunas deficiencias, pues acotaba las sanciones a “difundir, revelar y publicar” contenido sexual. Y las posibilidades van más allá de esos tres simples verbos. 

Así nace Defensoras Digitales de Quintana Roo en febrero de 2020, “una organización horizontal, sin liderazgos”. Pese a tener escasos siete meses de vida ya consiguieron, junto con otras organizaciones (Sororas, Gobernanza, Marea Verde, Conversatorio Feminista de Cancún y Derechos, Autonomías y Sexualidades), una conquista histórica en la entidad: caracterizada por su conservadurismo y proliferación de redes criminales de trata de blancas y de menores bien estudiadas por periodistas como Lydia Cacho.

Esta reforma, apunta Gracia, pudo fluir gracias al interés, apertura y apoyo de legisladores como Atenea Gómez Ricalde (PAN) y José Luis Guillén (MAS), quienes facilitaron espacios de diálogo y discusión con las colectivas y cabildearon entre sus pares para que se aprobara.

El borrador de la iniciativa no solo fue discutido entre las organizaciones y los legisladores. Durante los primeros meses del año, “las Defensoras” participaron en mesas de trabajo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Quintanarroense de la Mujer y el DIF. Ninguna de las cuales cuenta con un protocolo de actuación ante la comisión de este tipo de delitos, subraya Garcia. “Aunque en esas mesas se comprometieron a trabajar en ello”.

Este 5 de septiembre, por 22 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en Pleno la reforma que adiciona diversas disposiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo en materia de vigencia digital. Se adicionan dos artículos en el primero; se impondrán sanciones de cuatro a ocho años de prisión y 200 a 500 días de multa a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento de naturaleza sexual o erótica de otra persona, mayor de edad, sin su consentimiento, a través de cualquier tecnología de la información y comunicación o por cualquier medio digital o impreso. La sanción será más severa cuando quien lo haga sea el cónyuge, concubino o haya mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima; cuando sea en contra de una persona con capacidades diferentes o cuando se realice con fines de lucro.

“Esto no solo servirá para proteger a las mujeres ante amenazas y conductas señaladas como violencia digital, sino que ayudará a las autoridades, por ejemplo, a desmantelar redes de trata y de pornografía en la entidad, pues mucho de ello también está en los medios digitales”, remarca Gracia, que ahora es vocera de la organización.

Visibilizan violencia digital

Las mujeres en Quintana Roo han sido víctimas de difusión de material gráfico o auditivo íntimo sin consentimiento, sextorisión, acoso virtual e insultos por vías electrónicas, según reveló recientemente una encuesta realizada por Defensoras Digitales de Quintana Roo.

En el ejercicio demoscópico participaron 180 personas, de las cuales, 49 declararon haber sido víctimas de sextorsión, es decir, de amenazas con difundir contenido ínfimo a cambio de algún pago o cualquier otra petición o chantaje. Fue la conducta más común. 

Asimismo, del total de encuestados, 38 personas refirieron que se había difundido material íntimo sin su consentimiento, 24 más señalaron acoso virtual y 16 insultos por vía electrónica.

El resto dio cuenta de trata virtual de personas, ciber persecución, difamación sexual, suplantación virtual, amenazas y chantajes, entre otros.

Los resultados ya habían sido presentados en la tercera mesa de trabajo de esta Ley, celebrada el pasado 4 de agosto, a la que asistieron todas las delegadas del Instituto Municipal de la Mujer, la directora general del Instituto Quintanarroense de la Muejer, el director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la directora del DIF, la secretaria de Educación Pública, entre otros.

“Lo que se concluyó en esa mesa es que ninguna autoridad tiene un protocolo para la atención de las víctimas de violencia digital”, señala Gracia Alzaga, fundadora de la organización, actualmente vocera.

“Todas fueron muy sinceras en decirnos que no hay, pero dijeron que están dispuestas a hacer algo en conjunto”, añadió.

Por otro lado, el 68 por ciento de las encuestadas reportaron consecuencias emocionales, 11 por ciento sociales, 8 por ciento escolares, 7 por ciento conductuales y el resto laborales y familiares.

Además, el 78 por ciento de las víctimas expresó no haber tenido acercamiento con las autoridades.

Actualmente se trabaja en el Congreso la dictaminación de la Ley, lo que sería una conquista más para el movimiento feminista y para las mujeres y hombres en general.

La parte de este trabajo referente a Jalisco fue realizada por el equipo de ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.