Para activistas e integrantes de la sociedad civil organizada, la aprobación de la Cámara de Diputados de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis es un logro que hay que celebrar, pese a que todavía hay varios retos por superar, uno de los más importantes es la aplicación y expedición de licencias, pues consideran que la falta de “medidas de justicia social” mantiene criminalización a las comunidades cultivadoras

Texto: Allison Madrid / Lado B

Foto: María Ruiz

PUEBLA.- “Más vale una regulación perfectible que una prohibición perpetua”, expresó Mariana Sevilla, integrante de México Regula, en el conversatorio Regulación del cannabis: avances y pendientes, organizado por LADO B, en el que diversas mujeres activistas e integrantes de la sociedad civil organizada hablaron sobre las victorias y retos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, aprobada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo.

En el evento participaron Martha Tagle, diputada federal; Mariana Sevilla, de México Regula; Amaya Ordorika, de ReverdeSer, y Zara Snapp, de Fundación RIA. Para todas, esta aprobación constituye un avance inédito en la historia de México, donde se está cambiando no solo una política sino una percepción cultural de estigmatización que por mucho tiempo pareció inamovible.

Dicha percepción ha radicado en ver a la persona usuaria de cannabis como alguien imprudente, hasta violenta, incapaz de llevar su vida responsablemente, cuando la realidad es que —como mencionaron las ponentes— sí es posible llevar una vida plenamente funcional, practicando un uso adulto y responsable de la planta, la cual indudablemente trae más beneficios y menos riesgos que otras sustancias legales, como el alcohol o el tabaco. 

Entre los cambios que contempla el dictamen está el aumento de 5 a 28 gramos de la cantidad de cannabis permitida para consumo personal; la eliminación del artículo que prohibía el consumo frente a menores de edad, y la homologación para su consumo en los espacios permitidos para el consumo de tabaco.

Ganamos la batalla cultural, pero el proceso legislativo sigue

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis aún no se ha aprobado completamente, pues falta la discusión en el Senado, donde todavía se pueden rechazar los cambios —y generar así un vacío legal— o aceptarlos, en cuyo caso solo faltaría la aprobación del presidente y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la población cannábica debe estar bien informada de sus alcances, ya que aunque la misma ley tenga la palabra “regulación”, en realidad esta propuesta solo genera excepciones a la ilegalidad mediante permisos y licencias; todo lo que se haga por fuera de esas excepciones seguirá estando prohibido y sancionado, explica Ordorika.

Independientemente de lo que suceda, la diputada Martha Tagle considera que “estamos ganando la batalla cultural”, pues ahora muchas personas usuarias de cannabis se están reconociendo como tal y, como consecuencia, está cambiando la imagen que la sociedad tiene de quienes consumen dicha planta.

Al respecto, Mariana Sevilla también explica que los prejuicios que aún existen al respecto se deben al desconocimiento, pues “No es lo mismo opinar sin conocer a nadie que ha utilizado cannabis para uso terapéutico que ver a una madre que te dice ‘es que esto salvó a mi hijo y me salvó a mi también porque soy la cuidadora de esta persona’”.

Otro aspecto importante al que se da pie con estas modificaciones a la ley es el de incorporar a la legalidad a los eslabones más vulnerables del mercado ilegal, como quienes se dedican a la venta al menudeo o al cultivo. De acuerdo con Amaya Ordorika, es necesario generar una diferenciación entre los grupos criminales y “las personas que ya se relacionan con la planta, que ya viven de la planta, que tienen que poder transitar hacia la legalidad porque si no se encuentran entre el crimen organizado y el Estado”.

Para lograr esto “vamos a tener que estar ahí, empujando para que se cumpla y que en verdad veamos que estos recursos alcancen a las poblaciones que más lo necesitan”, agrega Sevilla.

Fallas y contradicciones

Para las expertas, uno de los mayores puntos a mejorar en esta ley es la aplicación y expedición de licencias, pues consideran que la falta de “medidas de justicia social” demuestra la falta de interés por erradicar la criminalización a las comunidades cultivadoras.

En efecto, dentro de las correcciones que hizo la Cámara de Diputados se quitó la cuota existente por las licencias de cultivo para las comunidades campesinas que cosechan cannabis, las cuales dependen del ingreso que estas cosechas les dan. En la versión actual del dictamen se mantiene la “prioridad por estas comunidades, pero al no haber cuotas ni cifras específicas, dependerá de la sociedad dar seguimiento y evaluar a quienes benefician estas medidas: “la señal más fuerte va a ser a quienes dan esas primeras licencias (…) si van a ser para un ejido en Guerrero o una comunidad en Oaxaca o si va a ser una empresa canadiense”, señaló Zara Snapp.

Asimismo, la diputada Martha Tagle considera que la gran cantidad de requisitos y trámites burocráticos que se necesitan para conseguir los permisos o licencias podrían convertirse en un obstáculo para que las personas usuarias accedan a ellos.

Otra falla notable es que “la persecución de [las personas usuarias] no acaba”, comenta Tagle. Y agrega que al mantener las penalizaciones e incluir las posibilidades de multas de hasta 10 mil pesos se propician irregularidades e incluso sobornos, la multa se  convierte en un “incentivo perverso”, asegura la diputada.

Pese a estas contradicciones, la Coordinadora del área de incidencia de ReverdeSer, Amaya Ordorika, insiste en que “sin duda va a caer la criminalización de la posesión simple”, pues es ilógico que se permita la comercialización pero se penalice a quienes la compran, sin embargo “para eso vamos a tener que denunciar esas detenciones y documentarlas”, añade.

Conasama: un nuevo reto

Inicialmente se buscó la creación de un instituto que se encargara de los asuntos relacionados con el cannabis, sin embargo, de ser aprobada esta reforma, estos quedarían supeditados a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), la cual pronto se convertirá en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Para la diputada Tagle esto es problemático, pues esta comisión no se dará abasto y no tendrá “la capacidad para hacer todo lo que dice la ley”, por lo que se prevé que aún haya algunos obstáculos para que las personas en México puedan desarrollar libremente su personalidad. Zara Snapp destacó que, como sociedad civil, seguirán proponiendo reformas e iniciativas para facilitar estos trámites.

De igual manera, las activistas afirmaron que, desde la sociedad civil organizada se continuará con los esfuerzos para seguir presionando a las y los legisladores y servidores públicos, para que se cumplan las medidas de justicia social y para seguir informando a la población sobre los usos, beneficios y riesgos del cannabis. 

“Esto tiene que avanzar al siguiente punto —asegura Amaya Ordorika— iremos aprendiendo en el camino y mejorándolo”.

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Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.