Comités de búsqueda de todo el país cierran el Senado de manera simbólica tras su negación de desapariciones forzadas sistemáticas en el país. Mientras tanto, a unas cuadras, el gobierno Federal reconoce la crisis

Texto y fotos: Laura Buconi

CIUDAD DE MÉXICO. — Mientras la Secretaría de Gobernación recibía a algunos colectivos de búsqueda de todo el país, a unas cuadras, frente al Senado de la República, decenas de familias reclamaban que el Estado mexicano pretende negar la crisis.

“Hoy venimos a clausurar el Senado de manera simbólica porque es una institución que no sirve», afirma Jorge Verástegui González, quien busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobar, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila.

La acción fue convocada por comités de búsqueda y familiares de víctimas de varios estados de la República quienes sellaron simbólicamente el Senado con pancartas que decían: “Clausurado por su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas”. Tapizaron la entrada con las fichas de búsqueda de sus seres queridos y con la leyenda: 

“Negar y ocultar es desaparecer. +127 mil”.

«Estamos cansados»

El 8 de abril, el Senado de la República rechazó las afirmaciones de Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien aseguró que el Estado mexicano permite la desaparición forzada. “Las desapariciones forzadas”, destacó el senador Gerardo Fernández Noroña, “son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Pero Frouville actuó de manera unilateral, irresponsable y sin sustento alguno al afirmar que este delito se comete de manera generalizada o sistemática en el territorio mexicano”.

Por eso, este 10 de abril, con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado rechazó la investigación de la ONU, afirmando que en México las desapariciones forzadas no son responsabilidad del Estado. Además, el Senado pidió la destitución de Olivier de Frouville.

Afuera, los colectivos de búsqueda reclamaban las medidas del Senado. ¿El motivo? explica Jorge Verástegui:

“Desde 2011, hemos pedido al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que intervenga en México ante el creciente número de desapariciones. Esto no es nuevo, aunque quizá a los políticos actuales les parezca nuevo. Nos da gusto que la ONU finalmente responda, aunque sea tarde. Pero la crisis sigue en una magnitud impresionante. No es un problema de leyes ni de instituciones; es un problema de voluntad política. Y hasta que el gobierno no asuma un compromiso real, las cosas no van a cambiar”.

Y añade:

«Con esta acción, le queremos decir al Senado de la República que las víctimas y las familias hemos estado solicitando la intervención de la ONU ante la impunidad que existe en el país. El año pasado había 117 mil personas desaparecidas; ahora hay 127 mil. Estamos cansados”.

Mensajes contradictorios

«No es una reunión de un día. Esto es serio», afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la tercera mesa de trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, donde reconoció fallas institucionales y prometió reformas profundas en materia de justicia y atención a víctimas.

El encuentro ocurre tras el rechazo del Senado a un informe de la ONU que señala desapariciones forzadas sistemáticas en México, donde hay más de 127 mil personas desaparecidas.

Entre los compromisos que estableció la secretaria de Gobernación estanqueidad reformas legales y seguimiento a las políticas que ya existen. Ante esto, la funcionaria descartó cambios cosméticos en la legislación: «No se trata de una sola ley, sino de múltiples reformas para corregir la inoperancia».

Además, cuestionó la falta de resultados de la Fiscalía General de la República: «¿Dónde está el banco forense? ¿Por qué se detuvo?», cuestionó. Y advirtió que «la procuración de justicia necesita cambios urgentes», incluyendo sanciones para funcionarios negligentes.

Aunado a esto, se comprometió a revisar «caso por caso» las denuncias sobre carpetas de investigación abandonadas, y propuso fortalecer la capacitación de servidores públicos, además de actualizar protocolos. Para esto, dijo que garantizará presupuesto suficiente para tecnología forense y herramientas de búsqueda, y rechazó que esta mesa de trabajo fuera «demagogia». «No vine a convencerlos, sino a trabajar. Dentro de tres meses verán si avanzamos».

Y aceptó que muchas demandas son históricas: «Algunas vienen de antes de este gobierno», admitió, pero aseguró que su equipo sistematizará todas las peticiones con apoyo del experto Froylán Enciso. 

«No me quedaré indiferente ante su dolor. Hay que aterrizar acciones ya», precisó Rosa Icela. Sin embargo, enfatizó que «no todo se resolverá al 100% de inmediato», pero insistió en que habrá avances medibles.

“Aunque nos maten, seguiremos buscando porque los amamos”

Volvemos afuera del Senado. Ahí, María Salvador Coronado Navarro, quien busca a su esposo, Augusto Aguilar Lerouz, desaparecido el 27 de mayo de 2011 en Córdoba, Veracruz, dice fuerte y claro:

“Claro que las desapariciones forzadas existen; lo vemos todos los días en todos los estados. No pueden mentir ni ser omisos, porque es una ofensa para todo el país y, sobre todo, para quienes tenemos un familiar desaparecido”.

Y añade:

“Pronto se cumplirán 14 años y hasta hoy no hay detenidos. Seguimos buscando, haciendo el trabajo que ellos no hacen, y aún así se atreven a decir que en México no hay desaparición forzada. Nos ofenden, porque siguen habiendo desaparecidos. Ellos saben que son delincuentes de cuello blanco. Sabemos que nuestra vida está en peligro, como la de nuestras compañeras a quienes han asesinado o silenciado, pero no podemos quedarnos callados. Desde que se llevaron a nuestro familiar, perdimos el miedo”.

“Sabemos que estamos en riesgo, pero no nos callaremos. Sé que nos seguirán matando, porque es lo que hacen: nos eliminan para que dejemos de hablar y buscar. Pero nosotros seguiremos en la búsqueda porque los amamos”.

Enemigas del gobierno por buscar

Las demandas siguen, y ahora, en el turno de Jacqueline Palmeros, integrante de los colectivos Una Luz en el Camino (Ciudad de México), Unidos Siempre Buscando Nacional, Ejido de Iglesias y Brigada Nacional de Búsqueda, expresa el sentir de miles de familias buscadoras:

“Es desgastante para las familias. Les hemos repetido una y otra vez la violencia extrema que vivimos por parte de todas las instituciones: desde la Presidencia, el Senado, hasta la CNDH. Estamos cansados, estamos cansadas. Y parece que somos enemigas del gobierno solo por buscar lo que más amamos”.

“Pareciera que fuéramos peores que narcotraficantes, porque nos satanizan, nos criminalizan, nos matan, literalmente nos cazan, en lugar de hacerlo con el crimen organizado. Nos persiguen por hacer el trabajo que les corresponde a ellos. Lejos de ayudarnos, nos asesinan. Lejos de apoyarnos, nos revictimizan”.

“Noroña debe disculparse públicamente con las más de 120 mil familias buscadoras. ¿Cuántas personas han sido desaparecidas directamente por el Estado? ¿Cuántas madres y padres han visto cómo administraciones enteras les prometen, pero no buscan a sus familiares? Aquí estamos, más de 20 mil familias que, para ellos, son casos de desapariciones cometidas por particulares, buscando a servidores públicos. ¿Cuántas administraciones han repetido lo mismo?: ‘Vamos a escuchar, a reformar, a implementar nuevas acciones de búsqueda efectivas’. Y siempre todo queda en suspenso. La impunidad y la corrupción se heredan de gobierno en gobierno”.

No hay registro de migrantes desaparecidos en México

Ana Enamorado exige justicia por su hijo, Óscar Antonio López Enamorado, un joven hondureño desaparecido en Jalisco hace 15 años.

“Pensábamos que podría haber un poco de esperanza ahora que tendríamos una presidenta mujer, pero fue un gran error creer que solo por ser mujer entendería y aceptaría que las desapariciones forzadas son un problema grave. Ahora, lo que hace es negarlo y, con esa negativa, cree resolverlo”.

“Se resuelve aceptando que sí es un problema grave que afecta a toda la sociedad mexicana e internacional, porque hay miles de migrantes desaparecidos en nuestro país, aunque no estén registrados. Les niegan la apertura de carpetas de investigación, los reportes públicos no son accesibles y por eso no hay datos. Responsabilizamos al Estado por la desaparición de miles de migrantes. El Estado es culpable, el Estado es responsable y el Estado debe resolver”.

Alrededor de las 11:20 horas, una veintena de elementos de seguridad del Senado cerraron con vallas el acceso a la calle donde se manifestaban los familiares, impidiendo que algunas madres buscadoras salieran a realizar trámites en la SEGOB o que simpatizantes las acompañaran.

En respuesta, Ana Enamorado tomó un megáfono y pronunció estas palabras: 

“Quiero decir que ni las vallas, ni los muros, ni nada nos detendrá, porque el amor de un familiar por encontrar a su ser querido desaparecido no tiene fronteras. Ya perdimos el miedo. Señores, así no se resuelve”.

Basta de simulación

Jorge Verástegui, en un pronunciamiento público que cerró la acción simbólica, declaró: 

“Muchas familias hemos decidido no sumarnos a esta simulación con la Secretaría de Gobernación, porque no vemos voluntad política real. Siguen manteniendo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda a una persona sin experiencia, que violó la Ley General en materia de desaparición. Las familias volvemos a denunciar la simulación del Estado y respaldamos al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Le traemos al Senado la realidad que no quieren ver”.

“Les traemos a nuestros desaparecidos y les reiteramos que no conocen el país ni el problema, tanto que se atreven a decir que no hay desapariciones forzadas. Que le pregunten a la CNDH cuántas recomendaciones ha emitido contra la Guardia Nacional por desapariciones. Se lo recordamos a esos políticos oficialistas que se aprovecharon de nuestra causa cuando estaban en la oposición y ahora nos acusan de mentir, cuando solo les importa el poder y los votos”.

Jacqueline Palmeros se sumó al pronunciamiento: “Para los casos de larga data, necesitamos exhumaciones. Hay una gran crisis forense, pero nunca hay presupuesto. Necesitamos funcionarios empáticos, cero impunidad, cero corrupción, castigos penales (no administrativos) para quienes obstruyen la búsqueda. Y que retiren a los nefastos como Piedra, como Noroña, como tantos funcionarios que solo se burlan”.

“No aceptan que hay miles de desaparecidos en México, que el problema trasciende administraciones, que hay impunidad y corrupción. Necesitan actuar, pero no lo harán. Por eso rechazan las acciones de la ONU. Pero a la ONU la respaldamos más de 127 mil familias en el país, y contra eso no podrán”.