En México han habido intentos de dar justicia a víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La Comisión de la Verdad de Guerrero es una de ellas. Pilar Noriega, una de sus integrantes, comparte su experiencia para los futuros procesos que se intenten en el país.

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Andalucía Knoll

La Comisión de la Verdad de Guerrero, creada el 23 de diciembre de 2011, fue un intento de justicia transicional para castigar crímenes atroces del pasado en México.

Para Pilar Noriega García, abogada y exintegrante de esta comisión, este tipo de instrumentos -que incluyen investigación multidisciplinaria y coordinación de distintas dependencias de gobierno- abren la posibilidad a las víctimas de acceder a la verdad y justicia.

Esta herramienta, que duró dos años y medio, nació bajo el respaldo de la ley 911 del Congreso de Guerrero y sirvió para investigar violaciones de derechos humanos en el periodo conocido como Guerra Sucia y comprendido entre 1969-1979. 

Los comisionados realizaron 512 entrevistas a familiares y víctimas directas de personas desaparecidas y asesinadas en ese periodo.

La experiencia y la diferencia

Pilar Noriega es experta en crímenes del pasado. En ese sentido, afirma que la investigación de las desapariciones de personas recientes, a diferencia de las de la Guerra Sucia que ella investigó como parte de la Comisión de la Verdad en Guerrero, tienen particularidades, una de ellas es que son atribuídas -en una gran mayoría- a la delincuencia. 

—¿Una comisión de la Verdad en todo el país se tendría que separar por periodos?

—En el caso del estado de Guerrero, lo que pedimos es que no se espere a buscar  una solución a los hechos más próximos, porque es gente que ha esperando 50 años (por justicia) y ya se han muerto–.

La Comisión se propuso investigar la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y desplazamientos forzados. De los testimonios recabados obtuvieron información principalmente sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias y desplazamientos. 

“Fueron raros los casos de detenciones arbitrarias o tortura que no estuvieran relacionadas con desaparición forzada, porque casi la totalidad de las personas que señalaron que sufrieron detención arbitraria o tortura fueron víctimas de desaparición forzada transitoria”, dice en su informe final. Desapariciones transitorias, es decir, que fueron detenidas, desaparecidas, pero finalmente las presentaron ante las autoridades, al Ministerio Público o se las entregaron al Ejército y luego fueron puestos a disposición de jueces.  

También señala que hay familiares de desaparecidos que murieron mientras el juez ejecutaba la sentencia de reparación integral del daño.  En estos casos la justicia llegó tarde.

En el documento se puntualiza que la mayoría de las personas detenidas eran llevadas a instalaciones militares o cárceles clandestinas. “Hubo un gran número de personas, incluso menores de edad, trasladadas al Campo Militar No. 1 y algunas de ellas permanecieron ahí solamente por ser familiares de líderes guerrilleros, en especial Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas”.

 “Existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conocen el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los hechos, como de los documentos consultados en el Archivo General de la Nación se sabe que el ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares”, se lee en el informe. 

Dos años después de que terminara su mandato y realizara excavaciones en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde nació la guerrilla del Partido de los pobres de Cabañas, dos cuerpos fueron exhumados en un paraje del municipio contiguo, Coyuca de Beníntes en la Costa Grande de Guerrero. 

Los cuerpos pertenecieron a los integrantes de la guerrilla encabezada en la década de los 60 por el profesor Cabañas, revelaron los comisionados.

En ese momento, diciembre de 2016, Nicomedes Fuentes García explicó que los restos de Eliseo Flores Vázquez y Martín Nario Organes fueron custodiados por peritos de la entonces Procuraduría General de la República y trasladados a la Ciudad de México para  hacerles estudios de identificación.

Pilar Noriega cuenta que esta experiencia fue muy importante para regresarles verdad a las familias así sea décadas después. Los guerrilleros cayeron en un cerco del Ejército. 

La experiencia acumulada

Noriega dice que es muy importante tomar en cuenta el diálogo con las víctimas. Ella ha sabido de varios casos, sobre todo del Comité Eureka, que no han podido tener una entrevista con López Obrador.

—¿Qué es lo inmediato que se tienen que hacer para atender a las víctimas?

—Lo principal es que se cumplan las leyes: la Ley General de Víctimas establece un mínimo de presupuesto que debe tener la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y en esa medida tiene que mantenerse ese presupuesto y ese presupuesto se tiene que estar renovando. Creo que no sólo es un tema de presupuesto sino de voluntad, la Comisión Nacional de Búsqueda sí ha tenido un ejercicio de voluntad y de tratar de diseñar algo para que se pueda resolver. El tema es que se cruzan varias leyes de lo que las competencias que tiene la Comisión Ejecutiva, las Fiscalías, que tiene la CEAV a nivel nacional y estatal, las competencias de la Secretaría de Gobernación, que incluso Seguridad Pública, el sistema, los jueces. Es algo complejo, que tiene que estar coordinado”.

Integraron la comisión de la verdad además de Noriega García, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Enrique González Ruiz,  Nicomedes Fuentes García, Arquímedes Morales Carranza, y Carmen Herrera García, expertos en este periodo histórico.

 En el caso de Guerrero, la Comisión de la Verdad se creó por la ley 911 del Congreso del estado; sin embargo, tuvieron problemas al final para obtener su presupuesto, “no nos dieron los últimos seis meses que nos extendimos por ley, se les avisó a los diputados que nos extendíamos y para la reparación  integral del daño nos ha costado trabajo”. 

“Fue una comisión estatal que logramos trascender los ámbitos del estado. Con nuestro poco presupuesto y con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, encontramos dos cuerpos, creo que hemos sido el único organismo que ha encontrado cuerpos de la época de la Guerra Sucia. Se documentaron 510 casos de la Guerra Sucia. Es incuestionable que la violación a los derechos humanos fue cometida por órganos del Estado, como fue principalmente el Ejército con apoyo de las Policías estatales o municipales”, detalla.

Otros intentos de justicia

Ha habido otros intentos de justicia a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como la Comisión de la Verdad de Oaxaca, o La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Hay incluso memoriales en línea como Archivos de la represión, pero son herramientas incompletas.

Apenas el 27 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley nacional de registro de detenciones. Con esta legislación, explica Noriega, se obliga a todos los involucrados en una detención realizar una cadena de custodia adecuada, registrar todos los datos de la detención de la persona; debe haber un registro nacional desde el momento que la persona es detenida y mantener los datos correctos y actualizados.

Con este tipo de medidas, se ayuda a evitar lo que ocurrió en los años de la Guerra Sucia, que nadie sabía que sus familiares estaban presos, no había ningún registro, nada que dejara huella de personas encarceladas injustamente. 

Los estados deben homologar sus leyes a más tardar abril del este año, para garantizar los derechos de los detenidos.

La abogada dice que es importante hacer memoria, pero antes debe existir verdad y justicia para las víctimas de México.

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