Estados Unidos rara vez cuenta las historias de conflictos armados en su propio territorio; sin embargo, Es indispensable que ellos también se sitúen en la turbia realidad que compartimos y empiecen a asumir la parte de la responsabilidad que les corresponde
Twitter: @luoach
Los estadounidenses son buenos construyendo historias. En sus relatos siempre hay buenos y malos; víctimas y victimarios; héroes y villanos. En la historia del narcotráfico que han decidido contar al mundo, los latinoamericanos somos los criminales, los viles, las ratas –o algo así nos llaman en la serie de Narcos México producida por Netflix–, mientras que los estadounidenses son los salvadores, los rectos, los protectores del marco legal.
El viernes pasado se dio a conocer, en la corte distrital este de Nueva York, otro caso vinculado al de Joaquín Guzmán Loera y al de Genaro García Luna. El mexicano Iván Reyes Arzate, de 57 años de edad, fungió como jefe de la Policía Federal antes de ser arrestado el 24 de enero de 2019 en Brooklyn. Se le acusa de tráfico de drogas y de ayudar al grupo delictivo El Seguimiento 39, así como de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.
Reyes Arzate fue el enlace entre las agencias del orden estadounidenses y mexicanas de 2003 a 2016. En 2008, se convirtió en el líder de la Unidad de Investigaciones Sensibles, un programa de intercambio de información entre la DEA y la Policía Federal de nuestro país.
Según la acusación presentada por la corte de Nueva York, Reyes Arzate presuntamente recibió 290 mil dólares a cambio de darle información a los líderes de El Seguimiento 39 sobre las investigaciones de la DEA y, desde antes, a mediados de la década de los 2000, se dice que pasaba información sobre operativos policiacos a diferentes cárteles ayudándolos a eludir captura y continuar con sus actividades delictivas.
En la historia de buenos y malos que ha construido Estados Unidos respecto al tráfico de drogas, muchas veces se queda de lado el contexto de los lugares donde suceden los eventos. Durante el juicio contra Guzmán Loera había muchas sutilezas de la realidad mexicana que se perdían en la traducción instantánea de las intérpretes de la corte. Los hechos concretos se traducían al inglés más o menos con éxito, pero todo el contexto social se perdía.
En ese mismo juicio, uno de los testigos, el Rey Zambada, habló sobre otros asesinatos de policías federales ocurridos alrededor de la misma fecha en que se acusa a Reyes Arzate de recibir sobornos. Estos asesinatos sirven para ilustrar el ambiente en el cual el ex policía federal trabajaba.
En 2007, José Nemesio Lugo Félix, secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Sancionar el Tráfico y la Trata de personas dentro de la PGR, fue asesinado a balazos. Lo emboscaron un coche y un motociclista mientras viajaba en su camioneta por Coyoacán. Meses después, en 2008, también mataron a Roberto Velazco, de la Unidad de Investigaciones Sensibles, en el estacionamiento del edificio donde vivía en Tacuba. Llevaba siete meses en el puesto, tras reemplazar a su antecesor, también asesinado en la Ciudad de México: Rubén Omar Ramírez.
Al poco tiempo, Édgar Enrique Bayardo, otro integrante de la Unidad de Investigaciones Sensibles, testificó en contra de un policía acusado de corrupción. El Rey Zambada aseguró que Bayardo trabajaba para el cártel y había sido él quien le tendió la trampa a Velazco para que lo encontraran los sicarios del Cártel de Sinaloa. Finalmente, en 2009, Bayardo también murió asesinado; estaba en un Starbucks de la Ciudad de México. Cuatro de los cinco policías mencionados eran parte de la unidad especial que colaboraba con la DEA.
Al ubicar todos estos casos en el tiempo, surgen dudas inevitables. ¿Cuáles eran las alternativas de los policías en la Unidad de Investigaciones Sensibles si rechazaban sobornos: balas? ¿Cuál era la capacitación que brindaba la DEA a los agentes mexicanos? ¿Qué protección tenían los policías ante las amenazas del crimen organizado? ¿Por qué los policías entrenados por la DEA y en comunicación con las autoridades estadounidenses se coludían con los grupos delictivos? ¿Qué tanto de esto sabía la DEA? ¿Y hasta qué punto tenían conocimiento otras autoridades del país vecino?
En el juicio contra el Chapo se habló sobre un solo agente de la DEA coludido con narcotraficantes. El estadounidense en cuestión le compartió información al criminal colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa sobre los cargos que se preparaban en Estados Unidos contra él. Fuera de esa mención, introducida casi con calzador por el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, no se ha hablado sobre el involucramiento o la responsabilidad completa o parcial de las autoridades estadounidenses en esta historia.
El país vecino del norte rara vez cuenta las historias de conflictos armados en su propio territorio; en cambio, sus anécdotas y hazañas suelen ser aquellas libradas en territorio ajeno. Poco se dice sobre los casos de brutalidad policiaca donde los agentes estadounidenses han asesinado impunemente a afroamericanos inocentes. Pero mucho se habla sobre las guerras libradas en Europa, por ejemplo, donde Estados Unidos decidió cuándo entrar y cuándo salir, jugando el papel de buenos. Es mucho más sencillo pintar con tonos absolutos los eventos sucedidos en tierras lejanas.
Pareciera que para quienes están en terreno, los casos como el de Reyes Arzate existen en una gama de grises, donde es muy posible que los estadounidenses tuvieran conocimiento de lo que pasaba. Si no una responsabilidad total porque no tenemos conocimiento de agentes de la DEA coludidos con el Cártel de Sinaloa, al menos deberían tener responsabilidad parcial. Parece muy improbable que no supieran nada de la colusión cuando ellos realizaban exámenes de control de confianza a los policías mexicanos con los que colaboraban.
Sin duda es importante que se realicen estas investigaciones y se presenten casos de policías federales, como el de Reyes Arzate, ante cortes penales. Pero no nos sirven estos casos en México si se usan como ejemplos aleccionadores en un vacío contextual, donde solamente se les pintan como los malos de la historia.
Para entender dónde están las fallas en nuestras políticas públicas, qué controles de confianza fallan, qué tan útil es la colaboración con Estados Unidos y hasta dónde abarca la complicidad criminal, es indispensable entender el papel que juegan los estadounidenses y las agencias del orden que envían a capacitar y colaborar con los mexicanos. Es indispensable que ellos también se sitúen en la turbia realidad que compartimos y empiecen a asumir la parte de la responsabilidad que les corresponde. Más allá de la justicia, las respuestas están en los tonos de gris.
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Ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.
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