En los reclusorios del estado, 358 personas se han contagiado y 34 han fallecido, lo que ubica a Puebla en el segundo lugar nacional en ese rubro después de la Ciudad de México; las prisiones poblanas presentan una sobrepoblación del 32.12 por ciento

Texto: Fernando Merino Noriega / Lado B

Foto: Lado B

PUEBLA, PUEBLA,- El 5 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, dio a conocer que 59 de las 62 personas privadas de su libertad (PPL) en el penal de Chignahuapan resultaron positivas a COVID-19, por lo que fueron trasladadas al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) ―lugar acondicionado para recibir a PPL contagiadas―, mientras que las tres restantes se quedaron en las instalaciones de Chignahuapan.

La movilidad del personal administrativo y custodia habría sido la causa del contagio masivo en aquel penal, declaró el secretario de Gobernación. Al corte del 5 de enero del 2021, 358 personas privadas de su libertad en Puebla se han contagiado por COVID-19 y 34 de estas han muerto. Esta es una de las cifras más altas a nivel nacional; misma que ubica al estado en segundo lugar en contagios y fallecimientos dentro de penales, sólo detrás de la Ciudad de México que, hasta el 24 de diciembre, tenía mil 393 contagios y 55 defunciones.

En Puebla hay 13 centros penitenciarios y el alto riesgo de contagio por COVID-19 no es la única condición adversa a la que se enfrentan las PPL, sino también al hacinamiento, pues en el penal de Chignahuapan, por ejemplo, hay una sobrepoblación del 37.5 por ciento, reveló el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional ―en su edición más reciente: noviembre de 2020―. Este penal tiene capacidad para resguardar a 48 personas, pero atiende a 66, según el reporte. 

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en Puebla hay capacidad para albergar a 6 mil 357 personas privadas de su libertad pero hay una sobrepoblación de 2 mil 236, lo que equivale al 32.12 por ciento de sobrecupo. Esto ubica al estado como el segundo lugar a nivel nacional en saturación penitenciaria, sólo por debajo del Estado de México, que tiene un desbordamiento de su capacidad del 126 por ciento.

El penal de Chignahuapan no es el único que está rebasado en su capacidad: también el Centro Penitenciario de Huejotzingo tiene una saturación del 124.79 por ciento, el de  Acatlán del 87.93 por ciento, Tehuacán del 36.40 por ciento y Teziutlán del 7.52 por ciento.

Asimismo, la falta de rigurosidad para aplicar los filtros sanitarios pone en riesgo la salud de las PPL pues en una visita al Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no se tomaba la temperatura a las y los visitantes; el personal médico entrevistado indicó no conocer los protocolos para hacer frente a la pandemia y sobre todo que no era posible respetar la sana distancia por la sobrepoblación que hay en ese centro penitenciario. 

Un dato alarmante que expuso la CNDH, después de su visita al penal poblano, fue que 19 personas positivas a COVID-19 estaban alojadas en el área de ingreso en malas condiciones: hacinadas y teniendo contacto con otras PPL que les llevaban insumos, lo que ponía en riesgo la salud de las personas no contagiadas. Asimismo, la institución observó que había aglomeraciones en el área de distribución de alimentos.

Malas condiciones en prisiones, previas a la contingencia 

Las malas condiciones para las PPL no son el resultado de la pandemia, sino que fueron evidenciadas y se vieron acentuadas por la llegada del SARS-CoV-2 a Puebla, explica Tadeo Luna De la Mora, responsable del área de seguridad y justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie); “estas condiciones son una violación a los derechos humanos de las personas, pues al momento de ser privadas de su libertad el gobierno asume la obligación de garantizar la salud de las y los reclusos”.

“Sabemos que [es muy difícil] que las personas privadas de su libertad tengan acceso a servicios de salud de calidad, pero esto se agrava con la pandemia. Sabíamos que las prisiones son [espacios de mayor] vulnerabilidad en cuanto a enfermedades contagiosas y esto se pone de manifiesto [con la llegada del COVID-19]. Una pena privativa de la libertad lo que debe limitar es la movilidad ambulatoria y corporal, pero no significa que se violen otros derechos”, explica.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 reveló que en Puebla el 51.6 por ciento de las PPL comparten su celda con más de cinco personas, por lo que es muy complicado asegurar la sana distancia. Además, a nivel nacional solo el 40.9 por ciento de las personas privadas de su libertad recibió artículos de aseo personal, y el 11.06 por ciento de las personas no contaban con un lugar para aseo personal.

Puebla tiene tres de las peores diez prisiones del país (Acatlán, Tecamachalco y Zacatlán), las cuales tienen las calificaciones más bajas en rubros como garantizar la seguridad de las y los internos, una estancia digna,  reinserción social, condiciones de gobernabilidad y atención a requerimientos especiales de las PPL. De 10 puntos posibles, el Centro Penitenciario Distrital de Acatlán obtuvo 5.25, el de Tecamachalco 4.73 y el de Zacatlán 4.94; la calificación promedio de los centros penitenciarios en el estado fue de 6.03.

Lo anterior según datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la CNDH. Aunado a eso, explica Tadeo De la Mora, hay “penas” que se añaden  a la privación de la libertad por las malas condiciones, entre ellas la falta de acceso a salud, la ausencia de condiciones sanitarias dignas y de alimentación de calidad.

Indulto, una medida poco aplicada para evitar los contagios 

David Méndez Márquez anunció el 15 de julio de 2020 que alrededor de 89 personas privadas de su libertad podrían ser preliberadas, esto luego de analizar más de 400 casos de personas que podrían acceder al beneficio por pertenecer a grupos vulnerables de contagio por COVID-19; sin embargo, el 22 de octubre de 2020, el secretario de Gobernación declaró que sólo 12 personas habían sido pre liberadas, entre ellas personas enfermas, de la tercera edad e indígenas. 

De acuerdo con el Informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios de la CNDH, las poblaciones vulnerables a contagiarse por COVID-19 en penales de Puebla son las siguientes: personas adultas mayores, 423; personas con discapacidad o con alguna patología, mil 426; padecimientos mentales e inimputables, 172; además de 789 personas indígenas y 27 personas extranjeras.

El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica a Puebla en segundo lugar en número de personas vulnerables a la COVID-19 con 2 mil 837, sólo superada por la Ciudad de México con 3 mil 345; aún así, Puebla se quedó muy por detrás en el número de preliberaciones.

En contraste, el Estado de México es la entidad que más preliberaciones ha otorgado durante la pandemia, de acuerdo con el registro hemerográfico de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal): 2 mil 703 personas han obtenido su libertad y en esta entidad hay 2 mil 52 personas vulnerables; le siguen Durango con 361, Ciudad de México con 261, Guerrero con 217 y Chiapas con 104. 

Desde el inicio de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Onusida, Acnudh y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidieron a los gobiernos del mundo reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y detención a fin de evitar contagios masivos, tal y como el que se dio en el penal de Chignahuapan. Entre otras medidas que fueron sugeridas estaban, precisamente, limitar la privación de la libertad y contemplar la posibilidad de liberar a las PPL con un riesgo particular ante COVID-19.

Prisión preventiva, un factor que aumenta la sobrepoblación 

Asimismo, el Idhie exhortó desde el inicio de la pandemia al gobierno del estado a disminuir el hacinamiento en las prisiones de Puebla a través del indulto que se aprobó en la Ley de Amnistía a nivel federal, pero también a través de otros mecanismos como limitar la prisión preventiva.

El académico del Idhie invita a que los gobiernos reflexionen acerca de cómo hacer que más personas dejen de entrar a prisión, pues la solución no sería construir más complejos penitenciarios para reducir la capacidad de los penales más sobrepoblados, sino que se debe hacer una reflexión más profunda sobre cuáles son las causas por las que las personas terminan en prisión.

Tadeo De la Mora explica que más de la mitad de las personas que se encuentran privadas de su libertad en penales de Puebla están en prisión preventiva esperando a que se resuelva su situación jurídica o se les dicte una sentencia, pero destaca que muchas de estas personas podrían llevar su procesos en libertad con un adecuado seguimiento de las corporaciones de seguridad. 

El académico del Idhie refiere que la prisión preventiva en muchas ocasiones es una violación a los derechos humanos. Asimismo, el profesor Carlos Ríos Espinosa señala, en su reporte “Pena sin delito: Percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México”, que la prisión preventiva es “una pena anticipada, en detrimento del derecho a la presunción de inocencia”, que además tiene grandes costos para el Estado y que provoca la sobrepoblación en las cárceles, misma que propicia contagios masivos por COVID-19.

Para Tadeo De la Mora, las  personas privadas de su libertad deben ser consideradas como un grupo prioritario para recibir la vacuna, pues la cantidad de personas adultas mayores y con enfermedades en los penales es considerable, algo que la Secretaría de Salud Federal ya contempla, pero el gobierno estatal no se ha pronunciado al respecto.

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.