La determinación de la Corte a favor de un amparo interpuesto por dos empresas vinculadas a FEMSA-CocaCola debería servir para que todos aquellos con alguna facultad de gobierno intervengan en el combate a los plásticos

Twitter: @eugeniofv

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Oaxaca no tiene facultades para prohibir la venta, distribución y uso de productos de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno (PET) y de unicel. La decisión de la Corte supone un duro golpe para la defensa del planeta y la reducción de la basura que generamos los mexicanos, pero, en lugar de servir de freno, debería servir de guía para actuar mejor y con mayor fuerza en el terreno legislativo y también desde el Ejecutivo federal y los ejecutivos locales. 

En resumidas cuentas, lo que determinó la Corte al decidir sobre un amparo interpuesto por dos empresas vinculadas a FEMSA-CocaCola es que las medidas oaxaqueñas contra el PET y el unicel violan las facultades de la Federación. Varias organizaciones, como Greenpeace y El Poder del Consumidor, han reprochado a la Corte su estrechez de miras y que realizara “un análisis limitado a las competencias de las entidades federativas” sin hacer “el estudio de ponderación y proporcionalidad en cuanto a la protección máxima” de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano. La decisión de la Corte, además, viene a decir que las entidades federativas tienen un margen de acción más estrecho de lo que pensábamos en materia de residuos. Sin embargo, todavía hay mucho que se puede hacer.

De entrada, hay una medida urgente en manos de la Cámara de Diputados. Hace algunos meses que el Senado de la República le turnó para su aprobación o rechazo una serie de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que debe descartar sin titubeos y de urgencia. Se trata de medidas que hacen más fácil contaminar, que cargan el costo de lidiar con los residuos a las dependencias públicas y que cancelan el principio de responsabilidad extendida del productor. Fue vergonzoso que se aprobara en la Cámara Alta. Esperemos que la Cámara Baja tenga algo más de dignidad y de respeto por los mexicanos. 

Además de eso, la decisión de la Suprema Corte marcó qué es lo que no pueden hacer las entidades federativas, estableciendo con claridad qué acciones puede tomar el Congreso de la Unión, más allá de rechazar las reformas mencionadas, que nos ponen a todos de rodillas ante la industria del plástico y las grandes productoras de comida chatarra. 

El Congreso no es el único actor que puede actuar en estos temas. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede actuar para incluir este tipo de materiales en su norma oficial mexicana sobre residuos peligrosos. Esto es facultad del Ejecutivo y es una medida que puede tomar con bastante libertad. Los gobiernos de los Estados también pueden trabajar según sus márgenes legales. Como han señalado algunos abogados, la resolución de la Corte señala un error del legislativo oaxaqueño, pero deja abiertos muchos otros caminos. Toca a las legislaturas locales encontrarlos y tomarlos. 

El combate a los plásticos es una tarea compartida y muy compleja. Se trata de materiales que están en todas las actividades económicas, que tienen ventajas evidentes y que no tienen sustitutos tecnológicos fáciles. A pesar de estas ventajas, tienen consecuencias terribles para todas las especies que compartimos el planeta: se rompen hasta tener tamaños muy pequeños y entonces entran en el sistema de todos los animales, incluyendo a los humanos, generando problemas importantes de salud. Obstruyen cuerpos de agua, por no decir que cuando son engullidos por los animales pueden ser mortales. Tardan cientos de años en degradarse y destruyen paisajes y sitios que nos son muy queridos. 

Para acabar con ellos y dejar atrás este pasaje negro de la historia de la humanidad, que comenzó hace apenas algunas décadas y dejará huella por varios siglos, todos aquellos con alguna facultad de gobierno deben intervenir, y la sociedad debe exigirles que así lo hagan. El futuro nos va en ello. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.