Abogados, funcionarios y trabajadores coinciden que el reto para transformar el Poder Judicial es enorme, pero que la participación en los Diálogos Nacionales permitirá alcanzar una reforma judicial necesaria para los más desposeídos ante el Poder Judicial

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alejandro Rodríguez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – En el octavo foro de los Diálogos Nacionales para la reforma del Poder Judicial, en Saltillo, Coahuila, se reunieron  consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), académicos, abogados y sindicalistas del Poder Judicial de la Federación para dialogar en materia de “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”. 

La primera en tomar la palabra fue la Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, quien manifestó que la reforma al Poder Judicial fortalece su independencia. A la vez, insistió en que la reforma democratiza el acceso a la función judicial, pues se sustenta en la voluntad soberana del pueblo para el nombramiento de los jueces, y además, acota la permanencia en los cargos, por lo que se evita la “generación de espacios de influencia, autoritarismo, privilegio y corrupción”.

Maya García sostuvo que los cambios al sistema judicial no pueden limitarse a la transformación de los órganos y competencias de los tribunales que integran la Judicatura federal y estatal. Además, dijo, se requiere brindar un servicio de calidad, suficiente y eficaz a las personas que solicitan el apoyo jurídico.

Y planteó:

“La Defensoría Pública deberá pasar de una simple y oscura dependencia, a un activo fundamental que coadyuve a la mejora del sistema judicial. En el marco de una reforma estructural y profunda del sistema judicial, el papel del abogado es de gran importancia, porque es un baluarte de la defensa y gestión de los derechos de las personas».

El reto es inmenso, dijo la Consejera, «pero debemos confiar en que las organizaciones de abogados sabrán adecuarse y ser colaboradores para ser una nueva historia de justicia”.

Acceder a la justicia no sólo atañe al Poder Judicial, sino a Fiscalías

El magistrado y consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, defendió al Poder Judicial. Señaló que éste Poder no investiga delitos, y tampoco se encarga de la procuración de justicia. Esa responsabilidad, reiteró, recae en el Ministerio Público, «lamentablemente esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación”.

Señaló que los problemas de acceso a la justicia no se solucionan con la extinción del Consejo de la Judicatura, que durante casi 30 años  fue un garante de la independencia y de la carrera judicial. También, criticó que esta medida conlleva despedir «de la noche a la mañana, a todos los juzgadores federales y locales bajo el argumento de que con esto, todos los problemas estructurales de seguridad y justicia se van a solucionar”.

Y precisó que, la reforma, se debería enfocar a reforzar la Defensora Pública:

“No necesitamos una reforma en los términos propuestos. Lo que necesitamos es una reforma que fortalezca a organismos internos como la Defensoría pública para acercar la justicia a la gente”.

Su posición la secundó el responsable del Área de Derecho Administrativo de Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, quien señaló que “ee busca reformar al Poder Judicial, pero temas como las fiscalías siguen estando olvidados en el debate. Hasta que no se ingresen, no se puede tener una solución a medias”.

«Sin independencia judicial no hay defensa»

La magistrada de circuito y directora general del Instituto Federal de la Defensora Pública, Taissia Cruz Parcero, detalló que en México la defensa pública y calidad es un derecho de todas las personas.

Después, explicó que el Instituto que preside cuenta con autonomía técnica y de gestión, y que ahí trabajan alrededor de 3 mil personas, de las cuales, 874 son defensoras especializadas en materia penal, y 316 son asesoras jurídicas.  

Apuntó que de 2023 a abril de 2024 se atendieron un promedio de 74 mil personas en asuntos penales, y 60 mil en el área de asesoría jurídica. En su mayoría, dijo, se atendieron a personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas migrantes, así como niñas, niños y adolescentes. 

Y criticó que “es preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas en los tribunales, y que tiene como efecto perverso anular el gran valor de principios constitucionales básicos como: legalidad, debido proceso, imparcialidad, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad personal y proporcionalidad de personas».

Y añadió:

«Ninguna defensa puede ser efectiva frente a una Judicatura temerosa. Sin independencia judicial no hay defensa”.

Menos formalismos, más justicia

En su intervención, el coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, rechazó que los problemas centrales del sistema de justicia sean los retrasos y demoras en la solución de conflictos.

“Aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial; a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte. La descomposición del sistema depende de muchos factores», detalló.  

Mencionó que existe un vacío en la vigilancia de la profesión. Por ejemplo, dijo, los colegios de profesionistas no cuentan con las herramientas normativas suficientes para poder evaluar e incentivar el adecuado ejercicio de la profesión. La propuesta de reforma al artículo 17 constitucional de imponer plazos fatales en la justicia, no va a brindar soluciones, «sólo llevará a privilegiar los formalismos, frente al fondo de la controversia».

Regular el ejercicio de la abogacía

La catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Sandra Lucía Rodríguez Wong, aseguró que la Defensoría no puede ser herramienta de ningún poder, sino un baluarte de la democracia; estimó necesario impulsar un sistema de formación continua para defensores que garantice su competencia y compromiso.

Por su parte, el director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Arturo Valls Esponda, señaló que la Defensoría Pública es el primer contacto con las y los ciudadanos. Por ende, reconoció que ahí es donde se debe hacer un diagnóstico.

Por la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León habló Juan Guillermo Ávila Sarabia. En su intervención, el abogado subrayó que la importancia de integrar en la reforma la colegiación obligatoria para los egresados de las carreras de derecho, «es algo que hemos tratado de impulsar y conminamos a que, como parte de la reforma judicial, se integre”.

Añadió:

“Debemos ponernos límites, pero también tener derechos para ejercer la defensa de la defensa. No hay una norma o límites de restricciones que digan hasta dónde debemos actuar o no, hay estados en donde no existen aranceles para regular los cobros de abogados”.

Una propuesta para esto es la del analista jurídico, Rogelio Rodríguez Garduño, quien propuso abrir las especializaciones jurídicas, y que el Estado revise quien es realmente penalista. Previo a esto, dijo, los abogados tienen que pasar un filtro de “cuatro años en un juzgado, cuatro en una Fiscalía, con un centro de enseñanza y una certificación que diga que ése abogado es experto en materia penal”.

Trabajadores denuncian que los excluyen de la Reforma

Diana Berenice López Gómez, en representación de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acusó a los legisladores que impulsan la reforma de ignorar a los trabajadores. Dijo que no se les permite expresar su rechazo:

“Sí han invitado a los líderes y a quienes forman la cúpula, pero nosotros somos los que hemos resentido los recortes presupuestales. Estamos indignadas e indignados porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las Fiscalías”.

Por su parte, José Guadalupe Méndez de Lira, también en representación de los trabajadores, dijo que la iniciativa presidencial es falsa:

“Repudiamos la iniciativa presidencial porque parte de una premisa falsa para sostenerse. Se apoya en que este poder es corrupto, lleno de nepotismo e influyentísimo. Nos duele que nos hagan ver como corruptos, nos duele que no reconozcan nuestro trabajo”.  

Si quieres ver el diálogo completo, puedes hacerlo en el siguiente enlace: