10 noviembre, 2022
Sin una regulación específica para el océano, la actividad minera podría llevar al colapso de los ecosistemas costeros marinos, advierten especialistas. China, India, Rusia y el Reino Unido son algunos de los principales países interesados en llevar a cabo estas actividades
Texto: Kevin Damasio / IPS Noticias
Fotos: Luiz Puntel / Alamy, PA Horta / Wikimedia Commons
RÍO DE JANEIRO – Es posible que no hayas oído hablar de la «Amazonia Azul». Se trata del territorio marítimo de Brasil, o zona económica exclusiva (ZEE), que abarca una superficie de 3.6 millones de kilómetros cuadrados bordeando la costa del país, y se llama así por su tamaño que equivale a la superficie de la selva amazónica.
Al igual que la propia Amazonia, también es una zona abundante en riquezas naturales y minerales, algo que ha despertado un gran interés en Brasil, dados los derechos especiales del país sobre dichos recursos dentro de su ZEE.
Más allá de la ZEE, también se está intensificando la atención -y las negociaciones en curso- sobre la minería de aguas profundas en aguas internacionales. El propio Brasil quiere ampliar su jurisdicción para explorar y explotar potencialmente minerales más allá de los límites de su costa atlántica.
Pero los expertos advierten que, dada la falta de estudios y de legislación específica actualmente en vigor, tales actividades podrían causar graves daños al medio ambiente oceánico.
Fosfato, ilmenita, sales de potasio, sales de roca e incluso carbón son algunos de los minerales y yacimientos para los que se han presentado solicitudes de exploración y explotación en la Amazonía Azul. También se ha presentado un gran número de solicitudes para la recuperación de arena y roca caliza del fondo marino.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil ha registrado 765 solicitudes de explotación minera activas en el área marina del país, que abarcan una superficie que supera el millón de hectáreas.
De estas solicitudes, más de 70 % se han realizado desde 2010, 398 tienen autorización para la investigación, 44 están a la espera del permiso para iniciar la explotación y 50 ya han obtenido la concesión. Otras 268 están en la fase inicial de solicitud de investigación y cinco están abiertas a solicitudes de prospección.
La ANM ya ha autorizado la extracción de dos sustancias en el sistema marino costero de Brasil: arena y piedra caliza.
En el caso del fosfato -la sustancia de mayor interés para el sector minero en la ZEE brasileña- aún no se ha otorgado ninguna concesión, pero hay 279 solicitudes abiertas que abarcan un total de 531 000 hectáreas, presentadas por 20 empresas o particulares. El fosfato es un material clave para la producción de fertilizantes, así como de muchos productos cotidianos como alimentos, cosméticos y productos electrónicos.
Actualmente, solo dos empresas producen piedra caliza de origen marino en Brasil. Según la ANM, la sustancia explotada se utiliza en la producción de fertilizantes y nutrición animal, así como para la acuicultura de camarones, el tratamiento del agua y la fabricación de suplementos vitamínicos y minerales.
La empresa paulista Oceana Minerals obtuvo seis concesiones mineras en 2010, con una superficie de 11.100 hectáreas frente a la costa del norteño estado de Maranhão. Por su parte, PrimaSea fue autorizada en 2013 a explorar piedra caliza en cinco concesiones que suman algo menos de 5000 hectáreas frente al estado de Bahía, en la costa oriental de Brasil. La empresa de Bahía utiliza la piedra caliza extraída para la fabricación de cemento.
Según la ANM, «la legislación actual que regula la investigación minera y la explotación de minerales en Brasil no hace ninguna distinción entre áreas submarinas y terrestres».
Pero sin una regulación específica para el océano, la actividad minera podría llevar al colapso de los ecosistemas costeros marinos, advierte Paulo Horta, biólogo marino y profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina: «Produciremos materias primas útiles para la agricultura y otras esferas económicas, pero comprometeremos el funcionamiento del sistema oceánico, que es un sumidero de carbono».
Horta destaca la perturbación que las actividades extractivas pueden ocasionar en los ecosistemas denominados «carbono azul» que han capturado grandes cantidades de emisiones. «El océano ha absorbido aproximadamente el 25% del carbono que hemos emitido desde la Revolución Industrial. Al extraerlo, liberamos lo que ya se ha almacenado y socavamos la capacidad del océano para seguir almacenándolo».
Según Horta, uno de los mayores riesgos de la minería marina es la dispersión de sedimentos del suelo, o plumas, que pueden dañar importantes ecosistemas, como el banco de rodolitos que se extiende 231 000 kilómetros cuadrados desde Santa Catarina, en el sur de Brasil, hasta la desembocadura del río Amazonas, entre los estados de Amapá y Pará, en el norte del país.
Codiciados para la producción de fertilizantes, los rodolitos son algas ricas en carbonato de calcio esenciales en la formación de arrecifes, y son grandes acumuladores de carbono. Los lechos de rodolitos de este banco atlántico han sido, al parecer, el objetivo del gobierno brasileño para su extracción.
Horta añade que las plumas podrían reducir la capacidad productiva de este banco de rodolitos en 70 %: «Es un escenario muy grave, porque muchas de las más de 700 solicitudes son para zonas poco profundas. Pero incluso las que están en aguas profundas producen plumas que pueden dispersarse por decenas o cientos de kilómetros».
Además, según el científico, las actividades extractivas y las perturbaciones que provocan pondrían en peligro el sustento de miles de familias que viven de la pesca, el turismo y la maricultura en aguas brasileñas.
Horta defiende soluciones basadas en la economía regenerativa. En lugar de agotar ciertos recursos naturales, una alternativa de menor impacto a la minería marina es la agricultura oceánica regenerativa de algas. Este enfoque permite cultivar algas en entornos marinos que pueden utilizarse para la producción de biofertilizantes, y aporta una serie de cobeneficios ambientales y sociales.
«De este modo, no sólo eliminamos el dióxido de carbono de la atmósfera, sino que también cubrimos los daños de la [producción] de nitrógeno y fósforo que hoy crean zonas muertas alrededor del planeta», afirma el científico.
En su opinión, esta alternativa podría aplicarse a lo largo de los casi 8.000 kilómetros de costa brasileña, generando puestos de trabajo e ingresos y reduciendo la dependencia de los fertilizantes importados, además del potencial económico para las industrias farmacéutica y cosmética.
Más de la mitad de las solicitudes de explotación minera presentadas a la ANM se refieren a bloques situados en aguas menos profundas y más cercanas a la costa de Brasil, en una zona conocida como margen continental.
«Esta es la zona más interesante para aprovechar no solo los recursos minerales, sino el espacio marino en su conjunto, con la energía de las olas, el viento y el hidrógeno verde», dijo Luciana Felício, jefa de la división de geología marina del Servicio Geológico de Brasil (SGB – CPRM), la agencia estatal que investiga los recursos minerales del país.
Sin embargo, esta zona aún exige más estudios. «Necesitamos conocer el relieve del fondo marino, las condiciones del océano, las corrientes y la línea de base ambiental de la zona para que los beneficios se amorticen sin grandes perjuicios para el medio ambiente», añadió Felício.
Uno de los programas actuales de la SGB consiste en una cartografía más completa de las regiones poco profundas de Brasil, para profundizar en el conocimiento de la geología, la dinámica oceánica y las cuestiones medioambientales.
Según Felício, este será uno de los principales objetivos de la agencia a partir del próximo año. Su plan para los años 2023 a 2027 se centra en la costa noreste del país, entre otras zonas.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), es un organismo de la ONU que define las normas para la extracción de minerales marinos. El tema ocupó un lugar destacado en la segunda Conferencia de la ONU sobre los Océanos, celebrada en junio en Lisboa.
Pero la minería de aguas profundas que se realiza fuera de la jurisdicción de los países sigue sin estar regulada por la ISA, a pesar de ser objeto de un enorme interés económico.
El estado insular de Nauru, en el Pacífico, ha liderado la iniciativa de permitir el inicio de la minería de aguas profundas en alta mar, invocando una cláusula que le permitiría iniciar sus actividades a mediados de 2023 independientemente de las normas vigentes.
Por otro lado, muchos científicos y activistas aprovecharon la reciente conferencia de la ONU para impulsar una moratoria de la minería oceánica hasta que se realicen más estudios sobre sus impactos.
Desde 2009, el SGB estudia la elevación de Río Grande, una cadena de montañas submarinas distribuidas en un área de unos 150 000 km2, a una profundidad de aproximadamente 3000 metros.
Esta región de aguas profundas se encuentra fuera de la jurisdicción brasileña, a unos 2300 km de la costa al sur del país. Durante las primeras expediciones a la zona, los investigadores identificaron la presencia de metales como el manganeso, el cobre y el cobalto.
Para profundizar en los estudios, el SGB firmó en noviembre de 2015 un contrato de 15 años con la ISA. Las investigaciones pronto identificaron estructuras rocosas similares a las de la costa brasileña.
Luego, a finales de 2018, Brasil presentó una solicitud a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para reclamar la elevación de Río Grande y otras áreas dentro de su jurisdicción. Si se aprueba, la ZEE brasileña pasaría a tener 5.7 millones de km2.
El reclamo aún no ha sido atendido por la comisión. Brasil no tiene permiso para la exploración económica de la cuenca del río Grande mientras espera una respuesta.
Las operaciones brasileñas en aguas profundas todavía están en fase de investigación y aún no han atraído el interés de las empresas nacionales, dice Felício. La ANM no ha recibido solicitudes de investigación de minerales en aguas profundas.
Petrobras, el gigante petrolero brasileño de propiedad parcialmente estatal, ya tiene constancia de la presencia de marcas de agua en la elevación de Río Grande; se trata de depresiones en forma de cráter en el lecho marino en las que hay escape de fluidos y gases, principalmente metano, que pueden indicar la presencia de hidrocarburos. Sin embargo, la empresa ha informado de que por el momento no prevé explorar la zona, debido a la escasez de estudios.
Desde 2017, Maila Guilhon estudia las estrategias y directrices para preservar los ecosistemas en la exploración minera en aguas internacionales.
Para la bióloga, no está claro que Brasil quiera hacer minería en las profundidades marinas. A pesar de ser el país con mayor dominio de personal, infraestructura y técnicas de investigación científica en el Atlántico Sur, «Brasil no tiene la tecnología para realizar esta exploración» y tendría que hacer asociaciones internacionales.
Además, el país carece de un marco normativo para la minería de aguas profundas. «Es muy importante tener una base normativa, como una ‘Ley del Mar’, para tener principios rectores y buenas prácticas ambientales», añade Guilhon. «Según lo que se vaya a hacer, el principio de precaución es el primer punto a tener en cuenta, además de la participación de la sociedad civil».
Guilhon está realizando parte de su investigación de doctorado en el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad de Potsdam (Alemania), en contacto con múltiples partes implicadas en los debates en curso sobre la minería de aguas profundas.
China, India, Rusia y el Reino Unido son algunos de los principales países interesados en llevar a cabo estas actividades, mientras que naciones de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se han manifestado en contra de esta exploración y posible explotación.
*Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino e IPS Noticias. Aquí puedes leerlo.
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