El 5 de abril de 2017, Luz perdió a la persona más importante de su vida en una masacre perpetrada por policías; su padre, un carpintero que defendió su pueblo, Arantepacua. A 5 años, exige justicia y que la Fiscalía General de la República atraiga el caso 

Twitter: @Dal_air

Las campanas de la iglesia resuenan. Es 5 de abril de 2017. Las mujeres y hombres p’urepechas salen al llamado de emergencia en el pueblo de Arantepacua, en la meseta p’urepecha de Michoacán. De por sí, las familias ya estaban en alerta. La disputa por 512 hectáreas de bosque con la comunidad de Capácuaro está presente. Defienden sus tierras del arrasador monocultivo de aguacate. 

Pero en esta ocasión, las campanas suenan porque no paran de entrar convoyes de Policías municipales. Algunos salen a defender al pueblo con sus propios instrumentos de trabajo del campo. Hacen una valla humana. Sin embargo, la represión es extrema. Los policías disparan contra la población. Perpetran una masacre de la que aún no rinde cuentas el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

“No nos dio tiempo de reaccionar, ni de pedir ayuda. Con mucho miedo, con mucho temor, nuestra primera reacción fue resguardarnos en nuestra casa. Eso hicieron como primera instancia la mayoría mujeres. Pero al ver que comenzaron a entrar a los domicilios, ya ningún lugar era seguro, entonces comenzamos a defendernos con palos y piedras. Pero nuestras armas no fueron suficientes para defendernos de un ataque tan cruel, como el venir a matarnos. No se le puede llamar de otra forma a esta masacre”, describe Luz, mujer p’urépecha originaria de Arantepacua.

Antes de la represión y masacre, las fuerzas del orden ya habían detenido a 38 comuneros que protestaban con un cierre carretero por el bosque. Los campesinos salieron a defender el bosque. La respuesta policial fue desmedida. Ese 5 de abril de 2017, hubieron 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas del ataque por el estado de sitio y el terror que provocaron.

“Ese día perdí a la persona más importante de mi vida. Una persona que solo se dedicaba a su trabajo. Una persona responsable y amorosa de su familia: Francisco Jiménez Alejandre. Mataron a cuatro personas inocentes de cualquier delito. Es por eso que es totalmente injusto en toda la extensión de la palabra”, cuenta Luz, quien también es campesina y luchadora por la tierra.

Francisco Jiménez Alejandre era un carpintero muy respetado. Arantepacua es una comunidad que se destaca por el trabajo de madera, construyendo muebles. Ese 5 de abril, Francisco salió al auxilio de su hermano, quien vive a la entrada de la comunidad, justo por donde comenzó el ataque de policías. Ahí fue donde lo mataron, y a su hermano lo torturaron.

Luz narra que la respuesta a la represión fue luchar por la libre determinación. A raíz de este cruento episodio, la comunidad de Arantepacua fortaleció sus asambleas comunitarias. Después de ocho meses de la represión, en diciembre del 2017, formalizaron el primer Consejo Comunal, como Pie de Página ha documentado. 

La comunidad ya ejercía la libre determinación desde antes de 1994, con sus asambleas por usos y costumbres, al margen del municipio de Nahuatzen. A partir de la represión conformaron una ronda comunitaria de seguridad, para enfrentar la desconfianza e inseguridad que provocaron los policías en la población.

La comunidad denunció primero en la fiscalía de Michoacán. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en diciembre de 2020, donde responsabiliza al gobernador Aureoles Conejo de los hechos. En mayo del 2021, representantes de la comunidad denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Aureoles por el ataque a las habitantes de Arantepacua y desde entonces exigen que atraiga el caso, pues permea la corrupción e impunidad estatal.

Terminó la gestión de Aureoles Conejo y se fue sin rendir cuentas por la masacre. Arantepacua exige justicia a cinco años del terror que vivieron. Continúa con la defensa del bosque de pinos, encinos, que en sus orillas selváticas es amenazado por los monocultivos de aguacate.

Integrantes de la comunidad de Arantepacua convocan e este 31 de marzo del 2022 a una protesta frente a la Fiscalía General de la República de la CDMX para exigir que atraigan le caso que fue, además, rechazado a principios de año. La comunidad exige que no quede impune la masacre. Además, convocan el 5 de abril a una marcha en Morelia, Michoacán, para exigir justicia.