Para los integrantes del Comité Cerezo la adhesión de la Guardia Nacional a Sedena significa es la continuación de la militarización que ocurre desde sexenios pasados y advierten que en el futuro será utilizada para el control de la disidencia social

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La discusión acerca del papel de la Guardia Nacional en la seguridad del país y el reciente anuncio de su posible incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional han puesto en alerta al Comité Cerezo. No solo por el riesgo de la militarización, sino por la profundización de una política de contrainsurgencia que, desde hace décadas, ha caracterizado el actuar de las fuerzas armadas en México. 

El Comité Cerezo México surgió tras la detención de algunos de sus fundadores. Saben, de primera mano, el papel que tienen las fuerzas de seguridad (militares, policías y marinos) en el control de la disidencia política. 

Desde su fundación, cuando detuvieron a algunos de sus integrantes acusándolos de terrorismo y vínculos con movimientos guerrilleros, este este comité se ha encargado de documentar desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en el país, particularmente las cometidas contra activistas o defensores de derechos humanos. 

Hablamos con Francisco Cerezo, coordinador del comité.

—¿Pasar la Guardia Nacional al mando militar es militarizar el país?  

—Nosotros pensamos que es un error de Andrés Manuel López Obrador el militarizar, aún más, a la Guardia Nacional. Hay que recordar que, en la Guardia Nacional, en realidad la mayoría de sus miembros son militares y marinos en activo comisionados ahí. Se trata de hacer legal lo que ya es una realidad.

Cerezo reflexiona que, en México, la militarización no es un fenómeno nuevo, es una realidad a la que poco a poco se ha ido acostumbrado la población civil, pues “la militarización implica el acostumbramiento de la gente a la presencia y al actuar de los militares. Sobre todo cuando los militares van tomando poder no solamente en su área de influencia, sino también a nivel social, y a nivel incluso económico, de muchas partes del mismo Estado”.

Este proceso, señala, ha ido bajando y subiendo de intensidad durante las últimas décadas, pero siempre ha sido continuo. Así lee la presencia y militarización de la Guardia Nacional. 

Es la continuidad del calderonato que sacó al Ejército de los cuarteles, de Peña Nieto que utilizó más al Ejército para ejecutar a los defensores de derechos humanos; y que, aunque actualmente se había frenado el uso de los militares para el control –sobre todo mediante el terror– de las personas; pues esta estrategia va a ser, o está siendo utilizada, y seguramente en el futuro será utilizada, para control social y control político de la disidencia social”.

Una cuestión de tiempo 

En un inicio, dice el activista, el comité Cerezo valoró que la creación de la Guardia Nacional era una política acertada; pues significaba “crear una policía, que, si bien iba a estar un poco militarizada, iba a estar subordinada a un civil e iba a seguir entrenándose como policía”. Y añade que, en sus registros, en un inicio, la Guardia Nacional no se vio involucrada en violaciones de derechos humanos contra defensores o activistas. Sin embargo, eso cambió recientemente.

El año pasado ya empieza a violar derechos humanos, y esto es porque tiene mayor presencia y está en más lugares; entonces empieza a ser partícipe en el seguimiento y hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos”. 

Un factor que explica su rápida descomposición, detalla, es la cercanía de sus estructuras con las formas militares y otros mandos en el territorio. Esto, precisa Cerezo, es lo que hizo que rápidamente la Guardia Nacional adquiriera los vicios del Ejército. 

Los militares tienen presencia en el territorio donde están los grupos narcotraficantes, y es claro que hay una aquiescencia por parte de los militares con ellos. Por lo tanto, no puede existir una fuerza civil fortalecida que pueda chocar con los intereses de los militares mismos. Son años de esta complicidad”.

Para Cerezo existe otro factor que puede motivar las intenciones del presidente López Obrador para darle un mando militar a la Guardia Nacional:

“Una cuota de poder que los militares han exigido, porque también han sido golpeados por las políticas no neoliberales de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de la sanción y el castigo a militares que han violado derechos humanos”.

¿Combatir la corrupción o asegurar la impunidad? 

La creación de comisiones especiales que buscan esclarecer la verdad y alcanzar la justicia en casos graves de violaciones a los derechos humanos del pasado ha caracterizado al gobierno de López Obrador. Estos espacios investigan los crímenes durante la Guerra Sucia y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En ambos casos las Fuerzas Armadas -junto a policías municipales, estatales y federales- han tenido responsabilidades concretas. 

También existe otra comisión, instruida por la Suprema Corte, que investiga el caso de la desaparición forzada de dos militantes del EPR en 2007. De igual forma, en este caso hay militares implicados. 

Francisco Cerezo no duda en que estos hechos sean un factor que debe considerarse en el análisis del fortalecimiento al Ejército mexicano. 

—¿Crees que el darle el mando sobre la Guardia Nacional es una especie de cuota que el presidente concede al Ejército?  

—Así es. Es una pelea que se tiene entre la fuerza militar y el mismo presidente, quien no la ha podido controlar; sobre todo porque las fuerzas armadas vienen de un proceso de violación masiva y generalizada de derechos humanos. En lo que tendrían que derivar estas comisiones es en que se juzgue a los que participaron en todas estas violaciones; pero no lo van a hacer, solo van a hacer algunos casos, casos emblemáticos, casos muy mediáticos, a cambio de tener más poder para mantener la impunidad de los militares que violan derechos humanos.

De igual forma, el argumento de incorruptibilidad le parece “muy débil y equivocado”. Desde su análisis, decir eso es olvidar la cadena de mando y el papel que juega el presidente como máximo jefe de las Fuerzas Armadas. 

Los militares obedecen a órdenes civiles de una estrategia nacional. Y si bien, como dice Andrés Manuel López Obrador, en el pasado los militares actuaron mal porque los mandató un civil a actuar mal, entonces nosotros decimos que, en cuanto termine Andrés Manuel, puede abrirse nuevamente la posibilidad de que otro civil les ordene utilizar toda su fuerza en contra del pueblo organizado, o no organizado, o descontento en México”.

El riesgo es latente, afirma. El papel de las Fuerzas Armadas (y las estrategias de seguridad) en el país ha sido uno, y muy claro: el control de la insurgencia y el descontento social.

Contrainsurgencia e intervencionismo

En la memoria histórica de México se anidan episodios tan oscuros como la Guerra Sucia, que en la segunda mitad del siglo XX da cuenta de la doctrina de seguridad interior en el país. Pero el activista pone el acento en el presente, o al menos en cómo se ha actualizado la guerra durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  

“No nos vayamos tan lejos, es con el inicio del calderonato y la iniciativa Mérida donde se comienzan a crear fuerzas especiales, contrainsurgentes, entrenadas y financiadas por los Estados Unidos; y es a través de la iniciativa Mérida como se inicia este nuevo proceso de militarización y contrainsurgencia en México”. 

La insurgencia que se desataba en aquellos años se focalizaba en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde históricamente ha habido una tradición de organización y consciencia política de izquierda. 

En México la insurgencia, como tal, no existe en los niveles como en Colombia (donde las FARC y otros grupos siguen sosteniendo una guerra contra el gobierno). Entonces pues el ejército no puede ser utilizado de manera general y sistemática en todos los territorios como una fuerza contrainsurgente. Más bien, se fortaleció la contrainsurgencia en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, y con Enrique Peña Nieto se alimentó esta política de paramilitarismo en Michoacán. También en su sexenio registramos el mayor número de ejecuciones extrajudiciales contra defensores de derechos humanos”. 

Para el defensor de derechos humanos la intervención norteamericana en las estrategias de seguridad nacional no se ha abandonado, pues afirma que, aunque formalmente México salió de este convenio, en general la iniciativa Mérida se sigue manteniendo en esencia. 

“De los pilares de la iniciativa Mérida que ya supuestamente no existen, lo que intentó los Estados Unidos, o lo que intenta, es modificar no solamente al ejército para que subordine a los intereses norteamericanos, sino también todas estas modificaciones a las leyes que, por ejemplo, siguen vigentes en los juicios orales, que devienen de la iniciativa Mérida, y también todo lo que se habla de justicia transicional”. 

Aunque, reflexivo, también matiza la intervención estadounidense durante este sexenio. 

“Andrés Manuel López Obrador está jugando un papel no de subordinación total y absoluta, sino un poco de chantaje con los Estados Unidos. Pues aAunque permite la explotación de los recursos naturales, también ha frenado que las empresas, mayormente norteamericanas, que son grandes empresas, sigan explotando en México. México está jugando un papel de contrapeso y no de subordinación absoluta como en el caso de Calderón, de Peña Nieto, o el caso de los presidentes que provienen del neoliberalismo”.

Continuidad, pero con otras formas

Cerezo precisa que la estrategia de seguridad interior sigue fundamentada en la visión de contrainsurgencia y control social. Ahí, explica Cerezo, la Guardia Nacional y la discusión sobre su pase a la Sedena cobra relevancia en el panorama político. 

“Con Andrés Manuel López Obrador la contrainsurgencia y el control social es mediante mecanismos no evidentemente militares, sino a través de los proyectos de apoyos sociales. No va a controlar socialmente con balas, sino con dinero; y con eso va a generar que este descontento social que siempre ha existido se disminuya”.

En este debate, así como en el panorama político que analiza el Comité Cerezo, fortalecer al Ejército con más efectivos a su cargo es parte de la continuidad de las políticas de seguridad anteriores.  

“Si la Guardia Nacional pasa a ser totalmente del Ejército mexicano pues evidentemente esto va dentro de la lógica militar. Entonces, lo que decimos es que esta acción apuntala la militarización que, aunque ahorita no se utilice como con Calderón y Peña Nieto, da pie a que los próximos presidentes puedan utilizar a la Guardia Nacional como un brazo del Ejército para el control social mediante el terror; o para la contrainsurgencia; o para el control político de la disidencia social o de los defensores de derechos humanos”.

—Entonces, ¿crees que esté todo perdido?, ¿o habrá algo rescatable en esta decisión?

—Bueno, no es que todo esté perdido, pero lo que pensamos es que, efectivamente, va a utilizar a la Guardia Nacional y al Ejército para todos aquellos que, con todo y los apoyos, no se detengan o persistan en ejercer el derecho humano a la protesta. Se va a tratar de controlar de manera social a toda esta parte de la población que no está convencida, o que independientemente de recibir los apoyos sociales, siga en descontento, sobre todo por la crisis económica.