Hay una historia de militarización en pueblo indígenas en resistencia contra megaproyectos nacionales que adquiere particularidades en este sexenio

Twitter: @Dal_air

La mirada de quienes cargan la manta es profunda. Avanzan en una nutrida marcha. El mensaje es claro: “Contra la militarización del país”. “Otro mundo es posible”. “Alto a la guerra capitalista y patriarcal hacia el pueblo de México, los pueblos indígenas y los pueblos zapatistas”. 

Es 12 de octubre. La convocatoria para el día de la resistencia indígena es contra la militarización. Hay un reflujo a ras de tierra ante la legalización de la Guardia Nacional a cargo de la seguridad pública bajo el mando de la Sedena, de ahí viene la exigencia de los pueblos indígenas, que además tienen memoria y aprovechan la marcha para denunciar lo que sucede con la militarización y lo que han vivido en sus comunidades con el ejercito.

Sobresale Marichuy con la manta en la mano, es vocera e integrante nahua del Congreso Nacional Indígena. También marchan delegados del sureste, una de las regiones donde el CNI tiene diagnosticado un problema creciente con el incremento de elementos del ejercito que llevan a cabo megaproyectos articulados como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. 

La presencia del ejército y la militarización en pueblos indígenas no son algo nuevo en la historia del Estado Mexicano. Hay regiones donde está normalizada su presencia tanto como seguridad, tanto en la vida cotidiana de los pueblos.

Así, vemos al ejército construyendo aeropuertos o trenes, mientras capacitan a otros cuantos para que sean elementos de la Guardia Nacional (GN) y para eso construyen cuarteles por doquier, sin consultar habitantes en ciudades y pueblos.

La militarización en México, de acuerdo con la ONU-DH, se entiende como “el despliegue de las Fuerzas Armadas en las ciudades y áreas rurales para ejercer funciones de seguridad pública y “combate” a la delincuencia organizada, así como a otras situaciones que consideran una amenaza”. 

“La vigencia de un paradigma militar en la seguridad pública, que puede incluir, además del empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana: la designación de militares en activo, con licencia o en retiro en puestos públicos relacionados con la seguridad, migración, centros penitenciarios, procuración de justicia y otras actividades civiles; la emulación de prácticas de índole militar al interior de las corporaciones catalogadas como civiles, el debilitamiento de la participación de autoridades civiles y la ciudadanía en temas de seguridad; la prioridad del uso de la fuerza en situaciones de seguridad frente a alternativas de más largo plazo”, aseguró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH. 

Lo que vemos en México ahora es una expresión más de la militarización creciente que ya había ocupado labores de seguridad pública, ahora toma labores de construcción y resguardo de los principales proyectos sexenales, transexenales y geopolíticamente hablando, anclados a intereses comerciales internacionales y en la lógica del petróleo. Sin olvidar que la GN se dedica también a labores para contener la migración. 

La expansión de las labores del ejército en sectores de la economía y el supuesto desarrollo me hacen pensar que en hay países donde son hasta dueños de empresas. Muy poderosos.

Desapariciones y delincuencia organizada en tierra maya

Ángel Sulub participa en la marcha contra la militarización. Cuenta en entrevista cómo a pesar de que en 1901 se decretó el fin la guerra contra los mayas rebeldes de Chan Santa Cruz (Noj Kaj Santa Cruz Xbáalam Naj), donde participó su bisabuelo, la historia oral con los abuelos cuenta que nunca vieron el fin de esa guerra. Un batallón permaneció a vigilar que no se levantaran de nuevo por su gobierno autónomo. 

“Hay que recordar que los abuelos y las abuelas no se consideraban mexicanos, sino que consideraban a México como invasor que estaba llegando para despojarles de su territorio. Los abuelos y las abuelas vivieron en libertad”, afirma Ángel.

En la charla rememora que fueron los mayas que vivieron la libertad, y no la esclavitud como en las haciendas henequeneras, quienes se levantaron por su autonomía. El trazo del proyecto Tren Maya pasa por esas tierras que cuidaron sus ancestros, ahora nombrada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. 

“La defensa de la libertad es simbólicamente en contra de los de los ejércitos. Estos ejércitos invasores, esos ejércitos que llegaban para despojar. Cuando el Ejército Mexicano entra a esta comunidad. Toma este pueblo, que era un pueblo sagrado, que conservaba toda la esencia del pueblo maya, su espiritualidad, todas sus prácticas, pues ancestrales, eh? Entra y toma esta comunidad bajo el mando de general Ignacio A. Bravo, bajo el mando de Porfirio Díaz. Entonces empieza a vivir una situación muy grave con la que la presencia y control militar y se vive una etapa muy muy cruel, una etapa muy grave de genocidio de nuestro pueblo. Inician las cacerías de los pueblos mayas”.

Asegura que este genocidio no fue por causas raciales sino por ideales políticos, lo cual lo vuelve en su particularidad, y con el llegó una etapa del olvido y borrar de la memoria los abusos de ejército. Por ello prepara un documento con el Centro U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, ya que lo más reciente que han vivido es el incremento de la militarización para construir el tren y los proyectos industriales, turísticos y de urbanización que lo acompañan. 

Ahora ven patrullar a cada rato los vehículos tanto del ejército como de la Guardia Nacional, cuestión de un año que se les ve diario. “Es parte del paisaje”. Con la presencia de los elementos castrenses, llegaron también las desapariciones, los descuartizados, los asesinatos, las ejecuciones, el incremento y visibilidad de actividades delictivas. Todo esto es nuevo para los habitantes mayas de Carrillo Puerto.

“Vemos que ha funcionado mucho este despojo de la memoria, porque cuando miramos como se ha incrementado en este momento la presencia militar en las playas, en los espacios públicos en las comunidades, como están presentes los militares incluso en actividades donde hay infancias,  armados participando en brigadas de apoyo a las escuelas para pintar  o para cortar pelo.  En diferentes de diferentes maneras se está haciendo muy presente, sabemos que es una estrategia para para meter al ejército hasta las comunidades”.

Y Ángel sabe que se pondrá peor, como lo vieron con sus antepasados. Da cuenta de su diagnóstico comunitario:

“Muy fuerte, que con el incremento también del ejército de la Guardia Nacional, de los militares en en el territorio, pues lo que estamos viendo también es el incremento de la de la criminalidad de la inseguridad y del miedo”, lo dice con cierta incertidumbre y tristeza por lo que están viviendo.

Carlos González, abogado agrario e integrante del CNI, advierte que “La militarización en los pueblos es creciente, por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón sin embargo, la situación peculiar que vemos hoy que es la medida en que se de agudiza en los procesos de despojo y de destrucción de los territorios de los pueblos originarios, junto con la  expansión territorial y de influencia económica y política de los carteles criminales, va de la mano la militarización. Vemos este incremento en los procesos de despojo a partir de megaproyectos de infraestructura muy específicos como son el Tren Maya, el corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. Y pretenden reordenar territorios, fronteras y poblaciones en la lógica geopolítica del gobierno de Estados Unidos. Se ha dado más impulso a la explotación minera junto con una política de hidrocarburos agresivas”.

Con esperanza y memoria vivas, Ángel participa en el Centro U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, junto con sus integrantes, realizan actividades para fortalecer las raíces mayas que les vinculan al territorio, así el amor por el territorio, por resguardar la sabiduría de las abuelas, de los abuelos, el valor de ser maya y por el cuidado de la tierra, para que “la defensa del territorio, la protección de al tierra, pues llegue solita”. 

“Siempre habrá esperanza. Es cierto que el panorama que tenemos enfrente es muy duro y que pues que sabemos qué es lo que vendrá, va a ser va a ser cada vez peor para los territorios. Pero está la esperanza de que en las luchas, las resistencias, los esfuerzos solidarios, los esfuerzos comunitarios, también crezcan. En nuestro cuerpo, en nuestra memoria, desde nuestras familias de tal manera que eh, la defensa del territorio, la protección del territorio, pues llegue solita”, asegura Ángel. 

Para Carlos González hay una continuidad de las políticas macroeconómicas neoliberales, como el libre comercio que intensificaron con el T-Mec o la política de alza de tasas de interés financieras para la especulación. 

Da cuenta del diagnóstico que realizó el CNI en septiembre, con pueblos de más de 20 estados, en el marco de su más reciente reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento: 

“La Guardia Nacional es una es una guardia que no es civil. Que desde un principio estuvo integrada fundamentalmente por militares y dirigida en todo momento por militares. Ya con las reformas que se aprobaron, estamos hablando de militarización o de crecimiento de la militarización. La Guardia Nacional va prácticamente a todos los municipios del país, pretenden establecer un cuartel una base de operaciones y eso está impactando sobre todo en comunidades indígenas.”

Esto sucede en pueblos indígenas del CNI pero también en muchos que no se organizan en esta red pero que tienen un historial de resistencia y lucha por la tierra, como es la Tribu Yaqui. Justo los tres municipios donde habitan están catalogados de los más violentos de México: Guaymas, Empalme y Obregón, de acuerdo con el la información de la Secretaría de Seguridad Pública. Solo Vicam estación y Loma de Bacum, dos pueblos yaquis participan en esta red. Pero quienes denuncian esta vez son de Huirivis, uno de los más lejanos.

Flavio Buitimea es el nombre que elige por cuestiones de seguridad. Flavio recuerda que antes ni policías ni militares entraban a su territorio, pero desde que entró el Plan de Justicia ha visto cómo la Guardia Nacional entra y patrulla por las calles principales y, en su pueblo, hasta han entrado a casas de particulares con supuestos operativos que dejaron asustada a la población. No se borra de su memoria que fue el ejercito quien los esclavizó y llevó a las haciendas henequeneras del sureste a trabajar. No olvidan que el ejército bombardeó su territorio, también ordenado por Porfirio Díaz. “Los pelones” les decían. 

“El crecimiento de la violencia que producen los cárteles funciona como pretexto para militarizar, pero no está sirviendo a la militarización para frenar esta violencia. Donde hay presencia militar, hay violencia, hay asesinatos, hay desapariciones, hay toda clase de crímenes. No está sirviendo”, asegura Carlos. 

“Analizando este proceso con el CNI, de militarización y de paramilitarización, de de guerra hacia las comunidades, de crecimiento en los procesos del despojo, de crecimiento exponencial de la drogadicción y el alcoholismo en las comunidades y pueblos originarios, nos preocupa en todo el país”. 

Carlos ve que hay una intención clara de movilizar a la Guardia Nacional y militares para frenar la migración y para proteger estos megaproyectos, y por el otro lado cercar a pueblos y comunidades organizadas como las zapatistas.

Hay pueblos como Milpa Alta, San Nicolás Totolapan, Ostula, que por decisión de asamblea, llevando a cabo sus derecho a la libre determinación, negaron la entrada de cuarteles o bases de la GN. Los frenaron. 

Carlos González recuerda que el marco constitucional y convencional señala limitantes a la presencia de militares en territorios indígenas:

“El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas señala que la presencia de militares el territorio es indígenas únicamente pueden ser acordado mediante consultas las comunidades afectadas y no lo están haciendo. Están pasando por encima de la decisión de las comunidades y si no se establecen es porque hay una oposición y un rechazo determinante de las comunidades”. 

Con este ejemplo, aún queda esperanza para el cuidado de los pueblos frente a la militarización.