El petróleo venezolano es la llave de su soberanía, asediada los Estados Unidos en una estrategia que combina guerra legal, militar y económica. Desde el sabotaje a PDVSA y el robo de Citgo hasta la piratería en el Caribe bajo la doctrina Trump, la resistencia obrera y nacional es un frente inseparable en esta batalla por los recursos
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO. – El asalto de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos en el Caribe, que la administración de Donald Trup justificó con el eufemismo de incautación, no es un incidente aislado. Representa el último eslabón de una larga cadena de agresiones que buscan estrangular la economía venezolana. La ofensiva multidimensional va de sanciones financieras y un bloqueo judicial para despojar a Venezuela de su filial Citgo, a una renovada estrategia de seguridad estadounidense que declara abiertamente su derecho a intervenir en el hemisferio.
El petróleo, como principal fuente de recursos de Venezuela, ha sido históricamente el epicentro de esta confrontación. La batalla se ha librado en múltiples frentes: desde el sabotaje informático contra PDVSA en 2002 y la guerra legal impulsada por corporaciones como ExxonMobil, hasta la disputa territorial en el Esequibo y la actual presión militar. Cada uno de estos episodios revela una faceta distinta de una misma estrategia de injerencia, ahora codificada en la doctrina de seguridad de Donald Trump, que busca recolonizar los recursos energéticos del país.
Esta es la crónica de cómo el crudo venezolano dejó de ser una simple mercancía para convertirse en el campo de batalla donde se decide la soberanía de una nación. Una guerra en la que los misiles son sentencias judiciales, los comandos son fondos buitre y la primera línea de defensa es, hoy como ayer, la resistencia de su pueblo.
La guerra híbrida
La acción militar contra el buque petrolero y las sanciones simultáneas se enmarcan dentro de una compleja y explícita estrategia que combina diversos elementos, a menudo descritos como una guerra híbrida, dirigida a socavar la soberanía venezolana.
Esta estrategia ha sido codificada en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional publicado este diciembre de 2025. En él, la administración Trump declara su intención de «afirmar y aplicar un ‘corolario Trump’ a la Doctrina Monroe». Este corolario modernizado define los objetivos hemisféricos de Washington con una claridad sin precedentes:
«Queremos asegurarnos de que el hemisferio occidental siga siendo lo suficientemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar las migraciones masivas hacia Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que siga estando a salvo de incursiones extranjeras hostiles o del control de activos clave […]».
El objetivo fundamental de esta estrategia, según analistas, es la «recolonización de los recursos energéticos» de América Latina, que se expresan en el saqueo.
En Venezuela, este saqueo adopta múltiples formas: desde la guerra legal y económica de corporaciones como ExxonMobil, hasta el despojo judicial directo de activos. El caso de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, es el paradigma de este mecanismo. Una «arquitectura jurídica» fabricada desde 2019, cuando Washington reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó, permitió que tribunales federales consideraran a Citgo como un «alter ego» del Estado venezolano, allanando el camino para su subasta.
En diciembre de 2024, el juez Leonard Stark autorizó la venta de las acciones de PDV Holding (matriz de Citgo) al fondo de inversión Elliott Investment Management por 5 mil 900 millones de dólares, en lo que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció como «la expresión más grotesca del lawfare energético contra Venezuela» y «un robo en fase terminal».
ExxonMobil ha desempeñado un papel protagónico y de larga data. La petrolera estadounidense, cuyos orígenes en Venezuela se remontan a 1921, inició una guerra prolongada contra el país tras la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de migrar, en 2006, los convenios operativos de las empresas extranjeras a empresas mixtas donde PDVSA tuviera al menos el 51% de las acciones.
ExxonMobil era presidida entonces por Rex Tillerson (quien luego sería secretario de Estado de Trump). La empresa se negó a acatar la ley venezolana y optó por retirarse, pero antes de hacerlo lanzó una ofensiva legal transnacional para cobrar venganza en forma de dólares.
La nueva doctrina estadounidense, que combina elementos de presión arancelaria, chantajes en la cooperación bilateral, asesinatos extrajudiciales, campañas de bombardeo, y ahora, la piratería internacional, busca evitar que potencias rivales o hostiles a Washington, como China, incrementen su influencia en la región. La incautación del buque y las sanciones a navieras como «Myra Marine Limited» o «Arctic Voyager Incorporated», acusadas de usar «prácticas engañosas» para transportar crudo venezolano, son la aplicación directa de este corolario, buscando estrangular financieramente al gobierno de Maduro bajo la acusación de «narco-terrorismo».
La Casa Blanca ha adoptado un «enfoque nuevo» que busca ejercer contención diplomática y geopolítica, y que incluso encomienda a su Consejo de Seguridad Nacional la tarea de mapear los recursos naturales de la región.
En este contexto, figuran actores políticos internos que facilitan la injerencia. Líderes opositores, como María Corina Machado, han ofrecido públicamente los vastos recursos del país —que incluyen petróleo, gas, minerales, tierra y tecnología— a la inversión de compañías estadounidenses.
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En el caso Citgo, este papel fue desempeñado por la presidencia espuria -pero reconocida por Estados Unidos y otros países poderosos- de Juan Guaidó y las juntas directivas ad hoc que nombró, las cuales, según análisis, «no defendieron a Citgo, la ofrecieron». Bajo esta administración ilegítima, la deuda reconocida de Citgo se multiplicó de 3 mil 400 a más de 23 mil 600 millones de dólares, creando las condiciones de «quiebra» que justificaron la subasta a los fondos buitre.
La estrategia actual se caracteriza por una combinación de «todas las formas de lucha» por parte del imperio, incluyendo la vía electoral, el condicionamiento de la democracia, y el recurso constante al golpe de Estado (ya sea duro, blando o de nuevo tipo).
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Este repliegue hemisférico, que busca convertir a América Latina en un polo de poder controlado por Estados Unidos, se articula ahora como una política de Estado formal. El documento estratégico de Trump deja claro que esta prioridad obedece a una necesidad de Washington para asegurar sus reservas de activos y recursos, mantener cadenas de suministro esenciales y, en última instancia, prepararse para una confrontación mayor con China en el Indopacífico, para lo cual requiere un «patio trasero» completamente sometido.
El petróleo en el centro
El petróleo es, sin duda, el epicentro del conflicto, siendo la principal fuente de recursos del gobierno de Maduro». La dependencia de Venezuela de sus sistemas energéticos hace que la industria petrolera, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), sea un blanco constante de agresión. Esta centralidad explica la ferocidad de la batalla legal y económica emprendida por actores como ExxonMobil, quien en diciembre de 2007 logró, mediante un procedimiento judicial secreto en Nueva York, el congelamiento de 300 millones de dólares de PDVSA, activos que por ley pertenecían a Venezuela.
Este fue solo el primer paso de un litigio internacional que duraría años. La misma lógica, pero a una escala monumental, se aplica al despojo de Citgo, el activo más valioso de PDVSA en el exterior. Su pérdida no es solo financiera, sino un golpe estratégico a la infraestructura internacional de la industria petrolera nacional. Las nuevas sanciones del Tesoro del 11 de diciembre de 2025 recuerdan que PDVSA fue bloqueada por orden ejecutiva de Trump en agosto de 2019 con la Orden Ejecutiva 13884, y ahora buscan cerrar cualquier grieta por donde escape el crudo, atacando a las compañías navieras que lo transportan hacia Asia.
La historia del sabotaje informático de 2002
Los componentes computarizados de PDVSA son conocidos como el «cerebro de PDVSA». Este «monstruo electrónico» abarca programas medulares, datos industriales y administrativos, equipos de control, y redes electrónicas interrelacionadas que facilitan el flujo de información y las operaciones. El funcionamiento de la corporación depende «casi por completo de sistemas automatizados», lo que los hace vulnerables a ataques que buscan provocar descalabros económicos y sociales.
La importancia estratégica del petróleo venezolano se hizo trágicamente evidente en diciembre de 2002, cuando se intentó un golpe de Estado centrado en la paralización total de PDVSA mediante el sabotaje de sus sistemas de automatización, informática y telecomunicaciones. Este ataque, que inutilizó sistemas y ocasionó pérdidas millonarias, buscaba colapsar la cadena de valor y generar conflictos sociales por la escasez de combustible.
El ataque no fue improvisado. En la segunda mitad de la década de 1990, la gestión de los sistemas de información de PDVSA fue entregada a la empresa Intesa, una compañía constituida en un 40% por PDVSA y un 60% por SAIC, una empresa vinculada al gobierno norteamericano y con intereses en el control de las fuentes energéticas mundiales. Intesa llegó a poseer el «control total» y el «dominio absoluto» de toda la red y los sistemas computacionales de la petrolera.
El sabotaje de 2002 se gestó de manera secuencial mediante el uso de accesos remotos a los sistemas de la corporación y el secuestro de claves y equipos. El objetivo era desabastecer el mercado interno y paralizar la exportación de crudo para desestabilizar socialmente al país y generar el ambiente propicio para un golpe de Estado.
El esfuerzo para recuperar los servidores, muchos de los cuales seguían en poder de Intesa, fue organizado desde una sala situacional en medio de grandes esfuerzos y presiones. La toma física de los centros de datos, como el de los estados de Chuao y Chaguaramas, y la posterior recuperación de los servidores fue un proceso arduo. Cientos de trabajadores de la nómina contractual, junto con la Fuerza Armada, universidades, jubilados y voluntarios, permitieron la reactivación de las distintas funciones y negocios. La recuperación del «cerebro de PDVSA» fue crucial para que la nación pudiera recuperar su «soberanía tecnológica» y demostrar la capacidad de respuesta y competencia frente a un sabotaje planificado.
ExxonMobil: de la batalla legal a la agresión en el Esequibo
La ofensiva contra la soberanía venezolana no se limitó al ámbito judicial o cibernético, sino que se expandió al terreno territorial. En 2015, ExxonMobil, en alianza con el gobierno de Guyana, inició operaciones de exploración petrolera en el «Bloque Stabroek», ubicado en aguas de la Zona en Reclamación del Esequibo, un territorio sujeto a una controversia de soberanía heredada del colonialismo. Este movimiento, calificado por Venezuela como un «latrocinio», fue el primer gran descubrimiento de crudo en la zona y transformó por completo la dinámica del conflicto territorial, internacionalizando la disputa y alineando los intereses de Guyana con los de la corporación estadounidense.
El contrato firmado en secreto en 2016 otorgó a ExxonMobil condiciones excepcionalmente ventajosas, con una tasa de regalías de solo el 2% para Guyana, lo que según un reporte de Global Witness le habría hecho perder al país 55 mil millones de dólares para 2020. Esta entrada ilegal contó con el aval político de Washington, ya que en marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, que sentó las bases legales para las sanciones económicas contra Venezuela. De esta forma, la guerra jurídica y económica de ExxonMobil se fusionó con la estrategia geopolítica de Estados Unidos, utilizando la disputa territorial como palanca de presión adicional.
El caso Citgo establece un precedente paralelo y aún más directo: demuestra cómo, mediante ficciones jurídicas, Washington puede redefinir la soberanía de otros Estados desde sus propios tribunales y transferir activos estratégicos a corporaciones y fondos buitre, creando un manual de despojo aplicable hemisféricamente.
La clase obrera petrolera y la defensa de la Revolución
El éxito de la recuperación de PDVSA tras el sabotaje de 2002 y la resistencia ante el posterior bloqueo económico se fundamentan en la lealtad y el esfuerzo de la clase trabajadora, que ve en el gobierno de Nicolás Maduro y en la Revolución Bolivariana su proyecto.
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro se distingue como un líder que ha estado presente desde que Hugo Chávez impulsó el proceso constituyente en 1999. Chávez instruyó a un diputado que antes fue camionero, para que condujera el diálogo con los trabajadores. Ese diputado era Nicolás Maduro.
Tras el intento de golpe de Estado de 2002, el entonces presidente Chávez ordenó la consolidación de una Central de Trabajadores como contrapeso a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) afín a la oposición; de nuevo, el encargado de encauzar este proceso fue Nicolás Maduro.
En 2009, se realizaron elecciones en el sector petrolero, el pilar económico del país. Trabajadores que estaban con la Revolución ganaron la mayoría de las bases, haciéndose de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Posteriormente, Chávez encargó al entonces Canciller, Nicolás Maduro, la creación de la nueva Ley Orgánica de Trabajadores, un proceso que incluyó una consulta popular con casi 21 mil propuestas.
Este proceso de consolidación permitió que, durante el gobierno de Chávez, se alcanzaran «uno de los mejores salarios de Latinoamérica», en el marco de la política de Estado de Bienestar.
Tras la muerte de Chávez y Frente al recrudecimiento de las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos, los trabajadores se mantuvieron firmes. Wills Rangel, presidente de la Federación petrolera, contó a Pie de Página en 2024 que Maduro y la clase trabajadora consciente, lograron «soportar todo este ataque a la producción bolivariana por parte del imperio y de sus lacayos criollos».
A pesar de que el bloqueo económico en 2017 llevó a una crisis económica profunda, afectando la vida diaria y provocando que la oposición bloqueara el financiamiento a PDVSA y la importación de repuestos para refinerías, los trabajadores petroleros aceptaron reducir sus salarios por debajo del mínimo y recortar prestaciones. Esta concesión se dio en apoyo a la economía nacional, con la convicción de que el Estado de Bienestar establece un salario que garantice una buena vida siempre que las condiciones económicas lo permitan.
Sin embargo, aunque la dirigencia petrolera continúa apoyando a Maduro, hay también una clara demanda hacia el líder de que mire hacia la clase trabajadora que «siempre lo ha sostenido, y que no mire a otros lados». Sectores críticos al gobierno –que no se agrupan en la oposición de derechas liderada por María Corina Machado – señalan que el Estado no abordó de manera efectiva la corrupción dentro de PDVSA, donde cuatro de sus últimos directores han sido acusados de desviar millones de dólares, lo cual representa una contradicción interna que debe resolverse para la continuidad del proyecto.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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